Junto a la plaza de Sants, se abren varios callejones que aún conservan algunas casitas bajas. Uno de ellos es la calle de Salou, una vía pacificada que parece escapar del bullicio de la carretera que conecta con Collblanc. Algunas de las fincas como la que se erige en el número 7 se remontan hasta el siglo XIX. Concretamente, según indica el mismo forjado de la puerta de entrada, hasta 1877. En este edificio de tres plantas, siete pisos y un local viven actualmente seis familias, al menos tres de las cuales desde hace tres décadas. Es el caso de Rosa Rosa, una mujer de sesenta y cuatro años que aún conserva el contrato de alquiler que firmó en enero de 1993 por unas 360,000 pesetas al año. Desde entonces, la inquilina ha vivido en los bajos del inmueble sin tener prácticamente ningún contacto con el propietario histórico del bloque, la familia Punsola. «Aquí solo entraron operarios una vez que se atascaron las tuberías. El resto de reformas y mantenimiento lo hemos ido haciendo nosotros poco a poco a lo largo de los años», explica. Hasta tal punto llegó la desconexión entre arrendador e inquilinos que, hasta hace unos meses, la finca aún no tenía agua corriente y funcionaba con unos depósitos que había instalados en la azotea.
Todo cambió el 6 de septiembre de 2023. Rosa recibió una carta de los herederos del primer propietario informándole sobre la finalización del contrato y ofreciéndole la posibilidad de prorrogarlo con una subida de unos 120 euros. Hasta entonces, el alquiler se había ido renovando automáticamente sin que hubiera ningún contacto entre ambas partes. La mujer sospechó en un primer momento, pero devolvió firmado el documento aceptando la propuesta. Yolanda Vidal, de setenta y dos años y otra de las vecinas que vive en el edificio desde hace tres décadas, recibió un mensaje idéntico y también dio su visto bueno al aumento. Un año después, llegó una nueva comunicación de la propiedad, esta vez para anunciar que la compañía Aleric sería la encargada de gestionar a partir de ese momento el alquiler. A principios de este 2025, comienzan las primeras visitas de representantes de los nuevos gestores a los inquilinos. A algunos se presentan como nuevos propietarios, a otros como administradores, pero en todos los casos el mensaje era el mismo: querían que a finales de año el edificio estuviera completamente vacío. La noticia toma por sorpresa a los inquilinos, que hacía poco más de un año que habían firmado la subida. El siguiente paso fue el envío de burofax a dos de las familias del bloque informando de la no renovación del contrato y dando un plazo máximo para la entrega de llaves.
Obras y falta de alternativas reales
Tras el choque inicial, los vecinos decidieron comenzar a movilizarse y encontraron en el Grupo de Vivienda de Sants el asesoramiento que buscaban. Gracias a esto descubrieron que la compañía Aleric no solo llevaba la gestión de los alquileres, sino que había comprado el inmueble a la familia Punsola para luego venderlo el pasado mes de marzo al fondo Second House, un entramado empresarial fundado en 1994 que es propietario de más de una decena de bloques de pisos repartidos por la capital catalana. Los nuevos propietarios llevan tiempo en el punto de mira de entidades como el Sindicato de Inquilinos por su modus operandi, que consiste precisamente en la adquisición de edificios enteros con el objetivo de vaciar, renovar y venderlos revalorizados. Como con sus otros activos inmobiliarios, el fondo ha seguido adelante con las obras de reforma del inmueble, sustituyendo el sistema de depósitos por agua corriente y con trabajos en la fachada posterior, donde los operarios han instalado unos desagües y un gran andamio que la cubre entera. También han remodelado completamente el único de los pisos que ya estaba vacío. A pesar del avance que supone el cambio en el suministro, los inquilinos alertan que aún no han puesto los contadores y denuncian que la propiedad se niega a informarles de todos los trabajos que pretenden llevar a cabo en la finca.
