La Casa Orsola ha establecido un precedente en la lucha de los inquilinos contra los fondos buitre. La contundencia vecinal, las movilizaciones masivas y una decisión sorpresa del Ayuntamiento, que ha cerrado la polémica financiando parte de la compra del inmueble, ejemplifican la relevancia de una de las crisis más destacadas desde la pandemia. Los precios del alquiler –que en Barcelona aún supera los 1.000 euros mensuales de media a pesar de la última bajada del 8%– ocupan el debate, social y político, pero los problemas de la vivienda tienen otras derivadas a menudo ocultas. Los vecinos del Besòs, la Pau, Trinitat Vella y el Carmel han alzado la voz esta semana, alertando que hay 8.000 pisos en Barcelona con “deficiencias de construcción graves” que no tienen fecha para ser reformados.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Miquel Borràs, explica que muchas de las familias afectadas están en peligro de “perder la vivienda” sin tener ninguna alternativa. Están atrapados: su piso presenta patologías estructurales graves y no pueden venderlo, pero son propietarios y tampoco optan a un alquiler asequible. Una situación que genera “confusión” y que les hace “perder la esperanza”, admite el activista. En rueda de prensa, esta semana, una de las vecinas históricas del Carmel, Custòdia Moreno, defendía que “es importante que haya vivienda nueva” para solucionar la crisis residencial, pero advertía que eso no puede ocultar la necesidad de «rehabilitar lo que ya existe«. “Ahora todo el mundo está preocupado por la vivienda, nosotros llevamos 50 años preocupados”, denunciaba.
La debilidad de estos pisos se arrastra desde hace años y los gobiernos han encadenado diferentes planes estratégicos que no han funcionado. La prueba piloto impulsada en el barrio del Besòs el año pasado gusta desde un punto de vista teórico, pero ha acumulado muchos retrasos y solo transforma una cantidad más que anecdótica de pisos. Teniendo en cuenta los 8.000 viviendas que exponían los vecinos el jueves pasado, los pisos de la prueba piloto –10 comunidades, 192 viviendas– suponen el 0,024% de los afectados.
Las comunidades que no están incluidas en este plan pueden acogerse a la autogestión, un modelo que cede la iniciativa de la reforma a los vecinos con la asesoría de un técnico municipal y subvenciones. La conclusión de los cuatro barrios presentes en la rueda de prensa del jueves es clara: el modelo solo funciona si el Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) tiene claras las indicaciones y en aquellos casos en que la comunidad está cohesionada. Excluye, en cambio, “las comunidades sin cohesión o con familias vulnerables”, defendía el miércoles Tereixa Pardo en un reportaje del Tot Barcelona.
Tres o cuatro mandatos para solucionarlo
La Custòdia Moreno es la más gráfica. Describe estos planes como el coche de un anuncio de Mercedes que “falla a la hora de la verdad”. “Es de agradecer que salgan todos estos planes, pero si después, por una mala gestión, hay bloques que se han quedado sin rehabilitación, no sirven”, concluye. El presidente de la FAVB, Miquel Borràs, ha pedido que la gestión de las reformas sea pública y con líneas de crédito también públicas.
El alcalde Jaume Collboni, en el último pleno de Barcelona, ha defendido que el ejecutivo está llevando a cabo 639 proyectos de obra, cuya ejecución sitúa en cambio de cara al próximo mandato. Los vecinos, además, aseguran que muchos de estos proyectos han terminado en nada porque algunas comunidades no tienen recursos para solicitar un aval bancario que les permita optar a las ayudas. Por otro lado, el concejal de Sant Martí, David Escudé, ha avisado que un proyecto de renovación urbana como el que necesita el Besòs requiere tres o cuatro mandatos para ejecutarlo. Pero vecinos y administración por ahora no se han puesto de acuerdo sobre cuál es la mejor vía.
