En el número 188 de la rambla de Badal se sienten como el patito feo del cuento. Esta finca de 1929 es la única de la zona que sigue afectada por el Plan General Metropolitano (PGM) de 1976, que preveía una transformación urbanística importante en este ámbito del distrito de Sants-Montjuïc con afectaciones directas en hasta 700 viviendas. El Ayuntamiento de Barcelona llevó a la comisión de Urbanismo celebrada hace cerca de dos semanas una modificación de esta hoja de ruta que precisamente indultaba a la gran mayoría de las viviendas afectadas. En concreto, en la zona de Badal, 43 de los 44 inmuebles sobre los que pesaba este cambio urbanístico lograban evitar las expropiaciones y un eventual derribo con la propuesta municipal. Solo quedaba afectado el del número 188.
La modificación del PGM acabó siendo retirada del orden del día por el ejecutivo tras constatar que ni los Comuns ni ERC votarían a favor. Una de las razones principales, precisamente, era el no indulto a esta finca de la rambla de Badal. El día de la celebración de esta comisión, los vecinos se concentraron en la plaza de Sant Jaume con pancartas denunciando la situación. Ese mismo día abrieron una campaña a través de la plataforma Change.org para recoger firmas con el objetivo de hacer recapacitar al consistorio para que también les conceda este indulto. Para dar visibilidad a la problemática, miembros de las ocho familias afectadas y de los comercios también amenazados de expropiación repitieron la movilización hace justo una semana, pero ahora frente a la puerta del edificio.
Este ha sido el último movimiento del vecindario desde que se enteraron durante las fiestas de Navidad que el inmueble seguía afectado por el plan urbanístico de 1976, una hoja de ruta que los situaría fuera de ordenación, pero no resultó ningún problema para que pudieran rehabilitar las fachadas hace unos cinco años con el correspondiente permiso municipal. «Parece que nuestra propiedad es la excepción. Estamos sujetos a expropiación y derribo, sin recibir una justificación clara hasta hoy. Nos quieren sacar de nuestras casas en propiedad para realojarnos en pisos de protección oficial que nunca serán nuestros […] Nos sentimos engañados y estafados por parte del gobierno», señalan los afectados en un comunicado adjunto a la campaña de recolección de firmas digitales.
¿Una razón en la sombra y condiciones engañosas?
Las sospechas del vecindario es que detrás de este realojamiento o expropiación está la presión de los propietarios de un edificio que se construyó posteriormente justo detrás del inmueble afectado, que resultaría una molestia para esta segunda finca. Con todo, insisten en que las condiciones que la administración les ha puesto sobre la mesa para cambiar de piso son engañosas. «Nos proponen perder nuestra vivienda a cambio de un nuevo piso con condiciones económicas imposibles para muchas familias. Nos quieren hacer pagar la diferencia de metros cuadrados. Es una expropiación encubierta», apuntan.
«Reconocemos la necesidad de desarrollo urbano y mejora de infraestructura, pero no se puede hacer a costa de los ciudadanos inocentes que ven amenazada su casa. Requerimos que se respeten nuestros derechos y se detenga este proceso hasta que se entregue una explicación completa, justa y sin engaños», concluyen los vecinos, que ya han recibido el apoyo de más de medio millar de ciudadanos.
