Joan Josep Garcia recuerda perfectamente el 20 de julio de 2025. Ese día se quedó sin luz en el piso que alquila desde septiembre de 2022 en el número 90 de la calle Olzinelles, en el barrio de la Bordeta de Sants. No era la primera vez que ocurría. La propiedad del edificio ya había provocado cortes en el suministro en cuatro o cinco ocasiones mientras intentaba arrancar la instalación eléctrica que alimenta el domicilio de este hombre de 57 años. Esa vez lo logró: el inquilino no ha vuelto a tener luz desde entonces. «Al principio fue muy duro, era como volver a vivir en la cueva. Me cortaron la luz para que me fuera o, si aguantaba, para que lo hiciera malviviendo«, asegura el afectado en una conversación con TOT Barcelona. El inquilino -que está asesorado por el Grupo de Vivienda de Sants– se ha visto abocado a sobrevivir estos ocho meses en una situación extremadamente precaria a pesar de tener contrato en vigor hasta 2027 y una vulnerabilidad acreditada.
La pesadilla particular de este vecino originario del Clot comenzó poco después de acceder al piso de la calle Olzinelles hace ahora cuatro años. Llegó allí después de verse forzado a vender lo que había sido su domicilio hasta ese momento porque no podía pagar la hipoteca. Cuando entró, pagaba 700 euros. A finales de 2023, se le otorgó la vulnerabilidad y el costo del alquiler lo comenzó a abonar la administración barcelonesa a la propiedad, que entonces era un gran tenedor catalán con varios activos en la ciudad. El titular tenía la intención de venderse el inmueble completo y, para forzar a las cinco familias que residían con contrato en vigor a abandonar el edificio, les cortó el acceso al agua. Los vecinos hicieron frente común ante esta situación y con la intervención de los Mossos d’Esquadra y de Agbar consiguieron restablecer el suministro tras tres semanas y obtener contadores particulares. Fue en ese momento cuando los inquilinos se dieron cuenta de que la mayoría de sus domicilios no tenían cédula de habitabilidad.
Tras varios intentos, la propiedad finalmente vendió la finca el 24 de octubre de 2024 a Poliverso Inmuebles, una sociedad limitada constituida solo unas semanas antes de la compra y vinculada a un inversor chino. Lejos de normalizar la situación, los nuevos titulares manifestaron desde el principio su intención de vaciar el inmueble para reformarlo y revalorizarlo. Joan Josep afirma que nunca se le dio la opción de continuar pagando el alquiler a pesar de tener contrato en vigor. Ni siquiera se le facilitó una cuenta donde poder seguir abonando la mensualidad. Solo se le comunicó que debía irse, como también se hizo con el resto de vecinos del bloque. Ante la negativa de los inquilinos, comenzaron las presiones en forma de cortes de luz y agua, silicona en las cerraduras, mensajes amenazadores o cámaras de videovigilancia frente a las puertas. Este acoso inmobiliario que denuncian los afectados coincidió con un empeoramiento de salud de la madre de nuestro protagonista, que se la llevó con él al piso para cuidarla. Sin embargo, con el corte definitivo de la electricidad el pasado mes de julio, la situación se hizo tan insostenible que los Servicios Sociales se hicieron cargo de la mujer, que ha sido internada en una residencia geriátrica de Calella (Maresme).
Supervivencia y denuncias cruzadas
De las cinco familias que vivían en el edificio cuando se realizó la compraventa, hoy en día solo quedan tres. Y una de estas ya ha informado a sus vecinos que está a punto de marcharse. Esto dejaría a Joan Josep y a otro inquilino como únicos supervivientes. En el caso de nuestro protagonista, ha pasado todo el invierno sin acceso a electricidad ni agua caliente. Para poder verse de noche, tiene repartidas por este pequeño piso de una habitación varias lámparas que funcionan con pilas. Una en el baño, otra en la cocina… «He aguantado con velas y gastando pilas como locos. Esto es un malvivir que no entiendes hasta que no lo vives», lamenta. Hasta hace poco solo podía alimentarse prácticamente de comida preparada. Gracias a la ayuda de algunos vecinos del barrio, ahora tiene una pequeña nevera en el domicilio que funciona con baterías y también puede conectar el móvil desde casa. «Cargo las baterías en un bar y luego las traigo aquí», admite. Joan Josep es consciente de que su situación es extremadamente precaria y ha intentado sin éxito encontrar alguna alternativa. Actualmente, cobra una pensión retributiva de 480 euros. Son sus únicos ingresos, lo que hace imposible que acceda al mercado libre.
En cuanto a esta situación de acoso inmobiliario, el vecino ha denunciado las malas prácticas de los titulares en múltiples ocasiones. A pesar de tratarse de una situación flagrante, todas las denuncias han acabado hasta ahora archivadas. No solo no han tenido recorrido las quejas, sino que el inquilino tuvo que ir a juicio después de que la propiedad lo denunciara por defraudación del fluido eléctrico. La vista se celebró el pasado octubre y la acusación le pedía penas de hasta seis meses de prisión. En su sentencia, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona decidía absolver a Joan Josep al considerar que «existe una clara situación de necesidad» y tras constatar que el inquilino no podía acceder al suministro eléctrico de ninguna otra forma. La postura del magistrado iba más allá y veía también demostrada una «mala fe» por parte de la propiedad al cortarle la luz y denunciarlo. «Este callejón sin salida que padece el inquilino ha sido generado claramente por la propiedad y hipotéticamente podría tratarse de un delito de coacciones de carácter inmobiliario con la intención de que se marche del piso por vías diferentes a las legalmente establecidas», se señalaba en la sentencia.
La claridad de esta postura no sirvió para detener la demanda de desahucio por impago que tenía en marcha nuestro protagonista. A pesar de no haberle facilitado ninguna manera de continuar pagando el alquiler, la propiedad se acoge a la ausencia de mensualidades recibidas para solicitar el lanzamiento del inquilino. El desenlace de todo esto, sin embargo, deberá esperar. La jueza que lleva el caso decidió el pasado 13 de marzo aplazar durante cuatro meses el juicio, instando a las diferentes administraciones competentes a proporcionarle al afectado una alternativa de vivienda dada su vulnerabilidad. De momento, no ha habido ningún movimiento en este sentido. «No creo que me dejen en la calle, pero ¿tenemos que esperar al día del desahucio para encontrar una solución?», reflexiona el vecino, que estaría dispuesto a trasladarse a otra zona de la ciudad si no hubiera nada disponible en Sants. A la espera de una resolución para su situación, Joan Josep continuará otro mes sin luz y con el alma en vilo. No hace mucho, intentaron reventarle la cerradura mientras estaba fuera. No lo consiguieron, pero él tuvo que cambiarla. «El miedo que tengo es que algún día salga de casa y luego no pueda volver a entrar», reconoce.
