Primera respondida al suicide este lunes de dos hermanas en la calle Navas de Tolosa poco antes de ser desahuciadas. Las diversas organizaciones del movimiento por la vivienda de Barcelona convocan una protesta el próximo martes a la plaza de San Jaime para «señalar los culpables» de la crisis residencial que se encuentra a la raíz del suceso. En un comunicado, el Sindicato de Locatarias de Barcelona argumenta que «los desahucios son una de las formas más crudas y evidentes de atentar contra las condiciones de vida de las clases populares». «En los últimos 10 años, más de un millón de familias han sido desahuciadas», alerta la organización, recordando que «el precio del alquiler se ha duplicado mientras que la capacidad adquisitiva de las familias cada vez es más baja«. Así, gritan a protestar contra el modelo residencial actual y los perjuicios que genera entre las personas asalariadas a las 20 horas en la céntrica plaza barcelonesa.
Desde las entidades denuncian, pues, que la «burbuja de precios de los alquileres empobrece sectores cada vez más numerosos de la sociedad». Los cambios reguladores implementados en los últimos años, con la nueva ley española de la vivienda en el centro, han acontecido insuficientes; especialmente en Cataluña, con más de 1.800 desahucios solo durante los primeros tres meses del 2024. La situación, además, continúa haciéndose más insostenible, con un nuevo récord -conocido este mismo lunes- de precios de los alquileres en la ciudad (1.193 euros) y en el país (868 euros). El mercado de alquiler, en este contexto, ha escalado a la primera posición entre los causantes de desahucios, por encima del impago de hipotecas. En el caso de las dos hermanas de la calle de Navas de Tolosa, de hecho, este era el caso; con una deuda acumulada de 9.000 euros desde el 2021. «Bajar el precio es una necesidad urgente para miles de hogares que no tienen una vivienda en propiedad», pandilla el Sindicato, apuntando las administraciones públicas como palanca para garantizar el derecho efectivo a la vivienda. «Si se deja todo en manos del sector privado, la tragedia está servida», añaden.
Carencias administrativas
Más allá de la responsabilidad de los rentistas en la crisis de la vivienda, los convocantes denuncian «la carencia de procedimientos públicos claros y la precariedad de la asistencia pública» a las personas en situación de vulnerabilidad. La ausencia de las administraciones en cuanto al apoyo y acompañamiento de las familias en riesgo de ser desahuciadas es detrás, lamentan, de buena parte de «la desesperación y la inestabilidad» que sufren las víctimas -como en el caso de las dos hermanas andreuenques-. Los pesados caminos burocráticos para la aplicación de estas curas, además, «acentúa el problema y victimiza las afectadas». En el sentido opuesto, las entidades detectan «recortes de recursos, listas de espera eternas y realojamiento indignos» en un momento en que consideran imprescindibles «políticas orientadas a solucionar la carencia de un techo digno por un contingente humano cada vez más grande».
