Cuenta atrás para los vecinos de tres fincas ocupadas de propiedad municipal que están pendientes de desalojo en el barrio de Vallcarca. La semana pasada, los ocupantes de dos edificios de la avenida Vallcarca y de un antiguo taller mecánico de la calle Farigola comenzaron a recibir las notificaciones de desalojo, tal como informó el TOT Barcelona, y ahora esperan con incertidumbre y temor que llegue el momento de abandonar su hogar. Uno de los afectados es Iru Moner, que está separado y lleva cinco años viviendo con sus tres hijos en uno de los pisos. Reconoce que la situación lo ha sobrepasado y que no sabe qué hará si finalmente se ejecuta el desalojo porque no tiene ninguna alternativa. “No me voy por indignación, pero también porque con mi sueldo no encuentro nada que pueda pagar”, lamenta en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN).
Moner, que acaba de recibir un informe de Servicios Sociales que acredita su vulnerabilidad, insiste en que no tiene a dónde ir y que con su sueldo de electricista autónomo no puede permitirse ninguno de los pisos que se alquilan en el barrio. “Tengo un presupuesto de 800 euros al mes y con eso no me alcanza para pagar un piso con dos habitaciones para los niños y para mí”, comenta. “Me siento fatal porque no puedo garantizar una vivienda a mis hijos”, añade. El vecino asegura que la decisión de quedarse en su casa también está motivada por la “indignación” de ver cómo el Ayuntamiento quiere desalojar y derribar un edificio “donde se puede vivir”, y más cuando la ciudad vive la peor crisis de vivienda de su historia. Moner acusa al Ayuntamiento de “falta de humanidad” y denuncia que Servicios Sociales nunca se ha puesto en contacto con él, sino que ha tenido que ser él mismo quien se ha movido para que revisaran su caso.
El Ayuntamiento acelera los desalojos en Vallcarca
Tras años con el barrio a medio rehacer y lleno de solares vacíos esperando ser edificados, el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto las pilas para intentar dar un impulso al barrio. Hace unas semanas, el consistorio anunció la reanudación del proyecto de la polémica rambla verde con el anuncio de las cuatro expropiaciones pendientes entre las calles de Ballester y Agramunt. Unas semanas más tarde, también se reactivó el desalojo del asentamiento de barracas cerca del viaducto —ejecutado con celeridad por la Guardia Urbana tras un incendio con una persona herida— y de las tres fincas municipales que ya tienen una orden de desalojo vigente. Fuentes municipales reconocen que los vecinos aún pueden recurrir y, por tanto, los expedientes pueden tardar meses en resolverse. Las fincas afectadas, en los números 83 y 87 bis de la avenida Vallcarca y en el número 3 de la calle Farigola, se expropiaron en 2015 como parte del proceso de reforma del barrio, pero después de estar cuatro años vacías, en 2019 el Sindicato de Vivienda de Vallcarca entró para ceder los pisos a familias vulnerables del barrio.
El Ayuntamiento quiere acabar con todas las ocupaciones de solares y pisos públicos de la zona para poder avanzar en el plan de transformación del barrio, que incluye construir más de 400 viviendas entre promociones públicas y privadas y la creación del Parque Central de Vallcarca. El consistorio justifica los desalojos por el “riesgo” en la seguridad de los ocupantes y por la situación de infravivienda en la que viven muchas familias, un enfoque que vecinos y entidades como Som Barri rechazan. “Mi casa no es una infravivienda, de hecho creo que es la mejor casa en la que jamás podré vivir”, lamenta Moner. El vecino asegura que los técnicos que han inspeccionado las fincas solo han detectado situaciones de infravivienda en los bajos y en el antiguo taller de la calle Farigola. “Los habitantes de los pisos nos encontramos en una situación de indefensión jurídica total”.
Desde Som Barri también critican las prisas del Ayuntamiento por derribar dos edificios, los de la avenida Vallcarca, donde se ha de hacer un equipamiento aún por definir y que pasarán años antes de que se ponga una piedra porque es necesario expropiar otras fincas afectadas. “No está claro qué equipamiento quieren poner y, en todo caso, a pesar de recuperar estas viviendas y derribarlas, aún faltará expropiar dos fincas más que forman parte del mismo ámbito, o sea que nos encontraríamos con fincas o solares vacíos”, explica Aran Llivina, portavoz de la entidad.
