El calificativo de nueva Casa Orsola pesa. No solo por la importancia que tuvo la cruzada iniciada por los vecinos del edificio de Nova Esquerra de l’Eixample, sino también por el símbolo en que se acabó convirtiendo su comunidad. Un ejemplo del poder ciudadano frente a los fondos buitre, como el mito de David contra Goliat. No es casualidad que el movimiento pro-vivienda decidiera el pasado mes de septiembre que la nueva campaña contra la especulación inmobiliaria tendría como punta de lanza la finca del número 41 de la calle de la Concòrdia. Las trece familias de este inmueble ubicado en el Poble-sec se plantaron contra los nuevos propietarios del bloque, la inmobiliaria Urbe Enginova, que lo compró a principios de 2025 por 1,8 millones de euros con la intención de reformarlo y revalorizarlo. La primera medida de los nuevos titulares fue enviar burofaxes a los inquilinos con una fecha más próxima de vencimiento de contrato para informarles de que no se les renovaría.
Ante esta situación, los afectados -la mitad de los cuales con un contrato de alquiler social de la bolsa del Ayuntamiento en vigor– decidieron movilizarse de la mano del Sindicat de Llogateres. Su presentación en sociedad como bloque en lucha fue el 17 de septiembre en una rueda de prensa, donde se marcaron como objetivo evitar que tanto los vecinos de esos pisos bajo control municipal como el resto de inquilinos -con la excepción de dos contratos de renta antigua- acabaran forzados a abandonar sus domicilios. En el caso concreto de las viviendas con alquiler social, el vencimiento de los contratos sin una renovación implicaba dejar en la calle hasta cinco familias en situación de vulnerabilidad, además de la pérdida de cinco de los activos de la bolsa municipal. La situación era aún más grave si tenemos en cuenta que la administración podría haber hecho uso en su momento del derecho de tanteo y retracto para hacerse con la finca y garantizar la continuidad de los afectados, que si los echan vuelven a la lista de espera para acceder a un piso social o dotacional.
Cuatro meses después, este edificio del Poble-sec ha vuelto a ser noticia. No lo ha hecho por la ejecución de ningún desalojo ni por la llegada a ningún acuerdo con la propiedad para la renovación de los contratos. Lo ha hecho como impulsor de la segunda denuncia colectiva por acoso inmobiliario que se ha presentado en todo el Estado. Los vecinos han seguido el camino abierto por los inquilinos del número 7 de la calle de Tribulete, en el barrio madrileño de Lavapiés, los primeros que lograron imputar a un fondo buitre por esta tipología penal. Un juzgado de la capital española admitió a trámite la demanda de los afectados a principios de este mes de enero y el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha hecho lo mismo con el caso del inmueble de la calle de la Concòrdia. Si en el caso madrileño la razón de la denuncia fueron unas obras de la propiedad que provocaron inundaciones y otros desperfectos que dejaron los pisos inhabitables, los inquilinos del Poble-sec acudieron a tribunales después de estar más de un mes sin ascensor en la finca.
39 días sin reparar y empresa de desokupaciones
La demanda de los vecinos del 41 de la calle de la Concòrdia se interpuso el pasado noviembre, pero los hechos se remontan hasta el 6 de octubre. Ese día se estropeó el ascensor del edificio, complicando la movilidad tanto de las personas mayores que viven allí como de los inquilinos con dificultades para desplazarse. Según relatan los afectados, el mismo día solicitaron a la propiedad la reparación del aparato. Ante la falta de respuesta de los responsables, decidieron ellos mismos contactar con la empresa encargada del mantenimiento de la finca, que dos días después envió a la propiedad un correo con los inquilinos en copia donde se detallaba un presupuesto de 2.000 euros para arreglarlo. La incidencia se podría haber solucionado en unos quince días, pero pasadas dos semanas, aún no había una respuesta oficial por parte del titular del bloque.
La comunicación no llegó hasta pasados 35 días después, cuando la propiedad respondió alegando que se estaba haciendo un cambio en la empresa de mantenimiento. Más allá de la falta de información, desde la compañía que debía encargarse inicialmente de la reparación se aseguró a los vecinos que no se les había informado en ningún caso que se quisiera dejar de contar con sus servicios. Los inquilinos tuvieron que esperar aún cuatro días más hasta que se empezó a solucionar la incidencia. Es decir, estuvieron un total de 39 días sin que nadie viniera a arreglar el ascensor. Según relatan los afectados, la situación de algunos inquilinos llegó a ser insostenible, ya que hay personas que necesitaban el aparato para poder salir de casa. De modo que durante este período no pudieron hacerlo. Se tuvieron que cancelar vacunaciones o visitas médicas para el seguimiento de enfermedades crónicas, entre otros ejemplos.
❌ VERGÜENZA
— Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) October 27, 2025
2 semanas sin ascensor. Algunas de las 14 familias de Concòrdia 41 no pueden salir de casa. Urbe Enginova, fondo buitre que compró la finca y que tiene la obligación de hacer la reparación, no contesta a los inquilinos. pic.twitter.com/WNwU8Q8XXf
Todos estos problemas médicos e inconvenientes derivados de la incidencia con el ascensor han sido incorporados a la denuncia a través de los informes de los respectivos médicos de cabecera de los inquilinos. De hecho, la normalidad no volvió a la finca hasta el pasado 25 de noviembre, cincuenta días después de que se estropeara. La demanda también señala la «falta de responsabilidad respecto al mantenimiento de la finca» por parte de la propiedad y el abandono de sus deberes legales, como responder los correos de los vecinos, la limpieza y las reparaciones. Desde el Sindicat de Llogateres consideran que todo esto forma parte de una «estrategia deliberada» por parte de la inmobiliaria Urbe Enginova para «echar» a los inquilinos. Sustentan este argumento en los burofaxes ya enviados a los inquilinos y en la contratación de una empresa vinculada a las desokupaciones para «presionar e intimidar a los vecinos y provocar el abandono de sus pisos».
