El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado mediante su derecho de tanteo y retracto un edificio con 11 viviendas en el número 21 de la calle Alió, en el distrito de Gràcia, por 2,1 millones de euros, con rehabilitación incluida. Así lo ha comunicado la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, quien ha celebrado que la adquisición permitirá generar vivienda protegida en un «distrito con mucha necesidad de vivienda pública y con muy pocas posibilidades de construir nueva» y ha remarcado que el coste de la operación supone una reducción del 20% respecto al precio de mercado. “Estamos muy contentos, muy satisfechos”, ha añadido.
Del mismo modo, Bonet ha destacado que con la compra y la consecuente rehabilitación del inmueble –1.088.000 euros de la compraventa y 1.072.677 euros de los trabajos de rehabilitación–, «se recupera un edificio degradado para un uso social y damos respuesta a una demanda vecinal» y se da por finalizado un caso que había «generado muchos problemas a los vecinos» en el pasado. El inmueble había sido fruto de varias ocupaciones ilegales hasta que en 2024 el Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con el distrito, logró que se desalojara.
Posteriormente, según remarca el comunicado emitido por el consistorio, la inspección municipal constató que las viviendas «se encontraban en un estado inadecuado de conservación y salubridad, por tanto, en situación de inhabitabilidad y de riesgo para las personas que las ocupaban» y se procedió al vaciado, limpieza y desinsectación del edificio para «garantizar la salubridad del mismo y de las fincas» del entorno. Así, la compra de la vivienda permitirá sumar estos once pisos al parque público de vivienda. Respecto a la rehabilitación, ha apuntado que a pesar de los cálculos realizados por los técnicos del consistorio, será necesario hacer un estudio exhaustivo y «ver exactamente» cuánto tiempo se necesitará para finalizar las obras.
Bonet: «Una operación única»
Por otro lado, Bonet ha señalado que la compra del edificio de la calle Alió se trata de una «operación única» al haber aplicado el tanteo y retracto en una subasta judicial, algo que nunca había hecho antes el consistorio. «Ejercíamos el derecho de tanteo cuando sabíamos que había una venta, pero no en una subasta judicial. Por primera vez lo hemos hecho y hemos podido materializarlo en un edificio«, ha celebrado la dirigente barcelonesa.
De hecho, el consistorio está trabajando en una nueva ordenanza reguladora del tanteo y retracto, que fue aprobada inicialmente el pasado mes de marzo, con el objetivo de «ampliar el parque público de vivienda de la ciudad y ganar nuevas viviendas en zonas densas con poco suelo disponible». La normativa prioriza la compra de edificios con más de diez viviendas, pisos vacíos o con personas vulnerables, con discapacidad o en barrios con riesgo de gentrificación. En cualquiera de los casos, el precio máximo que puede pagar el Ayuntamiento no puede superar el valor medio de las compraventas en el barrio.
