Los vecinos de la Casa Orsola y el Sindicato de Inquilinas han desmentido que haya alguna negociación abierta con la propiedad del edificio y han acusado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de instrumentalizar su lucha. Collboni aseguró este lunes que durante el fin de semana se habían producido conversaciones con el fondo buitre propietario de Casa Orsola para evitar el desalojo de Josep, el vecino de la finca al que quieren echar de casa para alquilar su piso con un contrato de temporada. En principio, el desalojo debería haberse ejecutado esta madrugada después de que la presión popular obligara a la comitiva judicial a aplazar el primer intento, pero finalmente se ha pospuesto nuevamente hasta el 18 de febrero.
Un millar de personas se ha concentrado esta noche en la Casa Orsola para celebrar la “victoria inquilina” y defender los buenos resultados que da la movilización popular. “Si hoy Josep todavía está en su piso es porque hemos luchado todos juntos”, ha relatado la portavoz del sindicato, Carme Arcarazo, en declaraciones a los medios.
Sin noticias de la propiedad de la Casa Orsola
“Hemos oído por las noticias que parece que hay una especie de negociación y lo querríamos desmentir”, ha dicho Arcarazo. “Lo que ha dicho Collboni de que hay negociación y mediación en Casa Orsola ahora mismo es falso. Ni los vecinos ni el sindicato hemos recibido ninguna comunicación. Entendemos que una negociación no puede tener lugar a espaldas de los vecinos y del sindicato que ha liderado el conflicto”. Hay bastante malestar entre los vecinos y las entidades que lideran el movimiento de defensa de la vivienda en Barcelona por la irrupción de Collboni en el conflicto justo ahora que han conseguido aplazar el desalojo. “Quiere hacerse el héroe”, critican desde el Sindicato de Inquilinas, mientras “por la puerta de atrás quiere diluir la reserva del 30%, una de las pocas medidas que garantizan el derecho a la vivienda en la ciudad”.
El fondo propietario de la Casa Orsola anunció el lunes que está dispuesto a vender el edificio por las dificultades que están encontrando para negociar con los vecinos. El Sindicato de Inquilinas considera una “burla” la carta del fondo porque “eleva el rentismo y lo equipara al esfuerzo”, aunque consideran que, si finalmente se produce la venta, sería una “muy buena noticia” que la empresa salga del mercado inmobiliario. Arcarazo ha defendido que los 15 días que tienen de margen son una “oportunidad” para llegar a un acuerdo colectivo para todos los vecinos afectados de la finca y ha animado a los inquilinos a no negociar nunca de manera individual porque les resta fuerza. La única condición que ponen para sentarse a negociar con la propiedad es que se retiren las demandas de desalojo vigentes. “No se puede negociar con alguien que te está apuntando con una pistola en la cabeza”.
