La avenida Diagonal será una de las arterias barcelonesas que más cambiará su piel en la próxima década. La finalización de la conexión de las dos redes de tranvía existentes o la ampliación del Hospital Clínico en las pistas deportivas que la Universitat de Barcelona (UB) tiene en el punto más alto de esta vía son algunos de los proyectos en marcha que tienen que redibujar su fisonomía. Ahora bien, una de las iniciativas que prevé generar un impacto más importante será la construcción de los dos nuevos edificios del Campus Diagonal de la institución académica, que acogerán a partir del 2028 la Facultad de Matemáticas e Informática y la ampliación de la de Economía y Empresa.
El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado esta semana de manera definitiva el plan especial urbanístico que afecta este ámbito, dando de este modo vía libre a la UB para edificar las nuevas instalaciones y dando de paso carpetazo a las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Zona Universitaria, que desde buen inicio ya se había opuesto al proyecto por las condiciones en las cuales se planteaba. En concreto, la entidad denuncia que con esta hoja de ruta urbanística se está permitiendo la construcción de dos nuevos “rascacielos”, que no solo superarían las alturas del resto de inmuebles de la zona, creando un fuerte impacto visual, sino que también excederían la máxima edificabilidad permitida para los terrenos donde se quieren ubicar. El caso ya está en manos del Síndic de Greuges de Barcelona, que se reunió con el vecindario antes del verano para conocer de primera mano sus reivindicaciones respecto a la iniciativa, que afecta los terrenos ubicados entre las calles de Joan Obiols y John M. Keynes, muy cerca de los jardines de Pedralbes y del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Un cambio urbanístico de calibre y la alternativa del Campus Sud
El rechazo vecinal a la propuesta se hizo patente en la última Audiencia Pública del distrito de les Corts celebrada el miércoles. La sesión estuvo precedida de una concentración a las puertas del edificio municipal en contra de este proyecto y, una vez iniciada la vista, varios portavoces también manifestaron su malestar por la aprobación definitiva del plan especial, que a su parecer pretende «consolidar fuertes cambios de volumetría, edificabilidad, ocupación y alturas». De hecho, la magnitud de los cambios urbanísticos planteados es uno de los argumentos que esgrimen para denunciar que la iniciativa requiere la Modificación de Plan General Metropolitano (MPGM), un instrumento urbanístico que obligaría al consistorio a presentar un estudio con alternativas y también a garantizar la participación directa en la redacción del proyecto de la ciudadanía, que también está especialmente preocupada por como se verá afectada la movilidad en la zona.
El escenario más preocupante que se dibuja para el vecindario con esta validación definitiva del plan especial sería la construcción por parte del Instituto Catalán del Suelo (INCASÒL) de un inmueble de hasta 47 metros de estatura -aproximadamente 13 plantas- con una pieza complementaria de 27 metros de altura que ocuparía toda la parcela, casi doblando el total de metros cuadrados permitidos, que es de 18.000 metros cuadrados, 15.000 de los cuales en superficie y el resto subterráneos. Las otras opciones sobre la mesa plantean erigir un edificio por debajo de los 27,2 metros de estatura -8 plantas- que tuviera hasta 72 metros de largo, ocupando tres cuartas partes del terreno y provocando una especie de efecto “pantalla”; ocupar toda la parcela con un edificio que no podría superar las cinco plantas, creando de este modo un tipo de “muralla”; o construir dos inmuebles de un máximo de diez y cuatro plantas que tendrían que estar separados por un espacio sin construir para evitar superar el techo permitido.
Más allá de esto, la Asociación de Vecinos de Zona Universitaria defiende que la edificabilidad de los terrenos de la Facultad de Económicas afectados ya está “agotada” y lamenta que en ninguna de las alternativas se respete las alturas del entorno, que son de un máximo de siete plantas con espacios ajardinados, y que no se haya tenido en cuenta la sombra que los futuros edificios proyectarán sobre las zonas verdes. Por todo esto, la entidad se niega a dar su brazo a torcer y propone que una parte de las instalaciones, la que no se dedicaría puramente al uso docente, se traslade al Campus Sud de la UB, donde se podría encontrar una ubicación alternativa.
