Josefa viste de negro. Lo hace desde que su marido Antonio falleció el pasado mes de junio a los 81 años después de luchar contra un cáncer durante algún tiempo. Solo siete días antes del deceso, esta pareja había logrado detener in extremis el desalojo del piso donde vivían desde hacía casi ocho años en el número 2 de la calle de la Pau, en el barrio barcelonés del Besòs y el Maresme. Era el tercer intento y ni siquiera la crítica situación del hombre, que ya estaba en cuidados paliativos en ese momento, evitó que la familia viviera con la angustia de perder su hogar hasta el mismo día del lanzamiento. «Mantuvieron el proceso hasta el final. Es una pena todo esto, estoy destrozada«, dice la mujer de 72 años, que no puede evitar emocionarse al recordar el momento.
El matrimonio había accedido en 2018 a la vivienda, que era propiedad del Banco Santander y llevaba años vacía. Pagaron 3.000 euros por las llaves. Al cabo de aproximadamente un año, la Agencia de la Vivienda de Cataluña compró el domicilio. Lo que podría haber servido para regularizar su situación no hizo más que agravarla. En 2020 se inició el procedimiento de expulsión de la pareja por la ocupación de un piso de titularidad pública. Antes del lanzamiento del pasado mes de junio, la movilización vecinal logró detener otro en la puerta durante el otoño de 2023. Este mismo miércoles tienen fijado el cuarto intento de desalojo. Ahora sin Antonio, pero con su viuda a cargo de uno de los hijos de la pareja, que es dependiente y sufre alcoholismo severo. Los únicos ingresos que tiene la familia son los 1.000 euros de la pensión por viudedad. Aunque cuentan con los certificados de vulnerabilidad otorgados, el proceso sigue en marcha y podrían acabar en la calle el miércoles si no se vuelve a suspender a última hora el lanzamiento.
La situación de esta familia es aún más grave si tenemos en cuenta que no disponen de ninguna alternativa de vivienda a su alcance. Josefa ha sido excluida de la mesa de emergencia del Ayuntamiento de Barcelona, el único recurso que tiene para acceder a una vivienda social que pueda permitirse con sus recursos económicos. Desde la Agencia de la Vivienda de Cataluña consideran que, como está ocupando un piso de propiedad pública, no tiene derecho a optar a otro. Sin embargo, tampoco se le permite regularizar la situación y quedarse donde está. Esto deja a la mujer en el limbo, ya que no puede ni encontrar un nuevo domicilio en el mercado libre ni entrar en el circuito público. Solo puede hacer uso de los alojamientos temporales de urgencia, como albergues u hostales. La posición de la administración tampoco tiene en cuenta que el piso estaba vacío cuando entraron a vivir y que el matrimonio ya residía allí desde hacía al menos un año cuando pasó a manos de la Generalitat.
En la calle después de convivir con tu maltratador
El de Josefa no es un caso aislado. En el barrio vecino de la Verneda y la Pau, encontramos una situación prácticamente idéntica sobre el papel. La protagonista es Chaymae, una joven de 23 años que desde hace dos años y medio reside en un piso de la calle Felip Martí Alpera. Su domicilio también había sido propiedad de un gran tenedor -un fondo inversor- y acabó hace unos años en manos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Cuando ella lo ocupó con su expareja y el hijo de ambos de pocos meses, el piso estaba vacío y blindado. Poco después de convivir, se produjo el primer episodio de violencia machista. Ella lo denunció, pero su demanda no fue admitida. Su caso fue uno de los que cayó en manos de la jueza Francisca Verdejo, la delegada barcelonesa de los juzgados de violencia contra la mujer señalada por múltiples víctimas por «maltrato institucional«. Fue necesaria una segunda denuncia para conseguir la custodia del entonces bebé, que ahora tiene tres años, y una orden de alejamiento. Hasta la resolución judicial definitiva, Chaymae tuvo que convivir con su maltratador en el mismo domicilio.
