En 2018, el gobierno de Ada Colau impulsó una normativa que obligaba a los constructores a destinar el 30% de las viviendas de una nueva promoción o de una gran reforma a pisos sociales. La regulación recibió en su momento los votos favorables de Barcelona en Comú, PSC, ERC, PDeCAT, CUP y los concejales no adscritos (Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé). El objetivo era lograr un promedio de 330 pisos de protección al año, pero estas cifras han sido bastante más modestas. Según datos municipales, entre los años 2019 y 2024 se han conseguido solo 26 pisos públicos nuevos, dijo el alcalde Jaume Collboni en el pleno de enero. Y el PSC quiere revisar la normativa, lo cual no ha hecho más que agravar la guerra abierta con los Comuns después de que los socialistas dieran por rotas las negociaciones de los presupuestos para 2025 y decidieran prorrogar las cuentas de 2024. El grupo que ahora lidera Janet Sanz se opone a introducir cualquier cambio en el 30%, pero el PSC tiene suficiente con cerrar un acuerdo con Junts per Barcelona para aprobar una modificación, ya que ambos partidos tienen mayoría en el Consejo Plenario.
La crisis del 30% ha subido de tono cuando se supo que el gobierno del PSC archivó cinco expedientes sancionadores contra promotores por incumplir la reserva del 30%, adelantó el diario Ara. Las multas fueron impuestas en 2022 por el ejecutivo de los Comuns, con sanciones que oscilaban entre los 419.000 y los 735.000 euros. Estos hechos se produjeron en septiembre de 2023, tres meses después de que Collboni fuera nombrado alcalde. Según el Ara, el PSC justifica la decisión en «dudas jurídicas» que expresaría un informe de los servicios jurídicos municipales que no se ha hecho público. La medida tomada no ha gustado nada a los Comuns ni a ERC. Sanz la ha calificado de «estafa a la ciudadanía» y ha recordado que a consecuencia de estos hechos se han perdido 70 viviendas a precios asequibles. Los ecosocialistas han pedido explicaciones urgentes al alcalde, igual que ERC, que además ha solicitado por escrito que el gobierno haga público el informe jurídico que ha servido para tomar la decisión de archivar los expedientes sancionadores, dijo la presidenta republicana en el Ayuntamiento Elisenda Alamany.
Restituir la legalidad urbanística, según el PSC
Ante la tormenta política y las exigencias de los Comuns y republicanos, la primera teniente de alcaldía del área de Urbanismo Laia Bonet ha tenido que comparecer ante la prensa. Ha reconocido que los expedientes se archivaron, pero ha alertado que de haber seguido con la tramitación, estos podían haber terminado con querellas contra el consistorio, insinuando que los Comuns no habían hecho bien su trabajo. Se trata de casos en que los permisos de obras que se habían solicitado no se ajustaban a la normativa y el Ayuntamiento abrió un segundo expediente para que la empresa pudiera volver a la legalidad urbanística. Según el gobierno, con la legalidad urbanística restablecida, se puede imponer una sanción -si se constata el incumplimiento- y que esta no sea anulada si hay un recurso contencioso administrativo. «Los expedientes abiertos sobre posibles incumplimientos siguen vivos y con posibilidad de acabar en una sanción«, ha asegurado Bonet.
Las palabras de Bonet no han convencido a los Comuns. Sanz ha cargado con dureza contra Collboni y ella. De hecho, ha acusado a la primera teniente de alcaldía de «mentir» y ha considerado que si el ejecutivo socialista ha detenido las sanciones ha sido por falta de voluntad política para llevarlas adelante y «complicidad con el lobby inmobiliario». Con los Comuns en el gobierno, Sanz ha detallado que finalizaron dos de los 17 expedientes incoados, lo cual demuestra, a su parecer, que la seguridad jurídica existía. «Se trata de un intento desesperado de tapar el escándalo», ha dicho sobre las palabras de Bonet.
