Jenifer fue una de las tantas víctimas de la crisis de 2008. Hacía poco que se había comprado un piso y la cuota mensual de su hipoteca terminó subiendo hasta los 1.800 euros. «Me lo quitó el banco, pero es que era pagar o comer«, lamenta esta vecina de 44 años de la Verneda i la Pau. Pudo mudarse entonces a un piso que tenía su hermana, pero, para evitar problemas con la administración, lo puso a nombre de su actual expareja. Todo fue de mal en peor cuando comenzó a sufrir violencia machista. Lo denunció, pero, como el domicilio estaba a nombre de él, ella y su hijo menor de edad tuvieron que buscarse la vida.
«Él no quería saber nada del pequeño y me pudo echar como si fuera una ocupa en precario […] Perdí el piso que mi hermana había conseguido pagar con el esfuerzo de toda una vida», explica sin poder evitar emocionarse. Se vio en la calle y, a pesar de buscar desesperadamente una vivienda que pudiera pagar con su sueldo, no encontró nada. Fue entonces cuando algunos vecinos del barrio, que eran conscientes de su situación, le avisaron de que había un piso de alquiler social vitalicio en la Via Trajana que había quedado vacío tras la muerte del último inquilino.
«Cuando una persona toma una decisión así es por desesperación. Lo hablé con mi hijo, pero él solo quería poder tener un techo donde vivir con su madre. Así que no lo pensé dos veces», admite la mujer. Lo primero que hizo después de entrar al domicilio fue presentarse ante la Agencia de la Vivienda de Cataluña para informar de su situación y pedir un alquiler asequible. Se empadronó y puso los suministros a su nombre.
De eso hace casi tres años. Durante este tiempo, Jenifer no ha conseguido que la Generalitat acceda a su petición. Al contrario. Fue denunciada y, tras la celebración de su juicio hace un año, está a la espera de que se concrete una fecha para su desalojo. Ha intentado acceder al mercado libre de vivienda, pero, sin un aval ni ahorros, la búsqueda es una misión imposible. Tampoco puede apuntarse a la mesa de emergencia, ya que la administración considera que, como está ocupando un piso de propiedad pública en Barcelona, no tiene derecho a optar a otro. Esto deja a la mujer en el limbo, ya que si abandona su domicilio no podrá ni encontrar uno nuevo ni entrar al circuito público.
No dejar perder el piso de los abuelos
A pocos metros del domicilio de Jenifer, en uno de los característicos bloques de la Via Trajana, vive desde hace cerca de cuatro años Nerea. Esta mujer de 28 años es madre de tres niños de 8, 6 y 3 años y sus únicos ingresos actualmente son una ayuda de unos 1.200 euros. Desde hace cerca de cuatro años, reside en el piso donde sus abuelos habían vivido toda la vida, ahora también propiedad de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Ellos tenían un alquiler social vitalicio y, cuando murieron, sus nietas se quedaron en la vivienda a la espera de poder acceder a una alternativa mejor. La administración ya inició entonces un primer proceso de desalojo contra la hermana de la joven, que finalmente logró que se le ofreciera un alquiler asequible. Sin embargo, su situación económica mejoró y la nieta mayor se fue a vivir a otro domicilio. Nerea se quedó con sus hijos en el piso porque no tenía otra opción, pero no tuvo tanta suerte y la Generalitat se negó en todo momento a negociar una solución con ella. A finales del pasado mes de septiembre pudo detener un primer lanzamiento.
«Los vecinos de la escalera me conocen de toda la vida y quieren que nos quedemos aquí. Incluso me pagaron entre todos un abogado», asegura. A diferencia de Jenifer, Nerea sí ha podido apuntarse a la mesa de emergencia, aunque esté ocupando un piso de propiedad pública. Eso sí, lo ha hecho en la de Sant Adrià de Besòs, el otro municipio por donde discurre la Via Trajana. De momento, no ha tenido ninguna noticia del consistorio adrianense. «Ya estuve apuntada durante nueve años para ver si salía un piso y nada. Parece que quieran que estos pisos se mantengan vacíos», lamenta. Lo dice con conocimiento de causa: en su finca hay una vivienda que lleva cerca de un año vacía y cerrada. La joven también ha intentado acceder al mercado libre, pero su situación económica le hace imposible encontrar nada que pueda pagar. Ahora está a la espera de que le comuniquen una nueva fecha de desalojo. «Vivo con este miedo», reconoce.
