El Ayuntamiento de Barcelona considera «interesante» de cara a futuras ocasiones la fórmula con la cual se ha llevado a cabo la compra de la Casa Orsola. Así lo ha explicado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de la capital catalana Laia Bonet, aunque ha puntualizado que para que vuelva a ocurrir se deben dar «muchas condiciones» para que pueda ser efectiva. En el caso de la Casa Orsola se consideró que había vulnerabilidad, por el riesgo de desahucio, además de pisos vacíos, una propiedad única y un precio de venta por debajo del mercado. En sus declaraciones a La2 y Radio 4, Bonet también ha recordado que la compra se ha hecho conjuntamente con una entidad del tercer sector, y que, por tanto, el Ayuntamiento de Barcelona no asumirá los 9 millones de euros totales de la compra, sino 4,8 de estos.
Laia Bonet también ha explicado que la compra de Casa Orsola ha puesto sobre la mesa el debate sobre la vulnerabilidad, y que en este caso se ha entendido por el riesgo que existía de ser desahuciado en el actual contexto de crisis de la vivienda que se da en la ciudad, y no por una cuestión de renta como se había dado hasta ahora. «Perder la vivienda hoy en Barcelona en la situación global que hay es estar en situación de vulnerabilidad,» ha comentado Bonet.
El precio de la compra, superior a la oferta de 2021
La teniente de alcaldía no ha querido entrar en el porqué el Ayuntamiento de Barcelona finalmente no compró la Casa Orsola en 2021, Bonet se ha limitado a decir que las circunstancias «eran diferentes» a las actuales. En sus declaraciones, Bonet también ha valorado positivamente que el edificio se ha podido comprar un 30% por debajo del precio de mercado, destacando que ahora el consistorio gastará en esta transacción 4,8 millones de euros, mientras que en 2021 esta operación hubiera tenido un coste de 6 millones de euros para el Ayuntamiento. Desde el año 2015, el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado un total de 1.500 viviendas y ha invertido más de 220 millones de euros.
Por otro lado, Bonet ha defendido la reserva del 30% de la vivienda construida para vivienda pública protegida, pero argumentando que se necesita una reforma que la haga efectiva. En este sentido, ha explicado que desde el gobierno del ayuntamiento de la capital catalana tienen «una muy buena propuesta», y por eso una vez se haya superado el debate de los presupuestos se comenzarán conversaciones con los otros grupos del consistorio para reformar esta medida.
La teniente de alcaldía de Urbanismo ha insistido que desde la entrada en vigor de la medida, en 2018, el ritmo de construcción privada «ha caído en picado». Por eso, ha dicho que la reserva es necesaria, pero haciendo que los promotores «se impliquen» en la promoción de vivienda protegida. Más concretamente, la construcción de nuevas viviendas en la capital catalana cayó más de un 10% durante el año 2024, ya que solo se inició la construcción de 1.151 viviendas, comparado con las 1.291 del año 2023, según apuntan los últimos datos del Estudio de la Oferta de Vivienda de Nueva Construcción presentado por la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE).
