Barcelona ha dado un primer paso para detener los alquileres de temporada. El gobierno de Jaume Collboni y los Comuns presentaron el jueves una propuesta para modificar el Plan General Metropolitano (PGM) para «priorizar» el uso residencial de los alquileres. Una medida «de sentido común» pero «insuficiente» para el Sindicato de Inquilinas, que advierte que la nueva regulación «no cambia nada para las miles de familias que hoy enfrentan expulsiones por parte de los arrendadores y especuladores».
El colectivo considera que la medida presentada por el Ayuntamiento no ataca el problema de raíz porque no implica cambios inmediatos y porque requiere un planteamiento urbanístico posterior si se quiere aplicar una limitación concreta. La propuesta del Ayuntamiento permitiría limitar o restringir la vivienda temporal en zonas concretas mediante una ordenanza, que habría que negociar y aprobar aparte. «Mientras se suceden los anuncios, los vecinos sufren la presión de los miles de alquileres temporales», dice el sindicato.
En este sentido, el Sindicato de Inquilinas insiste en que la mejor manera de atacar y «eliminar definitivamente el fraude de los alquileres temporales» es con una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta herramienta, apunta, es la manera de evitar que los propietarios se «salten» las «regulaciones mínimas de los alquileres de vivienda».
El acuerdo entre el gobierno municipal y Barcelona en Comú ha llegado un día después de que el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) advirtiera que un tercio de las casas destina más del 50% de sus ingresos en Barcelona. Este mismo estudio apunta que el 47% de los hogares no saben si se les ampliará el alquiler y que el 9,4% de las casas de la ciudad tienen un contrato verbal. En este sentido, el grupo de investigación también ha fijado la mirada en los alquileres de temporada, los turísticos y el de habitaciones. IDRA también ve en una ley de ámbito estatal una posible salida.
Junts celebra la medida, con matices
En Sant Jaume, Junts también ha avalado la propuesta presentada por el ejecutivo, aunque desconfía que venga de un acuerdo con los Comuns. El jefe de la oposición en Barcelona, Jordi Martí Galbis, cree que la regulación de los alquileres de temporada «es necesaria, y se ha convertido en una urgencia a consecuencia de los errores que incluye la Ley estatal de la vivienda sobre limitaciones al alquiler, que precisamente impulsaron socialistas y Comuns». Junts también ha criticado que Collboni rechazara una propuesta para elaborar un registro de pisos de alquiler temporal en Barcelona.
