La Audiencia de Barcelona es esta semana el escenario de un juicio que podría marcar jurisprudencia en la lucha contra los pisos turísticos. Los diez miembros de una mafia dedicada a realquilar viviendas a turistas de forma irregular se sentarán estos días en el banquillo de los acusados para responder a unas penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión por pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad de documento mercantil y documento privado, extorsión y un delito leve de coacciones.
Los hechos que han derivado en el actual proceso judicial tuvieron lugar entre los años 2017 y 2020 en la capital catalana, principalmente en el Eixample y Ciutat Vella. Según el escrito del fiscal recogido por la ACN, los implicados crearon una red con el objetivo de sacar provecho de pisos turísticos ilegales que habían alquilado previamente gracias a toda una serie de documentación alterada. Para hacerlo, los acusados contactaban con propietarios de bienes inmuebles que habían publicitado el alquiler de sus viviendas, formalizaban un contrato de arrendamiento y abonaban la fianza y alguna mensualidad.
En este punto, los supuestos inquilinos dejaban de pagar y realizaban obras sin consentimiento ni conocimiento de los propietarios para aumentar el número de habitaciones y destinarlas al alquiler con fines turísticos, formalizando en algunos casos nuevos contratos de subarrendamiento sin el consentimiento ni conocimiento de los propietarios. Una vez descubierto el engaño, los criminales utilizaban las amenazas para imponer un clima de temor entre los propietarios, que en alguna ocasión habían sido incluso expulsados de sus propios pisos por efectivos policiales.
Un piso de «lujo» para 9 personas de 65 metros cuadrados
El primero de los 48 casos diferentes por los cuales se les juzga tuvo lugar en 2019, cuando una mujer recibió una notificación municipal avisando que su inmueble actuaba como alojamiento turístico sin tener el permiso. Muchos de los propietarios afectados se enteraron de la situación gracias a las quejas de los vecinos de las mismas fincas o porque vieron su piso anunciado en portales inmobiliarios o turísticos.
Uno de los casos más flagrantes es precisamente el de un propietario que comprobó cómo su piso de 65 metros cuadrados se anunciaba como piso de lujo para nueve personas en una de estas páginas. Al entrar en el domicilio vio que estaba lleno de camas de matrimonio. Los turistas que había, de origen asiático, le enseñaron una captura de pantalla con el anuncio y el contrato y le dijeron que habían pagado unos 900 euros por cuatro días de estancia.
