Antes de las ocho de la mañana, aún con las luces de la ciudad encendidas, medio centenar de personas ya se concentraban en las puertas del número 24 de la calle del Tigre, en el Raval. Lo hacían bajo la convocatoria de la sección local del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña en el distrito de Ciutat Vella para evitar el desalojo de siete familias de este edificio, que a pesar de tener contrato de alquiler vigente, se ven forzadas a abandonar su casa porque la propiedad alega riesgo estructural de las viviendas. Pocos minutos antes de las nueve, un fuerte dispositivo policial con casi una decena de furgonetas de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra bloqueó los accesos a la calle con la intención de ejecutar el lanzamiento. Tras varias horas de incertidumbre, los agentes sacaron a los manifestantes que se habían parapetado en la puerta y accedieron al bloque.
La intención de la propiedad era poder vaciar el edificio para realizar profundas reformas, dado que había recibido una orden de conservación por parte del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, muchos de los pisos llevan unos meses apuntalados con el objetivo de evitar posibles desprendimientos. Según denuncian los vecinos, los actuales propietarios ejecutaron una serie de obras sin la correspondiente licencia y querían expulsar a los inquilinos de los pisos sin ninguna opción de realojamiento y sin garantizarles que después podrían regresar, a pesar de tener contrato vigente. Lo hacían basándose en un informe de arquitectura privado que determinaba este riesgo estructural.
Este extremo lo desmienten dos informes elaborados por los Bomberos de Barcelona, indican desde el sindicato.
Ante la negativa de los inquilinos a abandonar los pisos sin garantías o una alternativa temporal, la propiedad los denunció colectivamente, pidiendo medidas cautelares para desalojar el edificio e iniciando este proceso de desalojo que ha culminado hoy. El primer intento se pudo detener el pasado 23 de diciembre gracias a la presión vecinal y después de que el aviso del lanzamiento llegara a menos de 24 horas. Desde el sindicato señalan que el estado de degradación del edificio que se esgrime para justificar el desalojo es consecuencia directa de la “falta deliberada de mantenimiento” por parte de la propiedad.
