Una fuente de piedra se levanta entre los escombros que se acumulan en uno de los extremos del parque de Joan Miró. Su presencia es prácticamente el último indicio de la vida pasada de esta parcela, ubicada a la altura de la calle de Llançà y delimitada por las calles de la Diputació y de Tarragona. Donde antes había una zona verde con cerca de un centenar de árboles y bancos, ya no queda nada. El terreno se ha convertido en solo unas semanas en un solar baldío, sin vida. Cuando quedan pocos minutos por las seis de la tarde, los operarios todavía trabajan en el espacio, que acogerá la zona logística de explotación de la tuneladora que se abre camino por debajo de esta parte del Eixample para poder ampliar la línea L8 de los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC).
«No solo han talado los árboles, sino que se han cargado incluso los bancos. En vez de sacarlos y restaurarlos, los están serrando», comenta un vecino del barrio. Esta observación define a la perfección la política de tierra quemada que se está llevando a cabo en esta parte del parque, donde se prevé que se acumulen las tierras excavadas en los cerca de cuatro kilómetros de recorrido que separan la plaza de España y la Vila de Gracia. Los trabajos previos a estas obras, sin embargo, no están siendo precisamente un camino de rosas para las diferentes administraciones implicadas. Deja plena constancia de esto la valla perimetral de cerca de 80 metros de largo que delimita la superficie de actuación de las máquinas, que está llenada de pancartas y pintadas con consignas que claman por la preservación del verde de este parque urbano.
Desde el pasado 15 de julio, los vecinos de esta zona del Eixample se han concentrado de manera diaria para denunciar la tala de casi un centenar de árboles y la ocupación durante al menos tres años de uno de los pocos pulmones verdes del barrio. Su cruzada particular ha conseguido reducir la cifra de ejemplares afectados desde los 178 iniciales hasta los 92, de los cuales ya no queda prácticamente ninguno de pie, reduciendo considerablemente el porcentaje del parque afectado hasta una cifra inferior al 12% de su superficie. A pesar de que 19 de los árboles sí que han podido ser trasplantados, con el resto se ha optado por talarlos y tendrán que ser repuestos en un futuro cuando concluyan las obras de la línea L8, que podrían acabar alargándose hasta el 2028.
Del error evitable a la alternativa descartada
«Este desastre no lo hemos conseguido evitar, pero al menos esperamos que sea el último. Queremos que quede claro que esto es un error y que aprovecharse de los pocos espacios verdes que tenemos para abocar tierras de una obra es una actuación más propia de otra época». Estas palabras son de Xavier Riu, miembro de la ejecutiva de la Asociación de Vecinos de la Esquerra del Eixample y portavoz de la plataforma Salvem el Parc Joan Miró. Este maestro jubilado de una de las escuelas más próximas a la zona verde considera que las administraciones han optado por la solución fácil sin explorar de manera real una alternativa que permitiera mantener el centenar de ejemplares afectados.
De hecho, los vecinos pusieron sobre la mesa la posibilidad de usar el Pabellón número 2 de la Fira de Barcelona para guardar toda esta tierra excavada, un espacio cubierto que está a la misma distancia del pozo de la tuneladora que el parque y una opción descartada por parte del Govern. «Durante el 2023, este recinto solo se usó durante tres fines de semana. Está infrautilizado, pero parece que la Fira tiene más influencia que el vecindario», lamenta Riu, que recuerda que estas instalaciones tienen que ir durante los próximos años al suelo para poder abrir una nueva calle -que será una continuación de la de Llançà- y construir cerca de 500 viviendas públicas. «Por ahora, ni se hacen pisos, ni permiten que tenga este uso temporal que pedimos», insiste.
A pesar de que la ofensiva vecinal no ha conseguido evitar finalmente la tala de estos 75 árboles, sí que ha levantado suficiente polvareda para que tanto la Sindicatura de Greuges de Barcelona como el Síndic de Greuges de Catalunya les hayan acabado apoyando. En dos resoluciones hechas públicas a principios de este mes de agosto, las instituciones cargan contra las administraciones implicadas -el Ayuntamiento y el Departamento de Territorio de la Generalitat- por falta de transparencia en todo el proceso y les riñen por no haber justificado suficiente la negativa a la utilización de este pabellón número 2 o de una ubicación alternativa para poder acumular las tierras. En concreto, consideran que en la evaluación que se hizo de esta propuesta no se tuvo en cuenta la externalización de costes en salud pública y la posible afectación medioambiental.
Cambio de fase con carpetas pendientes
Con la totalidad de los árboles talados o trasplantados -incluidos dos que han acabado en el suelo a pesar de no estar inicialmente afectados por el proyecto- y el espacio convertido en un verdadero desierto, la cruzada de los vecinos de esta parte de la Esquerra del Eixample continúa ahora con una segunda fase de vigilancia. «Todavía está por decidir por donde pasarán los camiones con las tierras cuando empiecen las clases en las escuelas e institutos, si se colocarán vallas protectoras que eviten la dispersión de este polvo o incluso cuáles serán los horarios de las obras», remarca Riu, que asegura que estarán encima para garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad y para probar de minimizar el impacto que los trabajos tendrán en el vecindario.
Precisamente, las resoluciones de ambos síndicos van en esta misma línea e instan las administraciones a crear una comisión de seguimiento de las obras conjunta para informar a la ciudadanía sobre la evolución de estas y sobre posibles incidencias o contratiempos. Desde el Síndic de Greuges de Catalunya incluso proponen instalar una oficina informativa a pie de obra abierta en los vecinos afectados o la aplicación de medidas correctoras para reducir al máximo las molestias y garantizar la salud de las personas que tendrán que hacer vida alrededor de esta actuación.
En cuanto al arbolado, ambas sindicaturas reclaman la reposición de los ejemplares retirados y la recuperación de los espacios verdes dañados «en iguales condiciones» a las que estaban antes del inicio de los trabajos, es decir, que no vale con plantar nuevos árboles más pequeños. Esta última precisión resulta clave para los veteranos de la zona como Riu, que han vivido de primera mano la génesis del parque hasta su situación actual. «Todavía recuerdo cuando los plantaron. Estos pinos han tardado casi 40 años en hacer sombra y esto con la situación climática actual no nos lo podemos permitir», concluye.
