Mientras la primera teniente de alcaldía y concejal de Vivienda, Laia Bonet, asistía el viernes a la apertura del Moll de Barcelona, a poco más de un kilómetro había barricadas en la calle. Cerca de un centenar de personas se concentraron desde primera hora de la mañana de ayer en las puertas del número 123 de la calle Nou de la Rambla, en el barrio del Poble-sec. El objetivo de la movilización -que cortó el tráfico entre los de Piquer y Vilà i Vilà- era evitar el lanzamiento de la Medusa, un piso de un gran tenedor ocupado desde hace más de cinco años. Este, sin embargo, no era un caso de desahucio cualquiera. El domicilio es el último superviviente entre los pisos vacíos que el Sindicato de Barrio del Poble-sec ocupó para destinarlos a jóvenes sin recursos y personas en situación de emergencia habitacional. Estaba en juego, pues, un verdadero símbolo de la lucha contra la especulación y por el derecho al acceso a una vivienda digna.
Cuando el piso se ocupó en junio de 2020, aún con la pandemia del coronavirus en curso, llevaba años vacío. Su propietario era Rentdaen SL, una inmobiliaria que gestiona en propiedad unos ochenta pisos, entre ellos todo el bloque del número 123 de la calle Nou de la Rambla. En este tiempo, por el domicilio han pasado varios inquilinos y familias. Epi es una de esas personas que vivió allí una temporada. «Vivía en el barrio de alquiler, pero me quedé sin trabajo y no podía seguir pagando. Estaba pasando una mala época y poder quedarme aquí un par de meses de transición me permitió rehacer mi vida y volver al mundo laboral. Ahora vuelvo a trabajar y pago mi alquiler», explica en una conversación con el TOT Barcelona este joven de 25 años, natural de Vilafranca del Penedès, pero instalado en la ciudad desde hace más de tres años.
Él fue uno de los vecinos que no dudó en sumarse a la concentración de este viernes para evitar el desahucio de las cuatro personas que actualmente residen en el piso. «La Medusa también es un espacio de encuentro, simboliza también esta voluntad de hacer comunidad y hacer barrio«, señala el antiguo inquilino. Es plenamente consciente de ello Magda, una joven uruguaya de 33 años que lleva tres viviendo en esta vivienda del Poble-sec. Después de ocho años en la capital catalana, un problema familiar la llevó de vuelta a su país natal. Cuando aterrizó de nuevo en Barcelona, se encontró sin trabajo y sin poder pagar un alquiler. «Si quería seguir en el barrio donde había vivido antes y no ser expulsada, no tenía más alternativa. Ahora tengo un contrato temporal y no me lo aceptan en ningún lado. He estado buscando, pero no ha habido manera«, lamenta. Más allá de la falta de soluciones dentro del mercado, la chica ha encontrado en esta vivienda un «Como persona migrante, encontrar un lugar así en el barrio, donde poder hacer red y militar con las vecinas, estableciendo vínculos y sin tener que trasladarme cada tres meses… Es muy difícil», reflexiona.
Nueva fecha de desahucio y una lucha de clase
La fuerte movilización del viernes dio sus frutos. Tras analizar la situación, la comitiva judicial y los Mossos d’Esquadra optaron por aplazar el desalojo, dado que la policía catalana no contaba con suficientes efectivos disponibles para hacerlo con seguridad. La suspensión aliviaba temporalmente a Magda y sus tres compañeras, que se enfrentarán a un nuevo asalto el próximo jueves 22 de mayo, cuando se ha fijado la nueva fecha de desahucio. En todo caso, la propiedad se ha negado a negociar ningún tipo de alquiler social para los inquilinos de la vivienda, que en diversas ocasiones a lo largo de estos cinco años se han ofrecido a pagar hasta 725 euros mensuales para poder quedarse a vivir en el piso. «Con nuestros sueldos no nos da para vivir y seguir pagando los alquileres que se piden. Parece que no se entienda qué pasa en la vida real. Confiamos en que se detenga, pero esto es una resistencia continua», remarca.
Por su parte, desde el Sindicato de Barrio del Poble-sec reivindican el papel que ha jugado en estos cinco años la Medusa, dando respuesta a una crisis de la vivienda que en barrios como este se ha visto agravada por la gentrificación y la llegada de gigantes empresariales con gran poder adquisitivo. «Muchas compañeras y familias en situación de vulnerabilidad que no tenían acceso a un alquiler han podido vivir aquí. Ha sido una solución a un problema de vecinos que ni siquiera trabajando pueden pagar estos precios. Por eso nos parece que ocupar pisos de grandes tenedores es una forma legítima de seguir luchando», aseguran los portavoces.
