Mohamed Essaghir y Madani Jaghidal son vecinos. Ambos viven en el número 12 de la calle Gran de la Sagrera, pero lo hacen lejos de las comodidades de los bloques de pisos que en los últimos años han proliferado en esta zona del distrito de Sant Andreu. Las chabolas que construyeron con sus propias manos en este solar abandonado propiedad de Adif están pared con pared. El primero tiene 63 años y llegó a estos terrenos hace dos años. Es de Mohammedia, una ciudad portuaria al norte de Casablanca, y lleva 25 años residiendo en Cataluña. Después de pasar por Mataró, lleva seis años deambulando por diferentes asentamientos como en el que se encuentra actualmente, al lado de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, casi condenada y pendiente de demolición. «Antes trabajaba como albañil, pero ahora ya no tengo fuerzas para trabajar de eso y, además, tengo la mano mal», dice mostrando una protuberancia de considerables dimensiones en la mano izquierda.
El hombre se dedica a la recolección de chatarra, uno de los pocos trabajos a los que puedes optar si no tienes los papeles en regla. Cada día sale a las ocho de la mañana en dirección a Collserola y va recogiendo lo que encuentra por el camino. «Antes se pagaba mejor. Ahora, trabajando duro, puedo conseguir treinta euros a la semana para comprar comida. Si no busco chatarra, no como«, asegura mientras pela una cebolla con un cuchillo de cocina. Essaghir ha intentado obtener el empadronamiento en múltiples ocasiones, pero denuncia que siempre se le ha negado. Consciente de que esta semana se ha desalojado otro núcleo de chabolas en la Sagrera, alrededor del puente del Treball y a escasos metros de aquí, asume con resignación que muy probablemente su asentamiento será el siguiente. «Tendremos que buscarnos la vida. No tengo dinero para un alquiler, así que acabaré otra vez tirado en la calle«, lamenta, criticando lo que considera es fruto de una «falta de control» por parte de las administraciones, que solo trasladan el problema y no van a la raíz de este.
Su vecino de chabola tiene 56 años y hace 39 que dejó su Tánger natal en busca de una vida mejor en Cataluña. Durante un tiempo estuvo trabajando y podía alquilar un piso en la ciudad, pero, cuando se acabó el contrato, no se lo renovaron y se vio en la calle. Desde hace quince años deambula por varios asentamientos de la zona de Glòries o incluso del municipio vecino de Badalona. También se dedica a recoger chatarra con su bicicleta. «Tengo mi currículum, pero, siempre que lo he presentado en un lugar, lo miran un poco por encima y acaba en la basura«, afirma. Y añade: «Recoger chatarra no es fácil, muchas veces vuelven con las manos vacías porque no hay nada». A diferencia de su compatriota, Jaghidal sí tiene los papeles en regla y ha logrado acceder a una ayuda municipal de casi 700 euros. «La mayoría lo envío directamente a mi familia en Marruecos. Allí tengo a mi esposa y una hija de cuatro años. El dinero es para pagar el alquiler, comida, ropa y para la escuela de la niña«, indica.
En el asentamiento ubicado en estos terrenos de Adif se calcula que residen cerca de un centenar de personas. Lo hacen al menos en dos núcleos diferenciados: uno que se encuentra prácticamente frente a la antigua terminal de mercancías y que se estructura de manera circular alrededor de una especie de plazoleta; y otro más expuesto al escrutinio público, que sigue el trazado de la bajada de la Sagrera hasta la avenida principal y donde viven nuestros protagonistas. Ambas barriadas tendrán que desaparecer más pronto que tarde porque están afectadas por la construcción de la nueva estación intermodal de la Sagrera y el planeamiento urbanístico que la acompaña.
Calificación de infravivienda y desalojo inminente
Essaghir recibió hace unos días una resolución solo en catalán del departamento de Servicios Jurídicos del distrito de Sant Andreu que califica su domicilio de infravivienda y ordena el desalojo del solar en un plazo de 48 horas desde la notificación de la resolución, que lleva fecha del 20 de marzo. En caso de no abandonar los terrenos, se señala que se procederá a solicitar un desalojo por vía judicial por la existencia de «graves carencias en materia de seguridad, salubridad e higiene«. Para justificar esta posición, se remiten a una inspección realizada a finales del pasado mes de octubre por la Guardia Urbana y el Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). El informe resultante apunta que este asentamiento está formado por autoconstrucciones a base de maderas, lonas, chatarra, plásticos y materiales textiles. Algunas de las chabolas -como las de nuestros protagonistas- aprovechan la estructura de un antiguo muro que antiguamente separaba las parcelas y tienen las paredes exteriores y las cubiertas llenas de elementos diversos acumulados, como colchones, ropa, plásticos, bicicletas, mobiliario o chatarra.
De la inspección se extrae que las viviendas presentan unas dimensiones reducidas y con un único espacio de dormitorio con aparatos de cocción a gas butano sin extracción. No disponen de sistema de suministro de agua ni higiene, aunque algunos sí tienen instalación eléctrica, pero de manera precaria y con suministro a través de placas solares. Se observa una acumulación importante de material combustible en alguna de las chabolas. Así pues, el informe del SPEIS concluye que los domicilios no reúnen los requisitos mínimos para obtener la cédula de habitabilidad y que hay un «riesgo muy grave para las personas que viven allí«, instando a la administración a «realizar las actuaciones oportunas con carácter urgente«. Todo parece indicar que este núcleo de casetas autoconstruidas será el siguiente en ser desalojado por parte de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra tras el dispositivo desplegado el miércoles para desmantelar el asentamiento del puente del Treball. Para justificar la celeridad en la intervención, el consistorio se basó en otra inspección de los Bomberos de Barcelona que alertaba de un «riesgo inminente de incendio«, dado que las construcciones estaban también hechas a base de maderas y de materiales diversos altamente inflamables, suponiendo un riesgo para la integridad de sus inquilinos.
¿Qué dicen los datos?
Si miramos los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona, podemos comprobar que en la ciudad hay cerca de 450 personas viviendo en infraviviendas, más de la mitad en asentamientos. La mayoría de los inquilinos se encuentran en una situación como la de Essaghir, atrapados en un callejón sin salida por la falta de papeles, lo que les complica encontrar un trabajo estable. El empadronamiento o la regularización planteada por el gobierno español parecen ser las únicas vías que tienen a su alcance para poder reintegrarse en la sociedad y abandonar esta precariedad.
