Movilización masiva en Vallcarca contra el desalojo de dos fincas y un local de propiedad municipal que el Ayuntamiento quiere derribar en el marco del proceso de transformación del barrio. Cientos de personas se han congregado frente a los edificios de la avenida Vallcarca 83 y 87 bis para hacer una demostración de fuerza y advertir al PSC y al consistorio que la lucha contra la especulación sigue viva en el barrio. La última vez que tanta gente se movilizó para protestar contra un desahucio fue en la Casa Orsola. Pero en esta ocasión el Ayuntamiento, no una inmobiliaria, es quien quiere recuperar el edificio. En los tres inmuebles ocupados desde hace años viven 40 personas, entre ellas 13 menores. El caso ha puesto en pie de guerra parte del barrio y de las escuelas de la zona donde los niños están escolarizados.
Este miércoles se trataba de un trámite formal, ya que los servicios municipales se han desplazado para reclamar el desalojo administrativo voluntario, es decir, para conocer la situación de las fincas, comprobar que todavía están ocupadas y constatar que los vecinos que viven allí no quieren marcharse. Ahora el Ayuntamiento ya puede dar el siguiente paso e ir al juzgado a pedir una orden judicial para ejecutar el desalojo por la fuerza, como ocurrió en el asentamiento de barracas que había al lado. Ante la previsible resistencia de los ocupantes de los pisos, los antidisturbios de la Guardia Urbana, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, tendrán que diseñar un operativo policial para recuperar las fincas.
En el caso de la nave de la calle Farigola, un antiguo taller mecánico, los técnicos no han ido porque un juzgado de lo contencioso-administrativo ha adoptado medidas cautelarísimas y ha suspendido el desalojo administrativo, tal como pedían los ocupantes. Fuentes del Ayuntamiento explican al TOT Barcelona que recurrirán contra la decisión y presentarán alegaciones. En cuanto al edificio de la avenida Vallcarca 83, el juzgado ha desestimado las medidas cautelares, mientras que para el del número 87 bis el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación. Las tres fincas fueron adquiridas por el Ayuntamiento en 2015 fruto de un proceso de expropiación y legalmente no se les puede dar ningún uso ni rehabilitarlas.
Versiones opuestas sobre el estado de las fincas municipales
Fuentes municipales insisten en este diario que los edificios están afectados urbanísticamente por el plan de transformación que incluye, entre otros proyectos, la polémica rambla verde en la avenida Vallcarca, y que las familias viven en situaciones de infravivienda. “La única alternativa respecto a estas fincas era y es derribarlas”, dicen desde el consistorio, que asegura no pueden garantizar la seguridad y el buen estado de las fincas. Entidades como Som Barri y el Sindicato de Vivienda de Vallcarca y las mismas familias acusan al Ayuntamiento de utilizar la infravivienda como excusa para echarlos.
La primera teniente de alcaldía y concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, aseguró la semana pasada en el pleno municipal que el consistorio aplica “procesos administrativos garantistas” y “el acompañamiento social oportuno” en el caso de las familias de Vallcarca. BComú había reclamado al gobierno municipal “suspender urgentemente los desalojos” y “abrir un proceso de diálogo” con los vecinos para buscar una alternativa habitacional para los afectados. Bonet reivindicó que el PSC está “desbloqueando” una situación que se había enquistado y defendió la transformación de Vallcarca porque el barrio lleva dos décadas en la “provisionalidad”.
