El edificio del número 41 de la calle de la Concòrdia es una rara avis en Barcelona. En este edificio del barrio de Poble-sec conviven desde hace años 13 familias, la mitad de las cuales con un contrato de alquiler social de la bolsa del Ayuntamiento. Tanto los vecinos de estos pisos bajo control municipal como el resto de inquilinos del inmueble -con la excepción de dos contratos de renta antigua- podrían verse obligados a abandonar la que ha sido su casa en algunos casos durante décadas tras la venta de todo el bloque a una inmobiliaria a principios de este 2025. La operación de compra se cerró por un valor de cerca de 110.000 euros por cada vivienda e implica que, cuando finalicen los contratos de alquiler asequible de los afectados en los próximos meses, los nuevos propietarios podrán dejar en la calle hasta cinco familias en situación de vulnerabilidad y la bolsa municipal perderá cinco de sus activos.
Así lo ha denunciado este miércoles en una rueda de prensa frente al edificio el Sindicat de Llogateres, que de la mano del Sindicat de Barri del Poble-sec están tratando de mediar para lograr la renovación conjunta de todos los contratos, tanto los que finalizan en los próximos meses como los dos únicos que ya están vencidos. Este último es el caso de Jaqueline Almadana, una mujer de 49 años que vive en el edificio desde 2011 y que accedió también a través de la bolsa de alquiler municipal. Desde el mes de enero está sin contrato y, a pesar de las promesas de una renovación automática, el cambio de propiedad la ha dejado solo con una demanda de desalojo.
La incertidumbre de los vecinos con contrato de alquiler de la bolsa municipal es compartida con inquilinos que llevan media vida en el edificio como Albert Sancho. Este joyero artesano de 51 años -tercera generación de la familia que se dedica al negocio- lleva 27 años viviendo en uno de los pisos de este inmueble, primero con su padre y las últimas dos décadas solo. Él es autónomo y encontrar una vivienda a un precio que pueda pagar con sus ingresos en el mercado actual es una misión imposible. Su contrato vence el próximo mes de abril. «No tengo otra opción. Pensaba que viviría aquí toda la vida y ahora tendré que ir a vivir con mi madre a los 51 años…», lamenta. Sancho ha hecho cálculos y con lo que ha pagado de alquiler en este edificio ha abonado más dinero que los que la inmobiliaria invirtió para comprar su domicilio.
Derecho de tanteo y retracto no ejercido
Los vecinos han explicado que, a pesar de tratarse de un edificio con la mitad de los pisos en la bolsa de alquiler municipal, el Ayuntamiento no hizo uso en su momento del derecho de tanteo y retracto para hacerse con el inmueble y garantizar la continuidad de estas familias vulnerables. «Este es el ejemplo de un caso en el que la administración tiene la oportunidad de evitarlo y no lo ha hecho. La vecina que lleva menos tiempo llegó hace ocho años al edificio. Gente como nosotros debería poder quedarse», remarca Sancho. En cuanto a la nueva propiedad, más allá de varios burofaxes amenazadores y la demanda judicial presentada contra Almadana, desde el Sindicat de Llogateres denuncian que la actividad de la inmobiliaria -que no ha informado ni siquiera de la adquisición del bloque y tampoco ha respondido a las demandas de negociar la continuidad de los contratos de alquiler- hace pensar que quiere «expulsar» a los inquilinos de las viviendas para obtener «mucho beneficio». Ante esta situación, tanto los afectados como la entidad pro vivienda han reclamado abrir una «mesa negociadora» conjunta para evitar un nuevo caso de expulsión de vecinos en el barrio.
Por su parte, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha advertido que este no es un episodio aislado y que 2026 es un año «crucial» para los inquilinos porque estiman que al menos 119.000 contratos caducan, de los cuales cerca de 32.500 en la capital catalana.