Endurecimiento de desalojos y un parque público insuficiente
Ambas afectadas han accedido a explicar su caso al TOT Barcelona. Lo hacen de la mano del Sindicato de Vivienda de la Verneda – El Besòs, que asesora y acompaña a las inquilinas en este proceso. Durante toda nuestra conversación, se hace evidente que ambas están arraigadas al barrio. Varias personas se acercan a saludarlas y preguntan por su situación. Uno de los vecinos de Jenifer explica que en el edificio tienen un piso también de la Agencia de la Vivienda de Cataluña que lleva tiempo vacío y que prácticamente cada día tienen que avisar a la policía porque hay personas que quieren ocuparlo para destinarlo a actividades fraudulentas. «Después se gastan dinero en una puerta antiocupaciones para tenerlo vacío cuando hay familias que lo necesitamos», remarca la mujer. «Antes que estar así, prefiero que te lo den a ti», añade el vecino.
Desde el sindicato alertan que los casos de Jenifer y Nerea no son aislados. Solo en la Via Trajana, la Generalitat ya ha iniciado el proceso para desalojar a cuatro familias vulnerables que viven irregularmente en uno de los pisos de su propiedad. La cifra se amplía a nueve si tenemos en cuenta el resto de casos detectados en los barrios del Besòs y de la Verneda i la Pau. Precisamente, el pasado octubre explicábamos en este medio la situación de dos familias vulnerables que desde al menos dos años y medio residían en dos domicilios de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. Una de ellas era la de Josefa, una mujer de 72 años viuda y con un hijo dependiente a cargo que fue finalmente desalojada a finales de ese mismo mes.
«En los últimos cinco años hemos visto cómo se están endureciendo mucho más los lanzamientos de la Generalitat porque no hay una voluntad de estudiar individualmente los casos y ver medidas alternativas a un desalojo, como regularizar la situación con un alquiler social o detener la fecha hasta que haya una alternativa», señalan desde la entidad. El sindicato denuncia que se trata de una «decisión política» de la Agencia de la Vivienda de Cataluña que se arrastra desde hace varios mandatos y que hace que aumenten exponencialmente los lanzamientos en barrios con un alto porcentaje de pisos públicos en régimen de alquiler como es la Via Trajana. En el caso concreto de esta zona, donde históricamente se realojaron muchos chabolistas, el mercado libre se está viendo afectado por la construcción de nuevas promociones de viviendas de lujo -con piscina y alquileres que pueden llegar a los 3.000 euros- que son completamente inaccesibles para los vecinos del barrio y sus hijos.
Por este motivo, la entidad pro-vivienda considera que es especialmente grave la unilateralidad con que la Generalitat trata a su juicio todos los casos, sin atender a las circunstancias de cada situación. «Funcionan con mecanismos totalmente opacos y punitivos […] Nos encontramos con familias con menores y víctimas de violencia machista que acaban en la calle y esto deja claro que la vulnerabilidad no es un criterio suficiente para ellos actualmente», lamentan. El sindicato defiende que con este criterio se está culpabilizando a las familias del hecho de que no haya suficiente parque de vivienda pública y, aún menos, destinado a alquiler social. Y dibujan una hoja de ruta para revertir este escenario: «No solo hablamos de construir, sino de expropiar pisos vacíos de los bancos, bloquear las descalificaciones de vivienda pública y, sobre todo, evitar que los pisos públicos estén vacíos, dotando a los servicios de suficiente personal para que estos se gestionen y se adjudiquen de manera eficiente».