Como no tenía a nadie que cuidara al pequeño, ella tuvo que dejar su trabajo como auxiliar de enfermería. Ahora cobra unos 400 euros de la renta garantizada y unos 400 más de la dotación como víctima de violencia machista. «No nos engañemos, cuando ven mi nombre y que tengo un niño pequeño, nadie me quiere alquilar nada. Me dicen que me vaya fuera de Barcelona, pero sin un aval y un contrato ¿cómo puedo permitirme un piso?», se pregunta. Como en el caso de Josefa, la joven ha quedado excluida de la mesa de emergencia porque ocupa un piso propiedad de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Gracias al certificado de vulnerabilidad, su lanzamiento fue suspendido y ella se pudo acoger a la moratoria de desalojos hasta el próximo mes de diciembre. Sin embargo, cuando llegue esta fecha, si no tiene ninguna otra alternativa a su alcance, tendrá que ir con su hijo menor a un albergue. Aunque el piso tiene muchos desperfectos y problemas graves de humedades, la mujer pide poder quedarse al menos hasta que pueda volver a trabajar y permitirse una vivienda digna. «Alquílenme el piso. Pago lo que sea si así puedo dormir tranquila», señala dirigiéndose a la administración catalana.
Un doble castigo que perpetúa la vulnerabilidad
Ambas afectadas han accedido a contar su caso al TOT Barcelona. Lo han hecho en las puertas del número 2 de la calle de la Pau, donde se ha formado un coloquio improvisado alrededor de unas sillas plegables entre las familias, otros vecinos del barrio y miembros del Sindicato de Vivienda de la Verneda – El Besòs, que asesora y acompaña a las inquilinas. «Al final, ¿qué? ¿Os echan?», preguntaba uno de los transeúntes. «Los expulsarán de aquí para que entre otra persona y ellos pasen al final de la cola… Será que la Generalitat no tiene pisos vacíos», reflexionaba otra. «Aquí solo han venido a pedirnos los extractos bancarios. Nunca han dicho nada de regularizar la situación o de hacernos un alquiler. Tenemos la sensación de que no han mirado ninguno de los papeles [en referencia a los certificados de vulnerabilidad]», lamenta Antonia, la hija de Josefa. Ella ha sido el gran apoyo de la viuda desde que su padre murió. «Mi madre no hace más que llorar y yo aguanto como puedo. Vivo en un piso de dos habitaciones y tengo una hija de 16 años, no puedo llevármelos conmigo, pero estoy aquí cuidándolos casi las 24 horas», explica esta mujer de 56 años.
Ni los afectados ni el vecindario entienden por qué la administración no les permite al menos acceder a la mesa de emergencia. «Esta medida punitiva solo ocurre en Barcelona. Se castiga a personas vulnerables que ocupan un piso público como si buscar un techo fuera algo malo. El doble castigo -desalojo y exclusión de la mesa- no tiene una explicación racional y deja a los afectados en un callejón sin salida», apuntan desde el Sindicato, que consideran que el reglamento no puede aplicarse con la misma rigidez en situaciones tan delicadas como las de estas dos familias. La entidad pide a la Agencia de la Vivienda de Cataluña que recapacite y paralice los dos procesos de lanzamiento, permitiendo que las familias se queden hasta que puedan acceder a un piso de la mesa. «Creemos que la Generalitat no debería desalojar cuando no hay alternativas y hay situaciones de vulnerabilidad como estas. Es una irresponsabilidad«, remarcan. Además, en el caso concreto de Josefa, denuncian que la administración está llevando adelante el proceso con información desactualizada, sin tener en cuenta, entre otros factores, que la inquilina es una viuda de 72 años con un hijo a cargo.
Desde el Sindicato alertan que situaciones como estas se dan porque el parque de protección oficial disponible es insuficiente para dar cabida a la enorme demanda y lamentan que desde el Gobierno no se estén destinando suficientes recursos ni al mantenimiento de las viviendas ni a garantizar que estas estén ocupadas por inquilinos. También recuerdan que en el reglamento de la mesa de emergencia se indica que cuando un inquilino con certificado de vulnerabilidad y apuntado en la lista como solicitante ha vivido más de dos años en un piso, su caso debe ser valorado y regularizado. Así se hace en muchos de los expedientes que llegan a manos del Ayuntamiento. Fuentes de la Agencia de la Vivienda de Cataluña consultadas por este medio se han limitado a indicar que, en estos dos casos concretos, la administración ya ha dado respuesta a las familias por el curso correspondiente.
