Hace justo cuatro meses, el tejido asociativo de Sarrià protagonizaba una unión de fuerzas unánime sin muchos precedentes en el barrio. La plataforma Defensem Can Raventós -que lleva años luchando por preservar la masía protegida homónima y el jardín que la rodea- presentaba de la mano de la asamblea de entidades de cultura popular el proyecto para transformar este edificio en la Casa de Cultura Popular de Sarrià. La propuesta buscaba un doble objetivo: dar respuesta a la falta crónica de espacios que afecta a agrupaciones como los castellers, que no tienen un lugar donde ensayar de manera digna, y al mismo tiempo lograr que la finca afectada pasase a ser íntegramente de titularidad pública. De esta manera, la plataforma vecinal renunciaba a una parte del jardín en favor de una solución de consenso que desbloqueara el callejón sin salida urbanístico que persigue estos terrenos desde que el TSJC anuló el plan y la licencia otorgada a la inmobiliaria Corp para construir allí 59 pisos de lujo, una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.
Hasta entonces, el ejecutivo barcelonés se inclinaba por una permuta urbanística parcial, que permitía a los promotores inmobiliarios la edificación de más de 1.600 m² de techo en los jardines, flanqueados por las calles de Fontcoberta y Bonaplata. Concretamente, el consistorio compraba la masía señorial del 1848 (con una superficie de 424,85 m² de suelo y 1.065,55 m² construidos) y una parte de la zona verde (1.200,98 m²) mientras que la inmobiliaria se quedaba con la propiedad del bloque proyectado en la calle de Bonaplata, además de dos parcelas que se destinarían a vivienda privada, «con una franja de 5 metros de jardín privado dentro de los 10 metros de separación que fija la ficha del Catálogo de protección del patrimonio, y ni siquiera teniendo que asumir el 30% de vivienda social», tal como denunciaba la plataforma. Todo ello suponía recuperar el edificio como equipamiento público, pero destinando un 30% de la finca a usos privados -con pisos que podrían llegar a costar 2,1 millones de euros- y sin garantías de que la reserva de vivienda protegida se quedara en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.
La propuesta de la plataforma y las entidades de cultura popular -con el apoyo de la Asociación de Vecinos de Sarrià- abría un nuevo escenario en las negociaciones entre la administración y Corp. La permuta total de los terrenos implicaba trasladar el aprovechamiento urbanístico de la inmobiliaria a otros solares, de manera que desde Defensem Can Raventós presentaron también al consistorio un listado con diferentes fincas de la zona disponibles para este traspaso y que permitían mantener este 30% de vivienda protegida en el distrito. La iniciativa parece que agradó al Ayuntamiento. Según ha podido saber TOT Barcelona de fuentes cercanas al caso, el ejecutivo ha dado luz verde al proyecto de la Casa de Cultura Popular de Sarrià y ya está negociando con Corp la permuta total de la masía y los jardines. En concreto, se plantea que este aprovechamiento urbanístico al que tiene derecho la promotora se reparta entre tres solares diferentes: uno calificado de equipamiento de 1.400 metros cuadrados y ubicado en la calle del Monestir y dos más de 500 metros cuadrados cada uno situados al margen de la ronda de Dalt (calle de Isaac Newton), muy cerca de la avenida del Tibidabo. Uno de estos terrenos ya está catalogado urbanísticamente como suelo para vivienda, por lo que se podría comenzar a construir de inmediato. Para los otros dos, antes de edificar se tendría que modificar el Plan General Metropolitano (PGM).
Decisión en manos de la inmobiliaria
Tras conseguir el visto bueno municipal, la iniciativa lleva semanas en manos de Corp, que aún no se ha pronunciado al respecto. Sobre el papel, la permuta con los terrenos propuestos debería tener cierto interés para la promotora, dada la ubicación privilegiada de los nuevos solares y la disputa judicial que acompaña a la finca de Can Raventós. Con todo, desde la plataforma vecinal consideran que la empresa está haciendo todo lo posible para bloquear la iniciativa y mantener sus planes originales solo con algunos ligeros retoques. A la espera de una respuesta oficial de la inmobiliaria, el proyecto de la Casa de la Cultura de Sarrià se mantiene de momento en el aire, a pesar del elevado nivel de consenso con el que cuenta. «Esta precariedad de las entidades lleva demasiado tiempo y se tiene que revertir. La propuesta encaja perfectamente con una de las necesidades más urgentes del barrio», remarcaba hace cuatro meses el portavoz de la asamblea de entidades de cultura popular, David Porta, destacando especialmente el maltrato sistemático al que se ha sometido a agrupaciones históricas como los castellers.
En este sentido, para dar cabida a todas las entidades que lo necesiten, el proyecto ciudadano contemplaba sustituir el edificio de alto standing que Corp quería construir en el extremo de la calle de Bonaplata, aprovechando al máximo el suelo disponible, por un anexo contiguo al recinto de unos 500 metros cuadrados de techo. Este espacio permitiría a los castellers, por ejemplo, poder tener un lugar fijo donde ensayar que se adecue a sus necesidades.
Fuentes municipales consultadas por este medio confirman que la propuesta de permuta total ha sido trasladada a la inmobiliaria, que aún no ha dado respuesta. Las mismas voces indican que el objetivo del Ayuntamiento es que el acuerdo definitivo «materialice una propuesta que permita preservar la masía como equipamiento y el jardín como zona verde, así como garantizar que todas las viviendas se queden en el mismo distrito».
Una victoria judicial cocinada a fuego lento
Cabe recordar que el origen de la disputa por Can Raventós se remonta incluso antes de 2016, cuando Corp presenta su primer proyecto para construir pisos de lujo en esta finca, hasta entonces ocupada por un frondoso jardín. Los vecinos presentaron una primera tanda de alegaciones para detener el plan y salvar la zona verde. Lograron momentáneamente bloquear la edificación, pero el consistorio acabó validando un segundo proyecto de obras en el año 2020. Este contemplaba preservar el edificio, que está catalogado y tiene un nivel de C en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Barcelona, y el vaciado de gran parte del jardín que rodeaba la masía, construyendo diversos nuevos volúmenes en los terrenos. Ante esta amenaza, la plataforma presentó un año después una denuncia a la Oficina Antifraude de Cataluña, donde se alegaba que el proyecto se había llevado adelante con ciertas irregularidades como presuntos conflictos de intereses por parte del equipo de gobierno del momento.
La resolución llegaba en forma de victoria vecinal en noviembre de 2023, casi tres años después del inicio del proceso y cuando las máquinas ya habían arrasado buena parte del jardín. De hecho, solo un dictamen del Servicio de Arqueología de Barcelona, que ordenaba la suspensión de los trabajos después de detectar diversas deficiencias, había logrado hasta entonces interponerse en los intereses de los promotores en octubre de 2023. Lo había hecho cuando la zona verde ya había quedado reducida a una quinta parte de su superficie y con los últimos ejemplares supervivientes afectados tanto por la sequía como por los surcos que debían servir de cimiento para el parking proyectado en los terrenos. La disputa judicial por el contencioso administrativo interpuesto en 2021 seguiría su curso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que también se pronunciaba a favor de la resistencia vecinal y en contra de los recursos de la inmobiliaria. El pulso no culminaría hasta principios del pasado mes de junio con el veredicto igualmente favorable del Supremo, un posicionamiento pionero al que muchas entidades en situaciones similares se aferran confiando que marque jurisprudencias.