En cuanto a los contratos, una de las vecinas lo tiene vencido desde marzo y podría recibir pronto la demanda de desahucio, mientras que el de Vidal concluye el próximo 14 de octubre. En ambos casos, la propiedad se ha negado a abordar una negociación conjunta con todos los afectados y solo está abierta a explorar soluciones individuales. De hecho, después de que los vecinos colgaran pancartas en los balcones y ventanas denunciando la situación, el fondo envió un correo alertando que «no reconocen como un interlocutor válido a ninguna organización o colectivo» y que no tomarán decisiones «bajo presión pública, mediática o activista«. Sobre las alternativas a la no renovación del contrato, los propietarios ofrecen a los inquilinos la compra del piso «por debajo del precio de mercado», una compensación económica por marcharse o acompañamiento para encontrar una nueva vivienda. «Estoy jubilada y vivo con mi hija, que sí trabaja, y mi nieta. Si pudieran darme una hipoteca a buen precio me lo pensaría, pero es que me pedían 255,000 euros por un piso que aún tiene el baño en la galería…», señala Vidal, quien asegura que la indemnización que le plantearon era de 5,000 euros y los pisos que le ofrecían no cumplían con los mínimos que pedía teniendo en cuenta que tiene una minusvalía acreditada. La opción de un alquiler con derecho a compra que les planteó la inquilina también fue rechazada.
En el caso de Rosa, la vinculación con el piso donde ha vivido media vida con su familia vencerá en enero de 2026. «Hemos estado mirando pisos para mudarnos, pero es inviable. Si hubiéramos encontrado uno que pudiéramos pagar, no me lo habría pensado. Aquí me ves muy entera, pero la procesión va por dentro«, reconoce la mujer, que, a pesar del desgaste de todo esto, no quiere dar su brazo a torcer. Tampoco lo quiere hacer Vidal, que encara su particular cuenta atrás con una entereza estoica. «Mentiría si te dijera que no he tenido miedo a un desahucio, pero, como la cosa se está alargando tanto y hemos visto que en otros casos se ha podido detener, resistiremos hasta el final», sentencia. Más allá del piso vacío, hay otro inquilino de edad avanzada y contrato de renta antigua que apoya la causa y a quien en dos ocasiones le ha caído parte del techo de su domicilio debido a las filtraciones de agua que afectan todo el bloque. También hay una vecina más que parece haber decidido mantenerse al margen. El último de los apartamentos hace tiempo que ha sido denunciado por la comunidad al Ayuntamiento de Barcelona ante las sospechas de que se trate de un piso turístico ilegal.
Una doble victoria para la esperanza
Los vecinos del número 7 de la calle de Salou han comenzado su cruzada particular contra Second House mirándose en el caso de los bloques de la calle de Tapioles y de en Cortines. Estos dos edificios ubicados en el Poble-sec y Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, respectivamente, también fueron comprados por el mismo fondo con el objetivo de vaciarlos, reformarlos y revalorizarlos. Tras dos años de lucha, protestas y de sufrir un verdadero calvario con las obras, los inquilinos consiguieron que la propiedad claudicara a finales de 2024 y aceptara renovar los contratos de todas las familias amenazadas, en una demostración del poder del hermanamiento contra la especulación con pocos precedentes en la capital catalana.
En el caso de los vecinos de la calle de Tapioles, cuatro inquilinos renovaron por siete años su contrato vencido, una familia más lo hizo con un alquiler social y otra tiene garantizada la continuidad cuando concluya el contrato aún en vigor. También se logró la subrogación indefinida para una inquilina de sesenta y un años que había vivido toda su vida en uno de los apartamentos de la primera planta del edificio. Veía peligrar su hogar porque no podía poner a su nombre el alquiler que firmó hace décadas su padre, muerto desde hacía tres años. En cuanto al bloque de la calle de en Cortines, una familia consiguió un contrato de siete años y también se firmó un alquiler social con otra que llevaba cerca de 16 años viviendo en el edificio.
