La crisis residencial ya es la preocupación número 1 de los catalanes. El umbral de precios sigue al alza a pesar de los intentos -insuficientes para unos, desorientados para otros- de las administraciones del país de ponerle un límite regulador. Barcelona demostró el incendio que esta tensión en el mercado supone para un importante grupo de la población, con una manifestación del 23 de Noviembre que desbordó todos los límites que los organizadores habían previsto. 170.000 personas tomaron las calles para exigir, entre otras consignas, una bajada de los alquileres que volviera a hacerlos accesibles para las rentas del trabajo del Principado. Sobre este terreno, se celebra en la Nau Roca Umbert de Granollers el II Congreso de la Vivienda de Cataluña, un punto de encuentro para todas las ramas del movimiento por la vivienda, en busca de un nuevo consenso; nuevas herramientas para afrontar una crisis que viene de lejos, pero que nunca había tomado la dimensión actual. Mientras propietarios y rivales políticos asedian sus tesis, la portavoz del Congreso, Marta Espriu, asegura que la estructura se hace cada vez más fuerte. Espriu visita la redacción del TOT Barcelona en un «momento buenísimo» para llenar de discurso las calles contra, argumenta, todo un sistema que centrifuga a la gente de sus casas. «En ningún momento se plantean renuncias discursivas para llegar a más gente. ¡Es que no hace falta hacerlas!«, exclama.
¿En qué punto se encuentra la crisis de la vivienda en Cataluña coincidiendo con la celebración de este segundo Congreso?
El Congreso se convoca en un momento en el que el movimiento por la vivienda se organiza alrededor de una problemática que cada vez es más flagrante. Y cada vez, también, es más difícil darle una respuesta desde la localidad. Todo comienza con la crisis del 2008, en un momento en que en todo el Estado aparecen las primeras asambleas de la PAH para dar respuesta a una crisis muy concreta del mercado hipotecario, que concentraba la mayor parte de los conflictos residenciales. 15 años después, el conflicto en el que se encuentra la clase trabajadora respecto a la vivienda ha cambiado mucho: empezamos a aglutinarnos para responder a las ejecuciones hipotecarias, pero ahora la brecha es mucho más amplia. Hay una presencia muy elevada de fondos de inversión en la propiedad de los inmuebles, y han cambiado también los usos de los pisos a través de los cuales se extraen dinero de las rentas del trabajo. El mercado está cada vez más descontrolado, los precios más altos. Es impensable acceder a una hipoteca, pero también a un arrendamiento. Los especuladores, los rentistas, buscan nuevas formas de exprimir las propiedades.
La propiedad denuncia que el origen de esta crisis es la falta de oferta, vinculada a las regulaciones de precios que se han introducido en los últimos años. Un reciente estudio de la Cámara de Comercio mostraba que tras la ley de la vivienda, el precio del alquiler subía al ritmo de la inflación, pero ahora la inflación baja y los alquileres todavía suben. ¿Es aquí, el problema?
Es cierto que quien tiene los pisos dice esto; que la falta de oferta proviene de la inseguridad, que no se sienten seguros al poner los pisos en el mercado. Pero eso es una mentira. El problema es que partimos de dos tesis diametralmente opuestas: nosotros partimos de la base de que las casas son para vivir en ellas, y que cualquier política que no aborde de raíz esta necesidad, será insuficiente. La propiedad lo ve como un libre mercado, que es legítimo y válido defender su propiedad de una manera tan aferrada, para sacar dinero del sector inmobiliario a cualquier precio. La solución del Gobierno y las constructoras de inyectar aún más pisos al mercado es falsa, porque el problema no es que no haya suficientes pisos en las ciudades y pueblos catalanes. El problema es que no se quieren ofrecer; y que cuando se ofrecen, saltan al mercado a precios inasequibles. Y esto ocurre en paralelo a un proceso de gentrificación de las grandes ciudades catalanas que convierte el mercado de los pisos en uno casi de lujo.
El control de precios que rechaza la propiedad es central en la estrategia del movimiento. Ahora bien, ¿limitar los precios es el final de las reivindicaciones?
No. La única manera por la cual aseguramos que la vivienda sea un derecho universal es sacarla del mercado. En el momento en que la vivienda es un bien de especulación, deja de ser un derecho. Nuestra tesis es que, hasta que la vivienda no esté completamente fuera del mercado, no se podrá garantizar una digna para todos.
