Rodrigo Vargas, Cristina Ortiz y Yolanda Vidal no se conocían hasta el 2023. Los tres viven en diferentes barrios de Barcelona, no comparten profesión ni grupo de amigos o conocidos. Probablemente, se habían cruzado alguna vez en sus vidas aunque sea paseando por la ciudad, pero, fuera de eso, no tenían ningún tipo de relación. Su unión fue de cierta manera fortuita: el mismo fondo buitre compró las tres fincas donde residen algunos desde hace décadas. Este jueves compartían todos un podio para denunciar las prácticas especulativas de Second House, un entramado empresarial fundado en 1994 que es propietario de más de una decena de bloques de pisos repartidos por la capital catalana. Lo hacían de la mano del Grupo de Vivienda de Sants, el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Barrio del Poble-sec para evitar la expulsión de más inquilinos y con la certeza de que la movilización ciudadana da sus frutos. Saben de qué hablan: a finales de 2024 lograron que el fondo claudicara y aceptara renovar los contratos de todos los inquilinos amenazados de desalojo.
Vidal y el resto de vecinos del número 7 de la calle de Salou, en el barrio de Sants, iniciaron su cruzada particular el pasado verano reflejándose en el caso de los bloques de la calle de Tapioles y de en Cortines. Los dos edificios ubicados en Poble-sec y Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, respectivamente, fueron adquiridos por Second House con el objetivo de vaciarlos, reformarlos y revalorizarlos. Después de dos años de lucha, protestas y de sufrir un verdadero calvario con las obras, los inquilinos lograron una victoria sin muchos precedentes en la ciudad. En el caso de los vecinos de la calle de Tapioles, cuatro inquilinos renovaron por siete años su contrato vencido, una familia más lo hizo con un alquiler social y otra tenía a priori garantizada la continuidad cuando concluyera el contrato. También se logró la subrogación indefinida para una inquilina de 61 años que había vivido toda su vida en el edificio. En cuanto al bloque de la calle de en Cortines, una familia consiguió un contrato de siete años y también se firmó un alquiler social con otra que llevaba dieciséis años viviendo en el bloque.
Vender pisos con vecinos viviendo en ellos
En el inmueble de la calle de Salou, el fondo procedió con el envío de burofaxes donde se informaba a los vecinos que no serían renovados y también con las obras de reforma de la finca, tal como acostumbra a hacer con sus activos inmobiliarios. De las siete familias que vivían en el edificio, dos ya se han marchado por la presión del entramado y sus pisos han sido comprados por nuevos inquilinos. Hay un tercer domicilio sin reformar que está actualmente a la venta por un valor de 295.000 euros, muy por encima de la tasación. Tres de las familias tienen el contrato vencido. «Nos quieren a todos fuera de casa, pero no lo permitiremos. Seguiremos aquí con fuerza», aseguraba en la rueda de prensa de este jueves Vidal. A su lado, Ortiz asentía antes de tomar también la palabra. «Nosotros nos organizamos y negociamos juntos […] Nuestra lucha demuestra la importancia de la unión de los vecinos frente a la especulación», señalaba.
En el caso del bloque del número 10 de la calle de en Cortines, la propiedad está impulsando una reforma estructural de la finca que obliga a reubicar temporalmente a las tres familias que resisten allí. «Estamos en un momento importante. Queremos realojamientos dignos», remarcaba Ortiz, hija de una de las familias que ha residido durante más de 25 años en el edificio. Una representación de los tres hogares afectados apoyaba este jueves a los vecinos de la calle de Salou. También había varios inquilinos de la escalera del número 15 de la calle de Tapioles. «Nosotros logramos crear un precedente», apuntaba Vargas, uno de los portavoces que, tras catorce años en el bloque del Poble-sec, ahora podría verse obligado a abandonar su casa. Su contrato venció el mes pasado y la propiedad se niega a renovárselo. De hecho, ha puesto la vivienda a la venta con fotomontajes que no coinciden con la realidad del domicilio. «Mi piso se está vendiendo conmigo dentro por más de 340.000 euros, cuando la tasación es de 275 euros. Creemos que esto es un abuso», remataba.
Un blindaje real ante las compras especulativas
Los vecinos de las tres fincas tienen claro que solo el frente común ciudadano hará la fuerza y, por eso, han escenificado este jueves su hermanamiento contra el fondo. «Nos unimos y vencimos. Nuestra reclamación es que se nos trate igual y se renueven los contratos de una forma digna», insistía Vargas. «Lo hicimos entonces y ahora somos más», subrayaba Ortiz. Desde el Sindicato de Inquilinas consideran que solo se puede detener este tipo de prácticas prohibiendo las compras especulativas, una medida que la propuesta de ley presentada por PSC y Comuns no acaba de garantizar completamente. «El texto tiene limitaciones serias que pueden ser agujeros para que la ley no se acabe aplicando y no logre el objetivo que tiene. Hay que garantizar que si alguien compra un bloque de pisos entero donde viven inquilinos se les harán nuevos contratos con bajadas de precio y no dejar en manos de cada ayuntamiento decidir si aplicará o no esta limitación y el control de los incumplimientos», afirman, indicando que, si la propuesta entrara en vigor hoy mismo, «no protegería a las inquilinas de las fincas de Second House».
