La modificación del 30%, la normativa que obliga a los promotores a reservar este porcentaje para vivienda social en los edificios de nueva construcción y en las grandes rehabilitaciones, comienza a tomar forma. La propuesta que el gobierno de Jaume Collboni ha puesto sobre la mesa de los grupos municipales deja prácticamente fuera las grandes rehabilitaciones, ya que aumenta el porcentaje de aplicación de los 600 a los 1.500 m².
Collboni busca cerrar un acuerdo con Junts per Barcelona para aprobar la modificación. Los Comunes ya han dicho que no apoyarán ninguna modificación de una normativa que ellos impulsaron en 2018 -y se aprobó con los votos del gobierno de Ada Colau, PSC, Junts (entonces PDeCAT) y ERC-, el PP no quiere ningún cambio sino eliminar la obligación de reservar ningún porcentaje de suelo. Y ERC asegura que nadie está hablando con ellos desde hace meses sobre este tema, aunque el gobierno municipal quiere que el partido independentista se sume al pacto. Elisenda Alamany, la presidenta republicana en el consistorio, ya ha dicho públicamente que difícilmente la propuesta del PSC podrá contar con sus votos. Finalmente, la iniciativa no pasará este jueves por la comisión de gobierno y, por lo tanto, no se debatirá en la comisión de Economía de la próxima semana.
Críticas de los Comunes
PSC y Junts suman la mayoría del pleno, pero el grupo que encabeza Jordi Martí Galbis ha puesto como condición para aprobar la modificación diferentes propuestas en el ámbito de la vivienda y reducir el IBI un 4% el próximo año. ERC ha manifestado que una reducción del IBI es para ellos una línea roja. Y los Comunes opinan que la propuesta de Collboni rompe con el principio de esta medida, pensada para ir contra la especulación, y sostienen que el alcalde se alinea con Junts y el sector inmobiliario.
Un cambio de uso en el inmueble
En la propuesta de Collboni, a la cual ha tenido acceso TOT Barcelona, el gobierno socialista solo deja dos excepciones en las grandes rehabilitaciones, en las cuales sería de obligado cumplimiento la norma: cuando se produzca un cambio de uso en el edificio a vivienda plurifamiliar -en aquellos casos en que los cambios de uso se apliquen a 600 m² de techo o más-, y en divisiones horizontales en fincas de propiedad vertical, con la excepción si los inmuebles han sido reformados en los últimos 10 años, cuando no sería necesario aplicar la regulación. Con este cambio, el número de fincas afectadas se reduciría considerablemente. Con la normativa actual en las manos afecta a unos 4.000 inmuebles.
En barrios limítrofes o en parcelas públicas
El gobierno sí que mantiene aplicar la normativa del 30% en edificios de nueva construcción de 600 m² o más, y también en aquellos que se amplíen. Pero a diferencia de ahora, cuando es obligatorio ubicar la vivienda social en la misma finca, Collboni abre la puerta a que el 30% se construya en otros solares del mismo barrio o de barrios limítrofes, en viviendas construidas que estén vacías del mismo barrio o en parcelas públicas con techo de vivienda pública en cualquier punto de la ciudad, expone el texto del gobierno presentado a los grupos.
Esto se haría mediante un cambio del artículo 73 de la Carta Municipal (la Constitución de Barcelona), habilitando un registro de las transferencias de aprovechamiento urbanístico y con un acuerdo de transferencia de aprovechamiento urbanístico, «con equivalencia de valores, con control previo municipal e información pública». Este hecho se traduce en que si el promotor hace uso de esta posibilidad debería pagar al Ayuntamiento la compensación económica correspondiente que el gobierno de la ciudad destinaría a ampliar el parque público de alquiler asequible.