Usted decía que las tesis son completamente opuestas. ¿Cómo plantean pasar de una a otra, especialmente en un país donde la propiedad inmobiliaria está tan extendida entre la población?
El cambio del sentido común de la gente de la calle no lo llevamos nosotros. Lo lleva la misma problemática del sector. El otro día, en la Casa Orsola, había gente que, seguramente, en 2015 ni se hubiera planteado ir a parar un desahucio. El mercado está tan y tan tensionado que todo el mundo conoce a alguien que tiene problemas de acceso a la vivienda. Esto universaliza esta tesis: que tenemos que cambiar. No sabemos exactamente hacia dónde, pero tenemos que hacerlo. Porque las cosas, tal como están ahora, son insostenibles.
Es cierto que el objetivo final es enorme, que es sacar la vivienda del mercado. Que quizás podría haber un debate político de fondo; que en el modo de producción actual, excluir un bien del mercado es un reto muy grande. Pero hay voces del movimiento que defienden dar pequeños pasos que se vayan acercando hacia el objetivo. Ninguna legislación regulará suficientemente el mercado, menos aún las leyes de la vivienda vigentes, que son muy y muy limitadas. Dejan mucho margen para la especulación. Por tanto, parte del movimiento defiende que hay margen para ajustar cada vez más la regulación.
Las administraciones aseguran intentar garantizar los derechos de las dos partes: propietarios y usuarios. Vistas las cifras, ¿no están empeorando la situación esta perspectiva?
Es falso que se pueda encontrar el equilibrio en la balanza. Siempre se acaba inclinando hacia un lado. La actual regulación de los alquileres puede parecer que da un paso a favor de los inquilinos. Pero no solo es claramente insuficiente -es una vergüenza los precios que se están pagando en algunas zonas reguladas-; sino que además permite formatos como los alquileres de temporada, que abren la puerta de par en par para que los especuladores se beneficien cada vez más. Los gobernantes nos están dando migajas para poder decir que intentan regular el sector. Pero reman a favor de los especuladores, no de la gente que vive en las ciudades.
Por tanto, ¿la propuesta del presidente Illa para solucionar la crisis de inyectar 50.000 nuevas viviendas de protección oficial no va por buen camino?
En primer lugar, a escala ecológica es insostenible seguir construyendo sin parar como solución para la crisis. Construir más nunca regulará el mercado. Es como si decimos: la gente es pobre, pues hagamos más dinero. Una tesis completamente falsa. Hay otras soluciones: hay miles de pisos vacíos que se deberían intervenir… Las administraciones deberían regular lo que ya existe.
También hay que poner sobre la mesa qué significa «protección oficial»? ¿Quién se lo puede permitir? Los precios no son accesibles: hay pisos de protección oficial para núcleos familiares con un sueldo de 800 o 900 euros al mes. Completamente desorbitado. Se acaban convirtiendo en inyecciones de capital público en entidades privadas por activos que pierden la titularidad pública después de un tiempo y vuelven al mercado de especulación. ¿En qué términos se dará la construcción de estos 50.000 pisos? ¿Cuántos volverán al mercado? ¿De aquí a 10 años construiremos 50.000 más para poner un nuevo parche al problema? No podemos decir que cada vez se necesitan más y más pisos.
¿Cuál es el rol, entonces, del parque público de vivienda en la resolución de la crisis? Cataluña y el Estado son anomalías europeas en cuanto a la falta de este tipo de inmuebles.
Construir pisos públicos podría llegar a ser una pieza para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de las mayorías sociales. El problema lo encontramos en los términos en los cuales se da. El movimiento no está en contra del parque de vivienda pública; pero la forma actual genera mucha conflictividad. Hay otras formas de ampliar el parque público: limitar la herencia, o el salto al mercado. Pueden facilitar la situación, sí; pero volvamos: hasta que no saquemos la vivienda del mercado, no podremos garantizar este derecho a todos. El parque público es un parche para una pequeña porción de la población.
En la manifestación del 23 de noviembre se identificaba todo el rentismo como fuente del problema de la vivienda, y no solo los fondos de inversión o los grandes tenedores. ¿Hay un riesgo en este movimiento? ¿Cómo se ha gestionado?