«Generar consensos» para revisar la normativa
Más allá del conflicto abierto por el archivamiento de los expedientes sancionadores, hace unos días Bonet dijo que habían iniciado conversaciones con los grupos de la oposición para «generar consensos» para revisar la normativa del 30%. Para el PSC es completamente necesario. «El ritmo de construcción ha caído en picado», destacó Bonet en una entrevista en el programa Cafè d’Idees de RTVE. En ningún caso, los socialistas han planteado derogar la regulación, pero creen que tal como se aplica en la actualidad no está funcionando y hay que redefinirla. Bonet recordó que se esperaban unos 2.000 pisos sociales y solo se ha construido una veintena larga. Hay licencias para otros 80 y están en trámite permisos para hacer unos 50 más.
PSC y Comuns también chocan en este punto y la formación que hasta hace pocos meses lideraba Ada Colau en el Ayuntamiento muy probablemente votará en contra de los planes del gobierno de modificar la norma. «Esta medida garantiza que el 30% de las fincas nuevas o rehabilitadas de toda la ciudad se destinen a vivienda protegida, es decir que no se puedan vender a precio de mercado», defiende Barcelona en Comú en un post en Instagram protagonizado por la concejala Lucía Martín. En su opinión, los promotores inmobiliarios quieren eliminar el 30% porque solo piensan en obtener el máximo beneficio a costa del derecho a la vivienda, y Collboni y Junts quieren darles «vía libre para continuar especulando y expulsando» a los vecinos de su casa, especialmente en los barrios más céntricos.
Junts: «Collboni tiene la modificación de la norma desde el inicio del mandato»
Con los Comuns en contra, Collboni tendrá que cerrar un acuerdo con Junts para revisar la norma. No obstante, el concejal Damià Calvet ha criticado al PSC en declaraciones al TOT Barcelona. «Collboni es víctima de su propia irresponsabilidad. Desde el inicio del mandato que tiene sobre la mesa la modificación de la norma. Y no lo ha hecho y no lo está haciendo porque ha primado los cálculos políticos partidistas y sus necesidades de llegar a acuerdos, ya sea para aprobar los presupuestos o para aprobar las ordenanzas fiscales, entre otros aspectos. Lamentablemente, la ciudad de Barcelona no es la prioridad de Collboni. No hay rumbo, ni modelo, ni proyecto. Solo la silla», ha subrayado Calvet.
Desde Junts no han entrado a valorar la guerra de cifras de expedientes sancionadores que están abiertos, en trámite o archivados, o si estos están pendientes de cobrar o las sanciones han caducado. «Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento son los mismos en los años 2022, 2023, 2024 y 2025. En Barcelona, las normas están para que se cumplan. Y el Ayuntamiento tiene la responsabilidad y la obligación de perseguir a los infractores. Creemos que hay que llegar hasta el final y pedir al gobierno municipal del PSC que asuma responsabilidades si hay alguien que no está haciendo el trabajo que le corresponde», ha indicado el concejal de Junts.
Un «desastre urbanístico», dice el PP
Quien se ha mostrado contrario a que la norma del 30% siga vigente es el PP. El presidente de los populares en el consistorio Daniel Sirera lo ha calificado de «desastre urbanístico». «Ha resultado ineficaz para construir vivienda en Barcelona y hay que eliminarla. Que en seis años se hayan construido 26 viviendas -públicas- es una cifra aceptable para un pueblo pequeño, pero ridícula para una ciudad como Barcelona, lo cual demuestra que la reserva del 30% no ha funcionado».
Edificios con dos accesos diferentes
Hace unos días, la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) culpó a la reserva del 30% de que la construcción de obra nueva cayera un 10% en Barcelona el año pasado, una cifra que contrasta con el incremento del 8% en el resto del territorio catalán. El presidente de la APCE Xavier Vilajoana pidió al alcalde que «se ponga las pilas» en la modificación de la norma. «Estamos pendientes desde hace un año y medio. Esperamos que sea una realidad muy pronto«.
El viernes pasado, la vicepresidenta de la APCE Elena Massot llegó a plantear que los edificios afectados por la normativa del 30% se construyeran con dos accesos diferentes, uno para las personas que compran las viviendas a precio de mercado y otro para los ciudadanos con un piso de protección oficial en el inmueble. En un comunicado de este lunes, la APCE se ha desmarcado de las palabras de Massot y «rechaza frontalmente» la propuesta que la empresaria hizo «a título personal». La APCE «nunca ha planteado, ni valorado o estudiado ninguna propuesta en esta línea o similar».
