La modificación de la reserva del 30% para vivienda protegida que plantea Jaume Collboni ayudará a activar el mercado barcelonés. Así lo consideran los promotores inmobiliarios, que se muestran moderadamente optimistas con el cambio de regulación a la espera de ver bien cómo se concreta la propuesta municipal. «Aunque la voluntad es buena, la reserva no deja de ser una carga para los promotores. Tal como está, no funciona. Por eso decimos que se debe flexibilizar y dar libertad para aplicarla«, ha asegurado este jueves Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) y consejero delegado del Grupo Euroconstruc.
Vilajoana ha participado esta mañana en un debate celebrado en la sede de Foment del Treball Nacional en el marco del ciclo Fer metròpoli, Barcelona 2030. A su lado, estaba Joan Ramon Riera, comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, con quien ha reflexionado sobre la situación actual de la vivienda en la capital catalana y las soluciones que se pueden aplicar para dinamizar un mercado saturado que está provocando una de las crisis de vivienda más importantes de las últimas décadas. «Vivimos un importantísimo cambio de paradigma a la hora de abordar la vivienda, que es un derecho reconocido que debemos garantizar […] Debemos encontrar la fórmula para que este 30% teórico, que hoy no se está materializando, lo haga», ha afirmado Riera, quien ha precisado que la modificación se encuentra ahora en fase de «diálogo político», pero que esperan poder tenerla lista pronto.
Aunque es evidente la distancia que aún separa ambas posiciones, la administración y los promotores coinciden en la necesidad de dotar la regulación vigente de una serie de mecanismos que otorguen más margen de maniobra a los constructores, ya sea a través del traslado de techo de vivienda protegida de una promoción a otra, siempre dentro del mismo barrio o de uno próximo, o mediante la recalificación de suelo o de fincas. En todo caso, desde la APCE parecen descartar completamente la propuesta polémica que planteaba habilitar dos accesos diferenciados en un mismo edificio para separar los pisos de protección oficial de los de libre mercado. «Debemos posibilitar que se transfiera esta reserva, pero también salvaguardar las zonas donde la vivienda pública ya tiene una posición dominante», ha subrayado el comisionado barcelonés.
¿Los fondos de inversión, un actor necesario?
Como no podía ser de otra manera, uno de los puntos que ha centrado el debate ha sido el papel de los fondos de inversión en esta dinamización del mercado. Vilajoana ha defendido que se trata de un actor «completamente necesario» y ha criticado la «criminalización» que a su parecer se está haciendo de este tipo de operadores inmobiliarios. «Son una figura importantísima con una gran capacidad de proveer capital, que en nuestro sector es imprescindible. No digo que les facilitemos la vida, pero al menos que no les pongamos trabas», ha remarcado el presidente de la APCE. Estas afirmaciones han contado con la réplica inmediata de Riera, quien ha pedido separar del debate toda aquella actividad puramente especulativa, donde precisamente radica la raíz del problema de muchas ciudades como Barcelona. «Los fondos trabajan con unas tasas de rendimiento muy altas y no tienen suficiente con el uso residencial para compensar su expectativa de ganancia. Es entonces cuando vemos el alquiler de temporada y de habitaciones», ha insistido.
En este punto ha salido a la palestra el caso de la Casa Orsola. El comisionado de Vivienda considera que con la compra por parte del consistorio por 9,2 millones de euros -a medias con la fundación Hàbitat3- se ha generado un precedente y una nueva forma de aparecer en el mercado para preservar este derecho a la vivienda. «Hemos hecho una prueba piloto, pero la idea es protocolizar esta nueva herramienta para poder intervenir en ciertos momentos», ha confirmado. Por su parte, Vilajoana ha criticado el elevado precio pagado por el consistorio, sobre todo teniendo en cuenta que en 2021 habría costado tres millones menos, y ha pedido a la administración que aplique criterios de eficiencia administrativa para evitar que se puedan producir disfunciones como estas.
