El edificio Venus, situado en el barrio de la Mina, ya tiene fecha de derribo. Este jueves, el Consorcio de la Mina -integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona- ha aprobado el plan de expropiaciones del bloque y la fecha para echarlo a tera, en 2028. Este proyecto afectará todos los 244 viviendas de protección oficial y 15 locales que integran el Venus y será el proceso de expropiación más importante que se ha hecho nunca en Cataluña. De momento, un total de 105 vecinos cumplen los requisitos del plan para ser realojados y el resto tienen derecho a una indemnización o a un alquiler social para familias vulnerables. El plan aprobado por el consorcio también concreta un plan para la transformación del barrio que implicará construir un complejo administrativo de la Generalitat y una guardería, entre otros nuevos servicios.
Por otro lado, hay que recordar que a finales del año pasado los vecinos del edificio Venus denunciaron el “chantaje” que están sufriendo las casi 240 familias que todavía viven para negociar los precios de expropiación y realojamiento. Concretamente, un centenar de los afectados decidieron salir adelante una demanda por daños morales y perjuicios contra el Consorcio de la Mina por la demora en el proceso de demolición y que acabó provocando la reactivación del proyecto de escombro después de 20 años parado gracias a una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Con esta reclamación, cada uno de los inquilinos piden a la administración catalana 10.000 euros en concepto de indemnización por cada año de parálisis injustificada del procedimiento de expropiación y realojamiento, una cifra que en toda ascendería hasta los 12,5 millones de euros.
La decisión de volver a poner en marcha la vía judicial se produjo después de que las negociaciones con la oficina que estudia el realojamiento de los vecinos acabaran con importantes discrepancias en las tasaciones de las viviendas. De la mano del Colectivo Ronda, los vecinos denunciaban que desde la Generalitat aseguraron que si presentaban esta reclamación tendrían que renunciar al realojamiento hasta que todo el procedimiento quede resuelto, sea por la vía administrativa o por la judicial. Esto implicaría retrasar todavía más un escombro que se tendría que haber producido hace, como mínimo, 13 años y embarcaría los afectados en otro proceso judicial previsiblemente de difícil resolución.
