El Sindicato de Inquilinas advierte de un «vacío legal» que se extiende como una mancha de aceite por Barcelona y que provoca la «expulsión generalizada» de vecinos de sus fincas. El portavoz de la plataforma, Enric Aragonès, recuerda que muchas empresas optan por comprar fincas enteras y hacer ‘coliving’, una modalidad de viviendas compartidas con precios por habitación. «Cuando se acaban los contratos de alquiler tienes un riesgo muy alto de que el dueño del piso decida no renovarte el contrato para poner uno nuevo o apostar por el alquiler de temporada, cualquier cosa que le resulte más rentable que seguir alquilando el piso a una familia», apunta el activista. Aragonès lo ha expresado en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticia (ACN) para profundizar en el caso de Entença 69. La Rosario Castillo, la última vecina histórica que queda en este bloque de once viviendas del Eixample, se negó a marcharse en 2023 y ahora espera con «angustia e incertidumbre» que un magistrado autorice su desalojo.
«Me pregunté por qué me querían echar y no lo vi justo; era muy injusto, porque no era un problema de impagos, simplemente ellos querían hacer negocio», argumenta su decisión a la ACN. Castillo, que con 63 años vive con su hijo de 26 años y paga unos 1.000 euros mensuales, admite que ha buscado pisos en otras zonas del barrio, pero que «casi no había oferta» y que se encontró con precios «desorbitados». «Sobre todo había mucha oferta de alquiler de temporada y habitaciones», resume. Se quedó confiando en que se abriría un período de negociación y que podría renovar el contrato, pero hace unos meses recibió un burofax avisándola de que se la había denunciado por no dejar la finca.
Aragonès enmarca el caso de Rosario en un goteo constante de casos y advierte que cada vez más inquilinos se «plantan» y deciden «no marcharse en silencio». El activista del Sindicato de Inquilinas culpa de la situación al modelo de vivienda-negocio y a los vacíos de la ley estatal. «Si el inquilino renueva el contrato, el propietario tiene que respetar el mismo precio, pero si lo echan para poner un alquiler de temporada, pueden poner el precio que les dé la gana», critica Aragonès. Desde la plataforma lamentan que haya casos desorbitados, como pisos que tienen un tope legal de 900 euros mensuales y que están alquilando habitaciones por 800 euros.
La lucha se extiende: vecinos de seis bloques unidos contra un mismo inversor
El caso de Rosario Castillo es bastante paradigmático, pero no el único. Vecinos de seis bloques de Barcelona se han unido bajo el paraguas de la plataforma para denunciar la estrategia «de expulsión sistemática» del fondo buitre Vandor, propietario de la finca de Rosario y de otros 200 inmuebles más de la ciudad, según el cálculo del Sindicato. «El caso de Rosario explica cómo se extiende la lucha de los inquilinos. Llegó al sindicato de inquilinas porque era la única persona que quedaba en su bloque viviendo, todo lo demás eran ‘colivings’, y se encontró con que la misma propiedad tenía hasta 14 bloques en la ciudad y conoció a otros inquilinos que estaban a punto de sufrir los mismos procesos de expulsión en otros barrios de la ciudad», resaltó Aragonès.
El TOT Barcelona ha explicado otros casos similares, algunos de ellos que escapan del Eixample y las zonas más turísticas. La icónica Casa Vidal de Sant Andreu de Palomar cambió de propietario el verano pasado y ya ha comenzado a instalar coliving en algunos pisos que han quedado vacíos. En esta finca aún viven vecinos históricos con contrato en vigor y que aún no han recibido ninguna notificación al respecto. Uno de los afectados, que tenía el piso como oficina, ya ha recibido un burofax con las nuevas condiciones, bastante desorbitadas, y el resto viven con inquietud los próximos pasos que pueda dar la nueva propiedad.