De nuevo, la socialización de la lucha por la vivienda no se ha tenido que hacer de manera muy consciente, porque el mismo funcionamiento del mercado lo ha hecho por sí solo. La manifestación del 23-N es un éxito porque aborda una problemática de carácter general: el lema que se hace más mediático es «Bajemos los alquileres». Parece que lo que se ha extendido más es la lucha contra los fondos de inversión que utilizan la vivienda para especular. Pero también luchamos contra la idea misma de enriquecerse por el hecho de tener una casa a partir del sueldo de quien la utiliza. El movimiento ha caminado hacia aquí, no ha habido tanto riesgo. Hace un tiempo quizás había dudas sobre parar un desahucio en la puerta de una pequeña propiedad. Pero cada vez más se ve que echar a alguien de una casa que el propietario no necesita para vivir no tiene ningún sentido. Son términos muy básicos.
Hablaban de la diversidad del movimiento. ¿Su nuevo alcance lo hace más capaz de incluir problemáticas que antes no era capaz de movilizar?
Siempre ha sido capaz de hacerlo. Ahora se ha extendido más por todo el movimiento que la problemática de la vivienda es de las que se da de manera más cruda a toda la clase trabajadora; en todos sus aspectos. Por eso el movimiento por la vivienda tiene el potencial de convertirse en masivo: porque apela a todos los que tienen que destinar parte de su sueldo -de media un 60%- a pagar por su casa. Sí que es cierto que una vez que se ha extendido socialmente el concepto de ocupación, ha abierto el abanico de gente a la que se puede llegar. Porque claro, si solo se llega a gente que puede permitirse una hipoteca, los perfiles que se pueden movilizar están muy sesgados. La crisis residencial tiene un claro sesgo de género, abarca perfiles muy diferentes; y se agrava cuando eres uno determinado: no solo tienes problemas para encontrar un piso, sino que vives racismo institucional, violencia machista… Y, por suerte, estamos sabiendo dar respuesta.
Incluso las experiencias exitosas de resistencia ante la crisis residencial han sido muy quirúrgicas, muy localizadas. ¿Es viable hacer el salto de estas herramientas hacia un movimiento masivo, como dice?
Es, de hecho, una de las principales apuestas; y la tesis bajo la cual se convoca el segundo Congreso. En 2019 hay un primer espacio de encuentro en toda Cataluña, y se sale con unas tesis, con un programa. Pero el otoño de 2022 se ve la necesidad de otras herramientas, por eso se empieza a caminar hacia lo que estamos haciendo ahora, con el objetivo de superar las lógicas localistas del movimiento. Por ejemplo: en Sant Feliu tenemos un problema, convocamos un desahucio a puerta y actuamos caso por caso. O, si queremos hacer una negociación con La Caixa, okupamos la sucursal un día, encontramos a una persona mediadora y resolvemos el conflicto. En los últimos años ha habido intentos de negociar varios casos en conjunto… Pero ahora buscamos superar el localismo. Puede ser migrar nuestras prácticas hacia las masas, o comenzar a tejer una organización que se despliegue en todo el territorio. Que no solo comporte una marca común, sino también el despliegue de unas herramientas conjuntas, con muchas más manos para hacer presión. La voluntad es apretar la propiedad en todo el territorio. Escalar las herramientas que hemos tenido hasta ahora para dar un salto cualitativo.
¿Cómo se plantea orgánicamente esta nueva herramienta en un movimiento tan marcado, como decía, por las organizaciones locales?
La apuesta del Congreso es construir una organización confederal en todo el territorio. ¿Cómo se hace esto? Hace dos años que trabajamos en ello, y se debe acabar de pulir durante el congreso. El movimiento por la vivienda siempre se ha organizado bajo la identidad de cada colectivo. Hablamos todo el tiempo: PAH, Sindicato de Inquilinos, redes de barrio… Pero todos los que apuestan por este tipo de organización lo hacen porque la necesidad de tejer herramientas en todo el territorio es flagrante. Es un reto mayúsculo, porque hablamos de un movimiento que atrae a muchísima gente. Pero para escalar las herramientas locales a una escala nacional, lo que queda es ensayo-error. Hay experiencias de otras luchas que se han organizado en el marco catalán, y podemos basarnos en ellas.
