Elsie tiene dos puntales en medio del salón. También en el recibidor, la cocina, las habitaciones y la salita. Su casa está completamente apuntalada desde que el Ayuntamiento de Barcelona advirtió al propietario del edificio del número 24 de la calle del Tigre, en el Raval, que debía tomar medidas para mantener en buen estado el inmueble y evitar hundimientos. «Hace cinco años que vivimos en este piso y hace dos o tres meses que estamos así», explicaba este miércoles esta madre de un pequeño de 5 años, solo unos instantes antes de que los Mossos d’Esquadra desalojaran a su familia. A pesar de tener contrato vigente y estar al corriente de pago, la propiedad solicitó medidas cautelares para desalojarlos junto con seis inquilinos más alegando riesgo estructural y que los domicilios eran inhabitables. Los inquilinos eran conscientes de que los pisos necesitan una reforma urgente, pero no querían marcharse sin tener una alternativa ni garantías de que después podrían volver a sus hogares, tal como marca la ley. Estas condiciones mínimas no se dieron y, por eso, decidieron de manera conjunta quedarse en los pisos.
La negativa de los afectados a abandonar las viviendas sin garantías se entendió como un motivo de ruptura de contrato por parte de la propiedad, que alega que sí que les ofreció un piso alternativo. Entonces, los denunció y se inició el proceso culminado ahora con el desalojo. Anticipándose al posible desenlace, Elsie había llevado muchas de sus cosas a un trastero desde hace unos días. El desalojo de este miércoles, sin embargo, ha sido un shock. «No sé qué haremos… Supongo que iremos a un hostal o una pensión hasta que encontremos algo», lamentaba. Carina es otra de las vecinas que ha acabado en la calle a pesar de tener aún unos años de contrato y llevar más de dos décadas en el edificio. «Es muy duro e injusto que nos traten así. Solo somos gente trabajadora que pagamos el alquiler», conseguía decir entre lágrimas tras ser apartada de la puerta de su casa por los antidisturbios de los Mossos. El de este miércoles era el segundo intento de desalojo en dos semanas de estas siete familias. La primera fecha fue el pasado 23 de diciembre y, a pesar de que se avisó con menos de 24 horas de antelación, se pudo detener gracias a la presión ciudadana bajo la convocatoria del Sindicato Vivienda Socialista de Catalunya y el Sindicato de Vivienda del Raval.
Después de tener que detener el primer intento, el Juzgado de Instrucción número 22 -que lleva el caso de estas siete familias- volvió a programar el lanzamiento para el primer día hábil en los tribunales después de las vacaciones de Navidad. Así pues, la comitiva acudía pocos minutos antes de las nueve de la mañana de este 7 de enero a esta calle del Raval para efectuar el desalojo. Los esperaban cerca de medio centenar de personas que desde primera hora se habían concentrado en las puertas del bloque para intentar evitarlo. Apoyando a sus vecinos estaba Mireia, otra de las inquilinas del edificio. Su caso fue a parar al Juzgado de Instrucción número 56, que en vez de ordenar su desalojo determinó que podía continuar viviendo en su piso. El magistrado basó su decisión -que aún no es firme- en un informe de los Bomberos de Barcelona, que concluye que, a pesar de los puntales, no hay peligro de derrumbe inminente del inmueble. Lo mismo ocurrió con Montse, la otra de las inquilinas que también fue a parar a este juzgado. Participando de la concentración había este miércoles una tercera vecina que tiene más de 90 años y un contrato de renta antigua, muy difícil de rescindir. Ella tampoco ha sido forzada a abandonar su casa. ¿Cómo es posible que los domicilios de Elsie y Carina no sean habitables, pero que los de otros inquilinos del edificio sí lo sean? ¿Hay unos pisos que se derrumban y otros que no en un mismo bloque? Este es el galimatías jurídico que ni los afectados, ni los sindicatos, ni la misma Ciudad de la Justicia se acaban de explicar.
¿Un edificio habitable solo para algunos vecinos?
