Los fondos inversores llevan tiempo fijándose en la Esquerra de l’Eixample. Esta zona de la ciudad -que agrupa los barrios de la Antiga Esquerra y la Nova Esquerra de l’Eixample- ya cuenta actualmente con 68 bloques de pisos en manos de gigantes inmobiliarios, 28 más que hace un año. Esto supone que en solo doce meses han crecido cerca de un 41% los inmuebles de propiedad vertical bajo control de estas empresas financieras. Estos son algunos de los datos que se extraen del último estudio sobre la problemática de la vivienda impulsado por la Asociación de Vecinos de la Esquerra de l’Eixample, que también ha detectado 867 edificios de propiedad vertical –con un solo propietario- que están en riesgo y que podrían ser los siguientes en caer en manos de fondos para convertirse en colivings o alquileres de temporada.
«En este estudio, las cosas tienen nombre y apellido […] Esto afecta a gente con un sueldo digno y trabajo estable, imagina qué pasa con los que están en paro», ha comenzado Xavier Riu, portavoz de la entidad vecinal, en la rueda de prensa de presentación de los datos, que pretenden constatar la «magnitud de la tragedia» e intentar revertir esta situación mientras aún hay margen de maniobra. El informe nace tras meses de investigación en el terreno y revela este aumento continuado de edificios enteros en manos de inversores, una práctica que implica una «aceleración en la expulsión de vecinos» y que pone en riesgo «la cohesión y la vida de barrio». «Muchos hemos vivido toda la vida en el barrio y al final nos expulsarán. Desde la asociación de vecinos hemos visto que o nos apuntamos a la lucha o acabaremos viviéndola desde fuera», ha subrayado el portavoz.
Riu ha querido poner énfasis en estos 867 edificios de propiedad vertical, ante la amenaza real de que sean los siguientes en atraer la atención de los grandes fondos inversores. «Ellos compran bloques enteros, que son un activo financiero con el que pueden hacer maravillas. Esto es tan atractivo que nos da pánico. Tenemos tantos bloques susceptibles de que alguien los compre que mucha gente que está tranquila en su casa podría encontrarse en esta situación […] Si no lo detenemos, esto acabará siendo un escenario bonito para los visitantes, pero no para vivir», ha alertado, recordando que más del 47% de los vecinos de la zona viven de alquiler y que en más de un tercio de las viviendas solo reside una persona. La gran cantidad de inmuebles de propiedad vertical y de arrendatarios responde a una dinámica que se remonta a los inicios del barrio, cuando los constructores de los edificios se quedaban como titulares y, en muchos casos, vivían en el principal de la escalera. Muchos de estos actuales propietarios son los herederos de los promotores.
El portavoz vecinal también ha cargado contra las administraciones tras constatar que ninguno de los 68 inmuebles identificados cumple con la regla del 30% de vivienda asequible. «Si vamos aprobando mejoras, pero luego el árbitro mira hacia otro lado…», ha remachado. Sí ha reconocido que se ha comenzado a avanzar en la ampliación del parque de vivienda pública, que ya tiene siete edificios en la zona y podría ganar 120 pisos si se desbloquean los que el planeamiento permite en la antigua prisión de la Model.
Un símbolo de la resistencia arrendataria
La presentación del estudio se ha hecho de manera conjunta con el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña (SHSC) y ha tenido lugar frente al bloque Papallona, uno de los símbolos de la resistencia vecinal en la Esquerra de l’Eixample. Mientras el edificio se trocea para convertirse en un negocio de coliving, el vecindario enfrenta expulsiones y demandas judiciales. De hecho, solo 24 horas después de la rueda de prensa, se celebrará el primer juicio contra Marga Aguilar, una inquilina que lleva más de 30 años viviendo en la Papallona y la primera de las arrendatarias que llega a tribunales. «Este informe confirma que el sistema de vivienda no está hecho para vivir sino para hacer negocio. Cada vez más personas deben abandonar el lugar donde han vivido toda la vida y el culpable no es el pequeño o gran propietario, se trata de un problema estructural», ha remarcado Anna Olesti, vecina del bloque en cuestión y portavoz del SHSC. Olesti ha avisado a las administraciones que no desistirán hasta lograr cambios que protejan a los arrendatarios: «Nos convertiremos en un problema político para el Ayuntamiento. Haremos de cada bloque una trinchera contra el negocio de la vivienda».
A su vez, el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Gerard Mena, ha criticado el papel de las autoridades ante la no aplicación del régimen sancionador a los grandes tenedores y ha pedido responsabilidad a Junts para lograr blindar la regulación catalana para ampliar los derechos de los arrendatarios. «El bloque Papallona es solo un ejemplo más de lo que pasa si no se pone freno a la estafa del alquiler de habitaciones y de temporada […] La administración hace dejación de funciones y abandona a los arrendatarios frente a los monstruos», ha afirmado. Y ha añadido: «Hay miles de personas que no pueden esperar más. Los propietarios saben que seremos una piedra en el zapato».
