El viernes de la semana pasada, la Generalitat identificó cerca de 9.000 anuncios de pisos turísticos publicados en Cataluña que no cumplen con las normativas actuales sobre este modelo de vivienda. De estos miles de anuncios, los cuales la Generalitat solicitó formalmente a la plataforma de turismo Airbnb que retirara, 800 corresponden a la ciudad de Barcelona. Casi una semana más tarde, sin embargo, estos anuncios continúan publicados. En respuesta a la desatención de Airbnb, el Ayuntamiento de la capital catalana ya ha comenzado a estudiar medidas contra la plataforma de pisos turísticos. De hecho, la teniente de alcaldía Laia Bonet ha lamentado que Airbnb ya no atienda sus peticiones de retirar los anuncios y los acusa de ser «cómplices» de una actividad ilegal que golpea la ciudad.
En esta línea, la teniente de alcalde también ha aprovechado para hacer un llamado a todas las instituciones con las que el gobierno municipal de Jaume Collboni ha colaborado para crear un frente común contra todas las actividades que buscan «evitar y contradecir» la normativa de vivienda: «Cada piso turístico ilegal afecta doblemente el derecho de acceso a la vivienda, necesitamos disponer de la máxima cantidad de herramientas para combatir esta situación», ha aseverado Bonet. A raíz de la falta de respuesta por parte de Airbnb para retirar los anuncios ilegales a petición del gobierno de Salvador Illa, la teniente de alcaldía del gobierno de Collboni denuncia un cambio de estrategia de la plataforma de pisos turísticos, con los cuales, hasta ahora, habían mantenido una buena relación de cooperación y coordinación: «No se trata solo del incumplimiento de la dinámica de colaboración que habíamos tenido hasta ahora, sino que la hace cómplice de una actividad que genera molestias y que afecta un derecho básico, el de la vivienda», argumenta Bonet.
Los objetivos del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Barcelona trabaja con un objetivo a tres años vista que pretende no renovar las licencias de los pisos turísticos ilegales existentes -un objetivo que debería mantenerse en caso de salir reelegido en las elecciones de 2027. Ahora bien, a pesar del horizonte fijado por el consistorio, Bonet también cree que se deben poder hacer cosas ahora: «Por eso lanzamos este grito de denuncia pública», ha concluido la teniente de alcaldía, que considera que el gobierno municipal debe lanzar «un mensaje de que seremos inflexibles ante el incumplimiento de la normativa». «Evidentemente, detrás de estos anuncios hay personas individuales, pero también organizaciones mafiosas y, por tanto, estructuras que buscan incumplir la normativa de vivienda en nuestra ciudad», ha añadido la teniente municipal. Así pues, el Ayuntamiento ya estudia medidas para derribar los anuncios de Airbnb de pisos turísticos ilegales.
