La Casa Orsola será esta semana el escenario de un nuevo intento de desalojo. Después de que la movilización de cerca de un millar de personas lograra aplazar por tercera vez el lanzamiento de Josep Torrent el pasado viernes, el primero de los vecinos de este edificio centenario del Eixample que podría perder la que ha sido su casa durante las últimas dos décadas, la comitiva judicial y los Mossos d’Esquadra han fijado la madrugada del martes como nueva fecha para intentar desalojarlo de la finca. Para intentar evitarlo, será necesario repetir el éxito de convocatoria de hace tres días, un reto mayúsculo para el Sindicato de Inquilinas, que a pesar de las dificultades podría contar con un poderoso aliado inesperado.
El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha hecho un llamado este lunes por la mañana a «vaciar las aulas» para sumarse a las movilizaciones para detener el desalojo. La entidad ya ha convocado a los estudiantes a participar en la protesta organizada para esta tarde, que consistirá en una columna que irá desde la plaza de la Universidad hasta la Casa Orsola. Posteriormente, piden «resistir las horas que sean necesarias» en la intersección entre las calles de Calabria y del Consell de Cent para proteger la finca y evitar que se lleve a cabo el lanzamiento.
En un comunicado, el SEPC critica que este no es un caso aislado sino que solo es un ejemplo más del aumento «sistemático» de los precios del alquiler, un fenómeno que acaba desembocando en «numerosos desalojos diarios» y una situación que -según denuncian- se ha visto agravada con los gobiernos del PSOE y el PSC. El sindicato alerta que los estudiantes sufren de primera mano las consecuencias de esta crisis de la vivienda, teniendo que compartir piso para asumir el alquiler o viéndose obligados a horas de transporte en una red «totalmente infrafinanciada».
El primero de una ola de desalojos
Cabe recordar que, si finalmente se lleva a cabo el lanzamiento de este vecino, se espera que se produzcan al menos otros tres en la misma finca de inquilinos que ya tienen el contrato vencido y están pendientes de sentencia. Al menos seis familias más del total de 27 viviendas que tiene el edificio verán cómo sus contratos finalizan en los próximos años sin poder optar a una renovación, lo que acabará dejando el inmueble prácticamente vacío, solo con los vecinos de los ocho pisos que tienen un contrato de alquiler indefinido de renta antigua.
