La plaza del Consell de la Vila de Sarrià lucía llena de gente este miércoles por la tarde. Entidades vecinales y culturales se dieron cita en este punto neurálgico del barrio para responder a la convocatoria de la plataforma Defensem Can Raventós, que lleva años luchando para preservar la masía protegida homónima y el jardín que la rodea. Un año después de la sentencia del TSJC que anulaba el plan y la licencia otorgada a la inmobiliaria Corp para la construcción de 59 pisos de lujo en estos terrenos, la agrupación ciudadana comparecía ante los medios de comunicación para explicar las últimas novedades sobre el caso. Las últimas informaciones apuntaban que el gobierno de Jaume Collboni había llegado a un preacuerdo con los promotores inmobiliarios para la edificación de más de 1.600 m² de techo en los jardines de este recinto catalogado como parte del patrimonio de la ciudad.
El pacto incluía la largamente reclamada permuta urbanística, a través de la cual el consistorio compraría la masía (con una superficie de 424,85 m² de suelo y 1.065,55 m² construidos) y una parte del jardín, concretamente 1.200,98 m². En contrapartida, la inmobiliaria se quedaría la propiedad del bloque de la calle de Bonaplata, además de dos parcelas que se destinarían a vivienda privada, “con una franja de 5 metros de jardín privado dentro de los 10 metros de separación que fija la ficha del Catálogo de protección del patrimonio, y ni siquiera teniendo que asumir el 30% de vivienda social”, denunciaba el pasado febrero la plataforma. La situación en este sentido no ha mejorado. El proyecto que plantea el ejecutivo mantiene esta permuta parcial para convertir el edificio en un equipamiento público, destinando un 30% de la finca a usos privados y sin garantías de que la reserva de vivienda protegida se quede en el distrito.
Ante este escenario de bloqueo, la plataforma decidió hace unas semanas hacer un cambio de planteamiento y explorar una solución alternativa. La nueva propuesta -que pondrán pronto sobre la mesa del Ayuntamiento- pretende mantener Can Raventós como un espacio completamente público y sin vivienda privada, renunciando de esta manera a una parte del jardín, pero al mismo tiempo dando respuesta a una de las grandes reclamaciones del barrio: la falta de espacios para las entidades de cultura popular. Es por eso que el vecindario de Sarrià ha unido fuerzas con la asamblea de entidades de cultura popular para pedir la transformación de la antigua masía del 1848 en un equipamiento cultural de referencia. Concretamente, proponen que el recinto acoja la Casa de Cultura Popular de Sarrià, unas instalaciones que den cabida a las diferentes agrupaciones de la zona y que permitan -a través de la habilitación de un anexo contiguo al recinto- que algunas entidades maltratadas sistemáticamente como los castellers tengan un lugar donde ensayar de manera digna.
Solución de consenso y compromiso municipal
«La sentencia del TSJC era una oportunidad para reparar un grave error urbanístico, pero un año después este futuro continúa en riesgo […] Por eso pedimos destinar el equipamiento a una casa de la cultura popular. Confían que la propuesta satisfaga al Ayuntamiento porque resuelve de un golpe dos problemas que hay en el barrio», señalaba en la rueda de prensa Natàlia Botinas, una de las integrantes de la plataforma. A su vez, el portavoz de la asamblea de entidades de cultura popular, David Porta, reconocía la «generosidad» de la plataforma, que con esta propuesta cede en sus pretensiones iniciales para poder hacer viable la iniciativa. «Esta precariedad de las entidades lleva demasiado tiempo y se debe revertir. La propuesta encaja perfectamente con una de las necesidades más urgentes del barrio. Nunca nos hubiéramos imaginado llegar a un punto en que dos luchas por la defensa del patrimonio material e inmaterial se encontraran», remarcaba.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Sarrià, Jordi Bosch, recordó la larga trayectoria de ambas reivindicaciones, subrayando el ejemplo que supone la cruzada iniciada ya hace más de cinco años por la plataforma Defensem Can Raventós. «No hace mucho, el alcalde Jaume Collboni se comprometía públicamente a dar apoyo a esta iniciativa. Ahora le pedimos que cumpla con su compromiso, pacte la permuta, abra los jardines y construya la Casa de la Cultura Popular de Sarrià», insistió Bosch.
Una década bajo la sombra de sospecha
Hay que recordar que el origen de la disputa por Can Raventós se remonta incluso antes del 2016, cuando Corp presenta su primer proyecto para construir pisos de lujo en esta finca. Entonces, la iniciativa no terminó de caer en gracia al Ayuntamiento, pero la concreción del interés inmobiliario que hacía tiempo planeaba sobre los terrenos llevó a los vecinos a presentar una primera tanda de alegaciones para detener el plan. El criterio municipal dio un giro de 180 grados en 2020 y finalmente se dio luz verde a un segundo proyecto de obras, que contemplaba preservar el edificio, que está catalogado y tiene un nivel de C en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Barcelona, pero que suponía el vaciado de gran parte del jardín frondoso que rodeaba la masía y preveía construir diversos nuevos volúmenes en los terrenos.
Este cambio de posicionamiento del ejecutivo forzó a los vecinos a endurecer su ofensiva y ese mismo año presentaban una denuncia a la Oficina Antifraude de Cataluña, donde alegaban que el proyecto se había llevado adelante con ciertas irregularidades como presuntos conflictos de intereses por parte del equipo de gobierno del momento. La resolución llegaba en noviembre del 2023, casi tres años después, en forma de victoria vecinal, ya que el veredicto constataba la existencia de “conflictos de interés aparentes en responsables municipales”. Si bien Antifraude pedía clarificar el proceso, también apuntaba que no se habían observado “indicios de influencias indebidas”, en referencia a las posibles vinculaciones entre una de las promotoras y el partido Units per Avançar, que forma parte del PSC y del cual también es parte Albert Batlle, regidor del distrito de Sarrià-Sant Gervasi en ese momento.
La resolución, sin embargo, llegaba unos meses tarde. A mediados de agosto del 2023, las alarmas ya habían saltado entre el vecindario por la tala de varios árboles en el marco de los trabajos previos al inicio de las obras. A pesar del polvareda levantada, los operarios continuaron con la deforestación del jardín, que quedó reducido a una quinta parte de su superficie, y también comenzaron a hacer los surcos que servirían de fundamento para el parking proyectado en los terrenos, una actuación que junto con la sequía dejó muy tocados los últimos ejemplares del arbolado sobreviviente. Cuando nada parecía interponerse en los intereses de los promotores, un dictamen del Servicio de Arqueología de Barcelona ordenó la suspensión de los trabajos a finales del pasado octubre tras detectar diferentes deficiencias en las obras. La resolución obligaba a los impulsores a redactar un proyecto de intervención arqueológica con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. Este revés resultó ser un balón de oxígeno clave para los intereses vecinales, que aún esperaban respuesta al recurso contencioso administrativo interpuesto en 2021. La sentencia del TSJC no llegó hasta hace ahora un año.
