El movimiento por la vivienda aumenta la presión sobre el Ayuntamiento para mantener intacta la medida que obliga a reservar para vivienda protegida el 30% de todas las nuevas promociones en Barcelona. En una rueda de prensa, los impulsores de la norma han declarado su oposición a «cualquier recorte» en la norma. De hecho, reclaman que vaya más allá, con una proporción del 40% y la obligatoriedad de que estos pisos se dediquen al mercado de alquiler. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, ha calificado de «lamentable» la postura de Collboni, a quien acusa de «favores a la patronal inmobiliaria» con sus propuestas.
En concreto, el gobierno municipal busca centrifugar el 30% de construcción protegida hacia suelo público. Según los movimientos sociales, este cambio supondría «trasladar la vivienda protegida hacia la periferia». Además, excluye las grandes rehabilitaciones de la reserva. Según los convocantes, «no se trata de una modificación para mejorar el 30%, sino de un recorte en toda regla para que no funcione». «¿Collboni está dispuesto a dejar perder Barcelona?», ha cuestionado Arcarazo, que acusa al alcalde y al gobierno municipal de «diluir» la apuesta por la construcción protegida. Se trata, según la portavoz, de la única medida «que garantiza la vivienda protegida» en los barrios que sufren mayor tensión inmobiliaria, como el Eixample o Gràcia.
«4.000 casas Orsola»
Para Arcarazo, poner límites al 30% como los que propone el Ayuntamiento arriesga nuevos conflictos inmobiliarios en la ciudad. La medida, indican desde el Sindicato, puede afectar a unos 3.900 edificios que necesitan grandes remodelaciones. Si no se incluyen estas intervenciones, la cifra cae hasta los 95 inmuebles. En este sentido, en caso de que Collboni implemente su reforma, «hay en riesgo 4.000 Casas Orsola más». En este sentido, las entidades convocantes de la manifestación del próximo fin de semana reclaman «defender la medida en la calle». Lali Daví, miembro de la sectorial de vivienda cooperativa de la XES, defiende que el 30% consta entre las palancas que pueden detener «el intento intolerable» de «desmontar el derecho a la vivienda».
