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La Generalitat aplaza seis días el desalojo de una familia del Besòs sin alternativa

Las protestas de la huelga general en solidaridad con Palestina no han sido las únicas movilizaciones que han tenido lugar este miércoles. Unas setenta personas se han concentrado desde las diez de la mañana a las puertas del número 2 de la calle de la Pau, en el barrio barcelonés del Besòs y el Maresme. Lo han hecho respondiendo a la convocatoria del Sindicato de Vivienda de la Verneda – El Besòs para intentar evitar el desalojo de Josefa, una viuda de 72 años que tiene a su cargo a uno de sus hijos, que es dependiente y padece un severo alcoholismo. Esta mujer lleva cerca de ocho años residiendo en los bajos de este edificio. Accedió en 2018 pagando unos 3.000 euros por las llaves. En ese momento, la vivienda era propiedad del Banco Santander y llevaba años vacía. Aproximadamente un año después de entrar a vivir ocupando, la Agencia de la Vivienda de Cataluña compró el domicilio.

Desde entonces, la familia acumula tres intentos de desalojo. Cuatro si contamos el que se ha podido detener finalmente este miércoles. Eso sí, solo durante una semana, hasta el próximo 21 de octubre. La comitiva judicial acompañada de efectivos de los Mossos d’Esquadra se ha presentado poco después de las once de la mañana y ha sido recibida con consignas como Este desahucio lo vamos a parar o El barrio no se vende, se defiende. En el centro de la concentración, situadas en un corro improvisado a base de sillas plegables, Josefa y su hija Antonia, el gran apoyo de la viuda desde que su padre murió. Los únicos ingresos que tiene la familia son los 1.000 euros de la pensión por viudedad. A pesar de contar con los certificados de vulnerabilidad otorgados, el proceso sigue en marcha. El lanzamiento de este miércoles se ha podido posponer porque la policía catalana no tenía suficientes efectivos disponibles para hacer frente a la movilización vecinal.

Concentración para evitar el desalojo de Josefa, viuda de 72 años sin recursos, en el barrio del Besòs / A.R.
Concentración para evitar el desalojo de Josefa, viuda de 72 años sin recursos, en el barrio del Besòs / A.R.

«Nos han dado seis días. Saben que en este tiempo no tenemos margen de maniobra para cambiar la situación, solo las valoraciones de la mesa de emergencia ya tardamos mínimo un mes. Si la Agencia de la Vivienda de Cataluña quisiera, podría reconsiderar hoy mismo su caso y echar atrás el proceso, pero no lo está haciendo», remarcan desde el Sindicato de Vivienda de la Verneda – El Besòs, que denuncia que la Generalitat está desalojando a una familia claramente vulnerable en una situación muy delicada sin contar con información actualizada sobre su caso. «El próximo martes necesitaremos la misma cantidad de gente que hoy y con la misma determinación», insisten. Entre los participantes de la concentración de este miércoles había muchos vecinos del barrio, pero también de otras zonas de la ciudad como el Poblenou. «Como hoy hacía huelga, nos hemos repartido con mi hijo para que él pudiera ir a un desalojo en nuestro barrio y yo a este», señalaba una de las manifestantes.

Concentración para evitar el desalojo de Josefa, viuda de 72 años sin recursos, en el barrio del Besòs / A.R.
Concentración para evitar el desalojo de Josefa, viuda de 72 años sin recursos, en el barrio del Besòs / A.R.

Un caso excluido de la mesa de emergencia

Este era el cuarto intento de desalojo de Josefa. El anterior había tenido lugar el pasado mes de junio y se consiguió detener in extremis. Ni siquiera la situación crítica de Antonio, su marido, que estaba en cuidados paliativos por un cáncer terminal y que acabaría muriendo solo unos días después, evitó que la familia viviera con la angustia de perder su casa hasta el mismo día del lanzamiento. El matrimonio había accedido en 2018 a la vivienda, que era propiedad del Banco Santander y llevaba años vacía. Pagaron 3.000 euros por las llaves. Al cabo de aproximadamente un año, la Agencia de la Vivienda de Cataluña compró el domicilio. Lo que podría haber servido para regularizar su situación no hizo más que agravarla. En 2020 se iniciaba el procedimiento de expulsión de la pareja por ocupación de un piso de titularidad pública. Antes del lanzamiento del pasado mes de junio, la movilización vecinal consiguió detener otro en la puerta durante el otoño de 2023.

Hay que recordar que la situación de esta familia es aún más grave si tenemos en cuenta que no disponen de ninguna alternativa de vivienda a su alcance. Josefa ha sido excluida de la mesa de emergencia del Ayuntamiento de Barcelona, el único recurso que tiene para acceder a una vivienda social que se pueda permitir con sus recursos económicos. Desde la Agencia de la Vivienda de Cataluña consideran que, como está ocupando un piso de propiedad pública, no tiene derecho a optar a otro. Sin embargo, tampoco se le permite regularizar la situación y quedarse donde está. Esto deja a la mujer en el limbo, ya que no puede ni encontrar un nuevo domicilio en el mercado libre ni entrar en el circuito público. Solo puede hacer uso de los alojamientos temporales de urgencia, como albergues u hostales. La posición de la administración tampoco tiene en cuenta que el piso estaba vacío cuando entraron a vivir y que el matrimonio ya residía allí desde hacía al menos un año cuando este pasó a manos de la Generalitat.

Concentración para evitar el desalojo de Josefa, viuda de 72 años sin recursos, en el barrio del Besòs / A.R.
Concentración para evitar el desalojo de Josefa, viuda de 72 años sin recursos, en el barrio del Besòs / A.R.

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