¿Una organización como esta busca activar herramientas más ambiciosas? El ejemplo paradigmático es la huelga de alquileres.
Claramente, porque ganamos la legitimidad de todo el movimiento. El ejemplo de la huelga de alquileres me gusta, pero me parece complicado. No hay un gran consenso sobre si convocarlo, o cuándo hacerlo; pero genera mucho rechazo. A quien le toca la fibra, se la toca mucho. Saltan muchas alarmas: «acabaréis pagando todas las mensualidades y aún más»; «iréis a juicio»; «perderéis»; «no tiene amparo legal»… Nosotros defendemos que, al igual que la huelga laboral o la huelga de cuidados han sido herramientas sindicales de sus luchas, la huelga de alquileres lo es para la vivienda. Más allá de que no sería la primera experiencia de huelga de alquileres en la historia del movimiento, esto hay que decirlo. Que no es que los locos del Sindicato de Inquilinos y sus cuatro amigos se lo hayan inventado. Y con una organización como esta confederación que esperamos que salga después del Congreso, nos dotamos de unas herramientas organizativas que refuerzan la práctica.
¿El estado de tensión del mercado acerca actuaciones más drásticas, como esta huelga?
Estamos en un ciclo político de reflujo. El movimiento por la vivienda es una de las luchas que demuestra que la gente vuelve a sentir una frustración con el sistema, y vuelve a salir a la calle. Hay un entusiasmo grande, y muchas esperanzas puestas en el destino del movimiento. Tenemos ganas de volver a llenar las calles. Hay muchos debates abiertos dentro, pero la problemática se agrava cada vez más.
¿Qué les dice el carácter simbólico que están tomando algunas de las luchas concretas, como con el ejemplo de la Casa Orsola?
Es interesante el trabajo que se ha hecho en la Casa Orsola, porque se ha demostrado que todo el mundo puede parar un desahucio. Y esto ha implicado llevar a todos los grupos de música habidos y por haber a tocar desde un balcón, llevar adelante una estrategia comunicativa que quizás no sería la de todo el movimiento… Pero se ha puesto en boca de todos el problema de la vivienda en Barcelona. Y ha permitido superar la ciudad y llevar la cuestión a todo el territorio. El reto, ahora, es cómo llevar hacia la militancia toda esta masa popular. Cuando salen 170.000 personas el 23-N, cómo hacemos para favorecer que se organicen. Para explicar que, lamentablemente, llenando las calles de las capitales no superaremos el conflicto; y organizar su indignación.
¿Cómo valoran la decisión del Ayuntamiento de comprar la Casa Orsola?
Es una victoria del movimiento, haber parado el desahucio de Josep y de todos los demás inquilinos. La antigua propiedad está claro que tenía el objetivo de especular con todos los pisos de la finca. Y no hubiera sido posible sin la presión popular. Ahora, es una victoria que no se da en los términos que sirven para resolver el conflicto de la vivienda. Ha habido, de nuevo, una inyección de dinero público directa al bolsillo de un especulador. Después de tres años con el edificio en propiedad, ha conseguido un beneficio millonario. La solución nunca es dar dinero público a un especulador.
El problema del símbolo es que es fácilmente vaciable; que la victoria la pueden reivindicar, ahora, las administraciones. El Ayuntamiento de Barcelona, en concreto.
Nos tenemos que mostrar contrarios al PSC en este caso; y a quien le toque en cada momento. En la Casa Orsola subieron 10 personas para dejar claro que el conflicto era culpa del PSC. Si aun así el señor Collboni tiene la cara dura de atribuirse méritos del movimiento… Quien se lo crea está completamente alejado de la realidad. Hacer un movimiento mediático no implica renunciar a nuestro discurso: parece que cuando participan en una manifestación más de X personas, ya tenemos que hacer renuncias. Y no lo hacemos ni lo haremos nunca. ¿El PSC se pone medallas? Pues seremos la mosca detrás de su oreja para explicar que son los culpables del problema de la vivienda.
¿Es un objetivo explícito sostener el discurso político ahora que llegan a más gente?
En ningún momento se plantea dejar atrás el discurso para llegar a más gente. No está ni abierto, este debate. Pero es que no hace falta hacerlo. Es un momento buenísimo para llenar de conflictividad este problema. Para ser nosotros quienes damos la respuesta a la crisis que nos afecta a todos.
