El pulso entre el Ayuntamiento de Barcelona y los colectivos que ocupan la antigua Massana continuará en los juzgados. El consistorio -que había fijado la fecha de lanzamiento para el edificio histórico del Raval para este jueves- ha tenido que dar finalmente marcha atrás tras comprobar que el desalojo administrativo no se podía materializar dado que había una «resistencia pacífica» que lo impedía. Así lo han constatado los agentes de la Guardia Urbana y los técnicos de servicios jurídicos que se han desplazado a la plaza de la Gardunya, donde había convocada una acción de protesta.
Según informa la ACN, el ejecutivo encabezado por Jaume Collboni solicitará ahora la orden correspondiente al juzgado para que el desalojo se pueda hacer efectivo. «Una comitiva de técnicos municipales acompañados por la Guardia Urbana han acudido hoy y han constatado la imposibilidad de realizar el desalojo administrativo con garantías, por este motivo se ha decidido iniciar la vía judicial para solicitar autorización judicial para realizar el desalojo», precisan fuentes municipales.
Es importante recordar que los colectivos de la antigua Massana recibieron esta semana el aviso municipal donde se les notificaba la intención de proceder al lanzamiento “haciendo uso de todos los medios coercitivos admitidos legalmente”. El desenlace de este jueves ya se preveía el miércoles ante la negativa de los ocupantes a abandonar el espacio. Aun así, algunos vecinos y miembros de los colectivos sociales decidieron pasar la noche para estar alerta y poder custodiar la puerta de entrada ante un eventual desalojo. Esta resistencia es la que ha llevado al Ayuntamiento a suspender el intento de lanzamiento, una maniobra que permite a los colectivos ganar un poco de tiempo para negociar con el gobierno municipal.
Cuatro años de ocupación y unas elecciones
La trayectoria de ocupación de la antigua Massana se remonta hasta hace cuatro años, cuando los colectivos accedieron al edificio “en el peor momento de la pandemia” para poder abrirlo al vecindario y al barrio. Actualmente, el sindicato de vivienda utiliza el espacio para organizar la lucha contra los desalojos, la red de alimentos da cobertura a la gente más vulnerable del barrio y también hay un gimnasio popular para que los jóvenes puedan hacer deporte y un espacio de asesoramiento laboral. Bajo el mandato de la alcaldesa Ada Colau se iniciaron en su momento negociaciones con los colectivos, que pedían que la cesión se hiciera antes de las elecciones municipales del 2023.
El caso se quedó finalmente en el aire y, con la llegada del PSC al gobierno, la estrategia cambió hacia un posicionamiento más partidario de la recuperación completa del edificio de titularidad municipal que de su cesión. Ahora, sobre un nuevo horizonte de negociaciones que si no fructifican podrían culminar en un desalojo por vía judicial.
