La moratoria de desalojos a familias vulnerables cayó este martes por la tarde. El PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso de los Diputados el decreto del gobierno español que, entre otras cuestiones, protegía jurídicamente a aquellas personas en una situación más precaria para evitar que perdieran su domicilio si el propietario era un gran tenedor. No han tenido que pasar ni 24 horas desde la votación en la cámara española para que se haya ejecutado el primer desalojo de una familia sin alternativa en Barcelona. Ha sido en el número 45 de la calle de Blesa, en el barrio del Poble-sec, donde desde hacía casi un año y medio residían Hajar y Ahmed, que tienen dos hijas menores de edad. Pagaban 1.300 euros al mes por un piso subarrendado que en realidad costaba 800 euros. El titular del contrato era el antiguo jefe del padre de familia, que pocos meses después de la entrada de la pareja en el piso dejó de pagar a la propiedad, un gran tenedor.
Hasta que se dieron cuenta de la estafa, la familia nunca dejó de pagar el alquiler e incluso costeó la rehabilitación del domicilio, que se encontraba en un estado bastante precario. A pesar de todo, se han visto abocados a un proceso de desalojo que ha culminado hacia las dos de la tarde de este miércoles y de cuya fecha se enteraron hace solo dos semanas. Un importante despliegue de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra ha permitido ejecutar el desalojo, aunque la familia no tiene ninguna alternativa residencial a su alcance. De hecho, desde el Sindicato de Barrio del Poble-sec -que los ha acompañado en todo el proceso y había convocado una concentración para evitar el desalojo- denuncian que los servicios sociales municipales solo les han podido ofrecer una ayuda económica para pagar parte de la primera mensualidad de un piso turístico. Esta parece ser la única alternativa sobre la mesa, ya que el sistema de alojamientos de emergencia está colapsado y los hostales con plazas de realojo llevan una semana llenos.
Excluidos del mercado de vivienda
Desde que se enteraron del inicio del proceso judicial hace unos meses, la familia ahora desalojada ha intentado conseguir alquilar un piso sin éxito. A pesar de tener ahora unos ingresos de cerca de 1.500 euros, no han encontrado ninguna vivienda en el mercado que puedan pagar o bien que el propietario esté dispuesto a alquilarles por su procedencia, un sesgo racista que según denuncia el movimiento pro-vivienda está a la orden del día. Con el desalojo ejecutado, los afectados esperan que se materialice la solución temporal ofrecida por los servicios sociales. Un parche que les permitirá al menos ganar tiempo para encontrar una alternativa. «Exigimos que se detengan todos los desalojos mientras no haya alternativas residenciales para las familias vulnerables ante la saturación y el colapso del sistema de alojamientos de emergencia», recalcan desde el Sindicato de Barrio del Poble-sec, que alertan que este puede ser el primero de una avalancha de desalojos impulsada por la caída de la moratoria.
