El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado filas con el gobierno español y se ha mostrado convencido de que el índice de precios de alquiler que ha impuesto el Ministerio de Vivienda a todo el estado beneficiará a unas 200.000 familias de la capital catalana. El índice de precios de alquiler, que llega con casi un año de retraso, ha generado muchas críticas por parte del Departamento de Territorio, que considera que homogeneizar el sistema de cálculo del tope en todo el estado no contribuirá a bajar los precios en Cataluña, que tiene un mercado mucho más tensionado que otros territorios. En medio de esta disputa, el gobierno del socialista Jaume Collboni ha optado por defender la medida del gobierno español, que ha decidido ignorar las demandas de Cataluña, a pesar de ser la única región del estado que ha pedido aplicar la Ley de Vivienda.
El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera, ha defendido que la publicación del índice, que entrará en vigor en marzo, es un “paso adelante” para enfriar el mercado inmobiliario y espera que “como mínimo” pueda servir para frenar la escalada de precios del alquiler, que han subido el triple que el IPC acumulado en la última década. “Esperamos y deseamos que con la publicación y la entrada en vigor del nuevo sistema de precios de referencia podamos llegar a cierta estabilidad a largo plazo, así como a una seguridad jurídica y económica tanto de las familias arrendatarias como de las familias propietarias”, ha explicado Riera, que considera “necesario” y “urgente” que se publique el índice. El Ayuntamiento se adhirió al decreto de zona tensionada aprobado por Territorio para “agilizar al máximo la llegada del momento en que estamos hoy”.
Regular el alquiler, un salvavidas para muchas familias
En el cálculo de las 200.000 familias que se podrán beneficiar del tope de precios, Riera incluye a las que tienen contratos de alquiler con grandes tenedores, que podrán renovarlos con los “precios que se estipulan en función del índice”, y a las que tienen contratos con pequeños tenedores, que en las renovaciones se tendrán que referenciar en el contrato anterior con una subida máxima del 3%. El comisionado de Vivienda, a pesar de que de una manera poca ortodoxa, ha recomendado a todos los barceloneses que tengan que renovar su contrato que se esperen hasta la entrada en vigor del índice de precios para iniciar las conversaciones. Riera ha evitado hacer un llamamiento directo a esta estrategia, pero ha reconocido que si él fuera un arrendatario, esperaría a la puesta en marcha del tope.
