Los Comuns y ERC han solicitado una comparecencia «urgente» del gobierno municipal después de que el diario ARA haya revelado que Collboni renunció a cobrar multas a empresas que no habían aplicado la norma de la reserva del 30% para vivienda asequible. La líder de BComú en el Ayuntamiento, Janet Sanz, calificó de «estafa a la ciudadanía» esta decisión, y la presidenta del grupo republicano, Elisenda Alamany, ha exigido que el gobierno aporte el «informe jurídico que avaló esta decisión». Los republicanos también han registrado por escrito una petición para que el ejecutivo «haga público el informe jurídico» que llevó a archivar los expedientes contra los promotores que habían incumplido la reserva del 30%.
La información de l’ARA detalla que, tres meses después de que Collboni llegara a la alcaldía, el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) archivó los cinco expedientes sancionadores que ya estaban en marcha y que podrían suponer multas de entre 419.000 y 735.000 euros. También se habrían archivado el resto de expedientes que estaban abiertos en fases más iniciales. Este hecho supondría que el Ayuntamiento nunca cobrará posibles sanciones por el 30% originadas previamente a la llegada del PSC a la alcaldía.
Ante la noticia de que el gobierno de Barcelona perdonó multas a los promotores que habían incumplido la reserva del 30%, @ERCbcn pide una comparecencia urgente del gobierno de la ciudad que aporte el informe jurídico que avaló esta decisión.https://t.co/IAsHJxduJE
— Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 16 de febrero de 2025
Esto es una estafa a la ciudadanía y Collboni debe dar explicaciones urgentemente.https://t.co/WRNBAq59zu
— Janet Sanz 🍉 (@janetsanz) 16 de febrero de 2025
Bonet tiene previsto dar explicaciones
En declaraciones al medio que publica la información, el ejecutivo municipal argumenta «dudas jurídicas» respecto a los procesos finales que podrían desencadenar querellas futuras sobre esta cuestión. Está previsto que la primera teniente de alcaldía del Gobierno Collboni, Laia Bonet, atienda a los medios de comunicación a media mañana para dar explicaciones de esta decisión.
El cambio de la Modificación del Plan General Metropolitano que obliga a las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a reservar un 30% de los pisos para vivienda asequible se aprobó en 2018, con los votos favorables de BComú, ERC, PSC, CUP y PDeCAT. Los socialistas remarcan ahora que la normativa no es efectiva porque ha frenado, dicen, la construcción. Collboni insiste en modificar el 30% para hacerlo «efectivo», pero los Comuns son reticentes al cambio.
