La propietaria de un piso de la Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona denuncia que los inquilinos se niegan a abandonarlo a pesar de que lo necesita para vivir. Según ha explicado la afectada en El contenidor del programa El món a Rac 1, comunicó a los actuales usuarios del inmueble que deberían dejarlo el pasado mes de marzo, después de divorciarse de su marido, ya que lo necesitaría para abandonar la residencia que compartían. Habiendo transcurrido el plazo estipulado de dos meses, se han negado a trasladarse.
Según ha explicado la víctima al programa de Rac 1, se trata de una vivienda que heredó de un familiar, y que ofreció mediante la Bolsa de Vivienda de Alquiler del Ayuntamiento en busca de «cierta seguridad» para todas las partes implicadas. Ahora, sin embargo, se ha encontrado «desamparada», ya que los inquilinos se han negado a dejar el inmueble. Seis meses después de la primera comunicación, se ve obligada a compartir piso con su exmarido, con quien no conserva «una relación demasiado buena». «Vivo una situación conflictiva, porque tengo un hijo con discapacidad», ha añadido.
El Ayuntamiento se desentiende
El mismo espacio radiofónico ha solicitado al consistorio su posicionamiento y, según han declarado, se lavan las manos. El Ayuntamiento asegura que, aunque conoce del agravio que sufre Núria, la bolsa «solo es un medio para relacionar propietarios e inquilinos». Aseguran, pues, que se trata de un alquiler regular, amparado por la ley de arrendamientos urbanos, tal como los del mercado abierto. Sí declaran haber ofrecido «alternativas» a los inquilinos, pero las han rechazado todas. La única salida para la propietaria, en este sentido, es la vía judicial. Núria ya ha iniciado el proceso, pero este puede ser largo y costoso.
Más allá de la negativa a abandonar el inmueble, la propietaria denuncia el «maltrato» de los inquilinos. Lamenta que han «derribado una pared» sin su permiso para unir dos habitaciones. «Lo han empapelado todo con colores oscuros», critica también. En este sentido, ha asegurado sentirse «desamparada», porque las administraciones no han sido capaces de garantizar su regreso a la vivienda a pesar de haberla registrado en la plataforma municipal.
