La apertura del restaurante La Madurada es probablemente la metáfora perfecta de lo que está ocurriendo en la Casa Vidal, el edificio histórico que albergaba el antiguo Versalles. Donde antes había un bar de pueblo, ahora hay un restaurante más exclusivo, con precios entre 15 y 22 euros por plato. Se come muy bien, comentan quienes han ido, pero ya no es el Versalles del mítico Pere Heredero, es otro estilo. En las plantas superiores, la situación también ha cambiado: cada vez hay menos vecinos, reemplazados por extranjeros –la mayoría jóvenes– que pasan una temporada en Barcelona. Los antiguos propietarios, una familia de tres hermanos, han vendido la finca, y los nuevos han acelerado las viviendas compartidas de uso temporal (en inglés, coliving). Ya hay una, con precios de entre 640 y 940 euros por habitación, y los albañiles trabajan para reformar dos más.
La Casa Vidal tiene 13 viviendas, de las cuales cinco se han quedado vacías. Los inquilinos que había de renta antigua han fallecido y sus viviendas se transformarán en cohousing. Las próximas semanas ya se habrán habilitado tres y todo parece solo el inicio. La propiedad solo ha indultado el restaurante y la academia de inglés que hay en el primer piso, que ha aceptado una subida de un 30% del alquiler. De hecho, según ha podido saber este diario, la nueva propiedad ya ha enviado un burofax a los vecinos cuyo contrato termina el próximo verano informando que tendrán que marcharse. Les ofrece la posibilidad de negociar, pero siempre a partir de los 2.000 euros mensuales. “Aunque pudiéramos permitírnoslo, son pisos antiguos y que no valen tanto”, han comentado al TOT algunos afectados, que prefieren mantenerse en el anonimato. Hasta ahora, estos vecinos pagaban unos 1.500 euros o menos por vivir en el corazón de Sant Andreu.
Cambio de propiedad en verano
Los cambios comienzan el verano pasado: los hermanos Quer Font, quienes según explican los mismos vecinos llevaban tiempo buscando un comprador, logran por fin traspasar la propiedad de la empresa que gestiona los inmuebles de la Casa Vidal. Según figura en el registro mercantil, el abogado Andrés Blay Blanc, que gestiona un bufete de abogados especializado en el mercado inmobiliario, asume la administración única de la empresa MQF S.L el 25 de junio de 2024. En declaraciones al TOT, Blay se ha desmarcado de los cohousing y de las quejas vecinales. “Como gestores de la finca no tenemos nada que ver y tampoco nos consta que haya ningún problema con los vecinos”, se ha limitado a responder durante la llamada con este diario.
Ni el bufete de abogados ni los antiguos propietarios, con quienes también ha hablado este diario, quieren detallar quién está detrás de la compra. Sea como sea, lo que es público es que la empresa Aspai Coliving S.L, que tiene 15 apartamentos de este estilo en Barcelona, está gestionando las nuevas viviendas compartidas que están apareciendo. Fuentes municipales contactadas por el TOT admiten que la propiedad está “alquilando las habitaciones por separado” y que, para este tipo de actividad, la normativa “no requiere ninguna licencia específica”. Y algunos de los trabajadores que están realizando las obras también detallan que se está haciendo una reforma integral de las viviendas, con baños y cocina nuevos, y que para ello se han derribado algunas paredes. «Creo que quieren hacer hoteles», ha dicho uno de ellos en una de las visitas del TOT.
En internet, la empresa que gestiona las habitaciones destaca los “techos altos”, el escritorio apto “para estudiar o teletrabajar” y el balcón “privado”. Así se vende concretamente una habitación de 940 euros mensuales y 13 metros cuadrados que tiene “Smart TV de 55″ 4K, armario con concepto abierto, calefacción y cerradura en la puerta”. Sobre Sant Andreu, la empresa resalta “las calles recién empedradas, plazas tranquilas, parques verdes y ambiente acogedor”. “Una experiencia auténtica lejos del bullicio turístico”, detalla la descripción del piso.
Rechazo del tejido vecinal
Los vecinos ven con temor esta nueva etapa de la Casa Vidal, que está transaccionando progresivamente en el mercado de habitaciones. Por ahora solo se han hecho dos excepciones con los dos negocios que históricamente ha habido en la finca. El más mediático, el Versalles, ha cambiado de manos. A inicios de junio cerró el antiguo bar –que pagaba 10.000 euros mensuales de alquiler– y el empresario Ferran Ballús, que regenta dos locales más en Horta y en la calle de Enric Granados, asume ahora el costo con La Madurada. El nuevo administrador de la finca, el abogado Blay Blanc, quita hierro al asunto, remarcando que el antiguo dueño “no pudo con el negocio y lo traspasó”. El otro negocio que amplía el alquiler es la escuela de idiomas del primer piso, un negocio familiar que lleva tres décadas allí. El director de la academia, Jordi Casals, se muestra “agradecido” pese a la subida porque el nuevo contrato, dice, le permitirá al menos llegar a la jubilación.
La transformación de la Casa Vidal pone de manifiesto una realidad que el movimiento activista por la vivienda advierte que se está extendiendo a los barrios periféricos. De hecho, el vecindario de Sant Andreu ve con temor que la realidad que vive una parte del Eixample –donde el vecindario ha denunciado la compra de más de 200 fincas con fines «especulativos”– se extienda a su barrio. En conversación con el TOT, el presidente de la AVV Sant Andreu de Palomar, Miquel Ruiz, reniega de operaciones como estas porque «rompen con la idiosincrasia de Sant Andreu». «Es prácticamente la única gran finca modernista que tenemos aquí y no nos gustaría que se transformara en pisos para turistas. Queremos que la gente pueda seguir viviendo en Sant Andreu y que no se acabe con el talante de pueblo que siempre ha habido», menciona.
Un vacío legal
Aún con el caso de la Casa Orsola reciente, la mayoría de analistas insisten en que el alquiler de temporada y de habitaciones es ahora mismo un vacío legal que no regula ninguna ley ni ordenanza municipal y que, por tanto, las empresas en cuestión pueden acogerse a él. En mayo del año pasado, la Diputación Permanente del Parlamento votó en contra del decreto ley impulsado por el Gobierno Aragonés para regular este tipo de arrendamiento en las zonas calificadas de vivienda tensionada con el voto en contra de Junts, Vox, Ciudadanos y PP y la abstención de PSC. Los partidos tampoco se han puesto de acuerdo en el Congreso de los Diputados para regular esta actividad.