El origen del mal de estos vecinos lo encontramos en la muerte de la antigua propietaria del edificio, en mayo de 2025. Tanto este inmueble como otro cercano pasaron a manos de los descendientes, que pusieron a un miembro de la familia como administrador. Es aquí cuando, en cumplimiento del requerimiento municipal, se iniciaron una serie de obras en los pisos que -según denuncian los afectados- no tenían la licencia correspondiente. «Querían poner los puntales sin tener permiso», afirma Carina. La intención de la propiedad era vaciar el bloque para hacer una reforma a fondo. Inicialmente, se pretendía realojar a los inquilinos en las viviendas vacías, opción que se acabó descartando. A principios de octubre, los inquilinos recibieron una notificación informándoles que debían dejar los domicilios antes del 1 de enero de 2026 por este riesgo estructural alegado. La posición de la propiedad se basaba en un informe de arquitectura privado que determinaba este peligro de derrumbe. Ante esta presión, varias familias optaron por abandonar sus domicilios y buscar alternativas. Las que se quedaron esperando un realojamiento con garantías son las que acabaron denunciadas.
El caso de Mireia y Montse fue a parar al Juzgado de Instrucción número 56 y los otros siete, al número 22. El magistrado del primer juzgado sí que tuvo en cuenta el informe de los Bomberos sobre el bloque, mientras que el del segundo siguió adelante con el estudio encargado por la propiedad y desestimó el del cuerpo de emergencias. Esto explica el desenlace de unos y otros, pero no aclara por qué no se han puesto de acuerdo ambos tribunales. El resultado es este absurdo: el inmueble es habitable para unos vecinos y no para el resto. «El edificio está muy mal, nunca se ha hecho una reforma integral y estamos apuntalados. Eso no lo negamos, pero necesitamos explicaciones», señala Mireia. Esta mujer -que lleva 19 años residiendo allí y tiene un hijo menor- lamenta que a sus vecinos no se les haya dado ni una alternativa real ni tiempo para poder encontrar otro alojamiento. Ni siquiera han podido presentar ningún tipo de recurso para intentar detener el proceso porque los juzgados no recuperaban la actividad hasta este miércoles por la mañana. A esta situación de indefensión se le suma la angustia que arrastran las familias desde el pasado 23 de diciembre. «Cuando me dijeron que se detenía el primer intento, solo pensé que al menos pasaríamos Navidad en casa…«, confesaba emocionada este martes Carina, que también tiene una hija menor. A menos de 24 horas del desalojo, la mujer aún tenía esperanzas de poder revertir la situación. «No sabemos a dónde ir porque no hay pisos. Pedimos un poco de tiempo para encontrar algo. No queremos ningún lujo, solo un techo«, apuntaba.
Posible demanda y cuatro familias en servicios sociales
Desde los sindicatos remarcan que el desalojo de este miércoles ha sido una medida cautelar y que, si finalmente se determina que no hay riesgo estructural, los vecinos deberían poder volver a sus domicilios. Además, puntualizan que el propietario no conseguirá una licencia de obras mayores si no presenta un plan de realojamiento y recuerdan que él debería hacerse cargo de la reubicación de los afectados, tal como marca la ley. Tanto si no lo hace como si finalmente los jueces dan la razón a los inquilinos, se reservan la opción de presentar una demanda al respecto.
Fuentes municipales consultadas por TOT Barcelona indican que el Servicio Municipal de Intervención y Mediación en situaciones de pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) está haciendo seguimiento de la situación de las siete familias, cuatro de las cuales han sido derivadas al centro de servicios sociales para encontrar un alojamiento temporal. Las mismas voces subrayan que se enteraron del caso un día antes del primer intento de desalojo y que se intentó llegar a un acuerdo para suspender el lanzamiento, sin éxito. El juzgado tiene desde el 23 de diciembre una copia del informe de los Bomberos que indica que «se necesitan medidas de reacondicionamiento del inmueble, pero no hay un riesgo inminente en el edificio«. El representante de la propiedad no ha querido suspender el desalojo, «amparándose en el mal estado de la finca y el riesgo que conlleva que haya personas viviendo allí», a pesar del informe favorable del cuerpo de emergencias.
