La justicia ha avalado la primera multa del Ayuntamiento de Barcelona a una promotora por intentar eludir la reserva del 30% de vivienda protegida en obra nueva o grandes rehabilitaciones. Es uno de los nueve expedientes que el consistorio había archivado y vuelto a iniciar con una nueva estrategia para dar más seguridad jurídica a los procedimientos. El anuncio del archivo ha generado una gran controversia, ya que suponía renunciar a multas conjuntas de al menos tres millones de euros, y el Ayuntamiento ha intentado calmar los ánimos de la oposición —en especial de los Comuns y ERC— asegurando que todos los expedientes continúan “vivos” a través del nuevo procedimiento, que ofrece a los promotores la posibilidad de regularizar la licencia antes de arriesgarse a un expediente sancionador.
La primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Laia Bonet, anunció el lunes que ya había una sentencia favorable al consistorio que avalaba el cambio de estrategia y ahora se saben los detalles. El Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha desestimado el recurso de Alojantis contra una sanción del Ayuntamiento por haber hecho una gran rehabilitación sin destinar el 30% de los pisos a vivienda protegida. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, da la razón al Ayuntamiento en todos sus argumentos. La promotora había presentado un recurso para reclamar la anulación de la orden de derribo de las obras efectuadas sin la licencia correspondiente en un edificio de la ciudad.
Sentencia contundente contra la promotora
El consistorio ya había desestimado un recurso de alzada en noviembre de 2023 contra la multa que le había impuesto meses antes —de la cual no ha trascendido el importe— en el que la promotora denunciaba el objetivo “político” del Ayuntamiento para obligar a cumplir el 30%. También apuntaba al “estrepitoso fracaso” de la medida. Pero el juzgado consideró a principios de año que las opiniones de la promotora sobre las decisiones del Ayuntamiento eran “apreciaciones subjetivas” que no tenían base jurídico-técnica y, por tanto, evitaba hacer ninguna valoración. La sentencia da la razón al consistorio al considerar que las obras cumplían los criterios para considerarse una gran rehabilitación, la finca tenía los metros mínimos para cumplir con la obligación de ceder el 30% a vivienda protegida y que la orden de derribo era proporcionada.
