La izquierda política y social ve la compra del Ayuntamiento y Hábitat 3 de la Casa Orsola como una «victoria» de la resistencia social y vecinal. El Sindicato de Inquilinas, que ha encabezado la lucha, ha marcado el día de hoy como un punto de inflexión, aunque también ha acusado a Collboni de haber «rescatado al espectador». Los activistas han criticado el precio de la operación, que rondará los 9 millones de euros. Barcelona en Comú y la CUP han felicitado al Sindicato de Inquilinas y a los vecinos del edificio por la movilización de los últimos años y ERC ha extendido el agradecimiento al defensor del pueblo por su «mediación».
«Collboni ha cedido finalmente ante la presión de la ciudadanía», ha destacado la concejala y coordinadora de Barcelona en Comú, Gemma Tarafa. ERC también ha reivindicado la Casa Orsola como un «símbolo contra la especulación inmobiliaria» y ha constatado que este caso «deja el mensaje de que la vulnerabilidad no es solo que tengas suficiente dinero para acceder a una vivienda, sino que también lo es que no los tengas para acceder al alquiler». «Esto demuestra que se ha estado jugando con Barcelona como si fuera el monopolio», ha remarcado Elisenda Alamany.
ERC ha aprovechado para cargar contra los Comuns por no haber comprado el edificio en 2021. «Nosotros exigimos la compra y todavía no tenemos respuestas claras de por qué no se hizo», ha indicado Elisenda Alamany. Tal como detalló el Tot Barcelona, el ejecutivo de Colau descartó adquirir el inmueble el año 2021 por unos seis millones de euros. En este sentido, Tarafa ha defendido que los Comuns detuvieron «51 Casas Orsola» el mandato anterior mediante el tanteo y retracto.
Batalla política
A pesar de la compra, la oposición ha mantenido la euforia y algunos grupos han aprovechado para defender la normativa del 30%. Los Comuns, los más incisivos, han advertido que Collboni podría usar esta operación como una «cortina de humo» para desmantelar «por la puerta trasera» una de las normativas más relevantes del último mandato. La reserva del 30% para vivienda protegida es una de las grandes apuestas de los ejecutivos encabezados por Colau, pero los socialistas, que también votaron a favor y ahora gobiernan en solitario, mantienen que es poco efectiva y la quieren retocar.
Fuera del Ayuntamiento, la CUP también ha pedido «no ceder a las presiones de los lobbies inmobiliarios» para desmantelar el 30%. La izquierda independentista ha pedido no desviar el foco y ha agradecido a las entidades su lucha. «Nadie, ni siquiera Collboni, debería intentar colgarse una medalla que corresponde a cientos, a miles, de personas y al Sindicato que lo ha hecho posible», ha remarcado la diputada en el Parlamento, Laura Vega, que también ha pedido «no ceder a las presiones de los lobbies inmobiliarios» para desmantelar el 30%.
Poco antes, Junts ha lamentado que Collboni resuelva el caso Orsola «a golpe de talonario». El concejal Damià Calvet cree que estas medidas «perpetúan unas políticas que generan incertidumbre jurídica, no generan la oferta que necesitamos y provocan que la oferta que existe se pueda encarecer».
