Barcelona concentra su parque de vivienda pública principalmente en los barrios periféricos de la ciudad, con una presencia significativa en la Clota, Trinitat Vella, Sant Andreu, el Poblenou y la Marina del Prat Vermell. En cambio, la mayor parte de los barrios centrales, especialmente en los distritos de Gràcia y Ciutat Vella, registran una presencia muy reducida de vivienda protegida, que en el Eixample es directamente inexistente. Unos datos que agravan la situación de los barrios centrales, que concentran la mayor parte de las operaciones especulativas detectadas entre 2016 y 2024. Esta distorsión es una de las conclusiones principales del estudio presentado este miércoles por la comisión de vivienda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que aterriza sobre el mapa la crisis de la vivienda con datos públicos y de los portales inmobiliarios recogidos los últimos ocho años.
El distrito de Sant Martí concentra tres de cada diez viviendas del parque público de Barcelona (4.789 unidades); a continuación encontramos Sant Andreu (2.874 viviendas, el 17,8%), Nou Barris (2.301, 14,4%) y Sants-Montjuïc (2.228, 14%). Y en el otro extremo, los impulsores del estudio apuntan muy especialmente la crisis que viven distritos como Ciutat Vella y el Eixample.
En el caso del casco antiguo de la ciudad, la falta de vivienda asequible –solo el 9,9% del total– y el aumento de los pisos turísticos aumentan la tensión urbanística que vive el centro. En el Eixample, el informe alerta de una “falta total de iniciativas de vivienda asequible” que contrasta con la concentración “más alta” de operaciones especulativas. El Eixample solo tiene 228 viviendas públicas, según los datos de la Agencia Catalana de Vivienda; cifras similares a los 295 pisos registrados en les Corts y los 205 de Sarrià-Sant Gervasi. Gràcia, con solo un 2,4% del parque público (382 viviendas), es la otra zona con peores registros.
La especulación se dispara en el centro
La radiografía de la vivienda protegida permite detectar, sobre el mapa, una evolución contraria a la evolución del mercado especulativo. En este sentido, la entidad vecinal remarca que entre 2016 y 2024 se han dejado de renovar 75.000 contratos. Este dato hace referencia a los “contratos extinguidos sin continuidad” registrados por el Observatorio de la Vivienda de Barcelona. Es decir, contratos que el propietario ha decidido no renovar. A pesar de que los datos no distinguen entre contratos rotos por el propietario o por los inquilinos, el portavoz de la comisión de vivienda de la FAVB, Jaume Artigues, ha aclarado que “la experiencia dice que cuando la gente se va por voluntad propia, no espera a agotar el contrato”. Por tanto, se pueden hablar de 75.000 “desalojos invisibles” que afectan, según los cálculos de la entidad, a unas 180.000 personas los últimos ocho años.
El informe de la FAVB alerta justamente que las principales operaciones se están produciendo en zonas sin alternativas residenciales asequibles. Si bien no hay ninguna ley que describa con exactitud qué es la compra especulativa, desde la entidad han tomado como base las compras de edificios enteros para la posterior comercialización, la cancelación unilateral de contratos, los alquileres turísticos y de temporada, rehabilitaciones comercializadas en el mercado como “lujo” y ventas que superan el índice de precios medio de cada barrio.
El resultado de esta larga suma recoge 619 compras especulativas desde 2016, unos 11.900 viviendas en total. El espacio más ocupado por la especulación es Gràcia, Sant Martí, Ciutat Vella y el Eixample, con 568 compras destinadas a la reventa. En términos relativos, el Eixample –con solo el 1,4% de vivienda protegida– agrupa el 40,9% de compras especulativas. Le sigue a más distancia Ciutat Vella (14,8%), Sant Martí (9,6%) y Sants-Montjuïc (8,7%). Gràcia, el tercer barrio con menos vivienda asequible, agrupa el 5,3% de la especulación.
La FAVB acusa al PSC del fracaso del 30%
Artigues ha admitido que no hay una única solución que pueda revertir esta tendencia, pero ha cargado contra el gobierno de Jaume Collboni por no creer en el potencial del 30%. Desde la FAVB apuntan que la reforma impulsada por Ada Colau solo ha generado 115 viviendas protegidas en toda la ciudad, pero vehicula este fracaso a “irregularidades que no son habituales en los planeamientos urbanísticos”. Algunas de las causas del fracaso, según las conclusiones expuestas por Artigues, son la moratoria de dos años entre 2018 y 2020 y al “fraude en las licencias de obras en grandes rehabilitaciones” del centro de Barcelona. El activista también ha lamentado que las licencias de obra se dispararan en el momento de la moratoria, un aspecto que vincula a una supuesta connivencia del PSC con los promotores. El mismo estudio, en sus conclusiones, culpa al PSC de “desvirtuar” el 30% “anunciándolo previamente a los promotores y aligerando el sistema sancionador”.
En todo caso, los impulsores del estudio mantienen que la experiencia en otras ciudades avala una medida como esta, que Collboni intenta reconducir a un sistema más flexible que permita agrupar la vivienda asequible de diferentes bloques céntricos a otras zonas no demasiado lejanas. Artigues insiste en el modelo de París, que aplica el 30% sobre el parque de vivienda consolidado, es decir, sobre las promociones ya existentes que se reforman. El informe sentencia que, en la capital francesa, la medida ha contribuido a “bajar el precio del suelo”.
