La regeneración urbana del Besòs se estanca y frena el optimismo. El proyecto piloto impulsado por el ejecutivo de Colau, que asume la gestión directa de la reforma de diez comunidades de vecinos, avanza con pies de plomo y con la intriga de saber si las obras estarán terminadas antes del verano de 2026, el plazo que fija Europa para ceder los famosos fondos Next Generation. Solo una de las diez fincas escogidas está terminada. Hay cuatro que ya tienen las obras en marcha y otras cuatro licitadas. El ejecutivo de Jaume Collboni cierra aquí esta fase, que gusta a los vecinos a pesar de los retrasos constantes, y por ahora apuesta por un modelo de «autogestión» vecinal que no encaja en muchas comunidades.
La prueba piloto se ha quedado en prueba y los nuevos impulsos para regenerar los edificios toman un camino nuevo. El ejecutivo solo facilita, en una segunda fase de la rehabilitación, el proyecto de obra a diez comunidades más que considera prioritarias y a partir de aquí las comunidades que quieren la reforma deben acogerse a la autogestión, un modelo en el que la iniciativa pasa a las comunidades de vecinos. “Excluye directamente a aquellas comunidades con menos cohesión y más vulnerabilidad social”, se queja Teresa Pardo, el alma mater de las comunidades afectadas, durante una ruta con el Tot Barcelona por las zonas afectadas.
El recuento de la plataforma vecinal es nítido: 18 comunidades se han acogido en los últimos meses a la autogestión, pero aún no hay ninguna que haya comenzado las obras. En 9 casos –156 viviendas– los vecinos han conseguido un proyecto, pero han desistido porque ven las obras “inviables”. Y los otros 9 casos –286 viviendas– están pendientes de la respuesta del Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), el órgano que debe validar las ayudas. Pardo mantiene que algunas de estas comunidades con problemas forman parte de la lista de 639 viviendas que, según Collboni, ya están trabajando en un proyecto de reforma. El alcalde también ha insinuado que prepara un «salto de escala» en el Besòs de cara al próximo mandato, pero los vecinos piden concreción y sobre todo certezas.
“Muchas comunidades han desistido de iniciar el proceso de reforma por su complejidad y porque es inviable la cantidad económica que se pide para comenzar los trámites de solicitud”, apunta Pardo. El Ayuntamiento ha incorporado una figura de asesoría y ha firmado un acuerdo con el gremio de constructores para “facilitar empresas que puedan hacer la gestión” de la rehabilitación, pero los afectados insisten, aludiendo a los datos anteriores, que el modelo “no funciona”. Pardo argumenta que, más allá de las ayudas, que de hacerse las obras dentro del plazo y en la forma adecuada continuarían estando en el modelo de autogestión, la clave de la prueba piloto es que la administración asume la gestión de la rehabilitación. El nuevo modelo no solo obliga a los vecinos a tomar la iniciativa sino que también les pide un aval bancario.
Pisos apuntalados y tres vecinos desalojados
El caso de la calle de Catània es ejemplificador. Juan Amaya fue desalojado de casa en noviembre de 2024 –junto con su esposa y un hermano con discapacidad– después de una intervención de los Bomberos por una fuga de agua. Su piso tiene “riesgo de colapso parcial o total del techo de diferentes estancias”, según el informe de los Bomberos, y está apuntalado con 13 vigas de hierro. Desde entonces vive en una pensión gracias a un acuerdo con servicios sociales que debe renovar mes a mes. El presidente de la escalera, Rafael Ortega, que acompaña al Tot Barcelona en la visita al piso desalojado, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, que en una carta les recomienda apuntarse a la autogestión. La vía de la “licitación y adjudicación de las obras” por parte de la administración “requiere un diagnóstico y evaluación previa para poder ver el nivel de priorización y acompañamiento de la comunidad; también requiere una aprobación previa de toda una serie de instrumentos de gestión urbanística, que alarga mucho los plazos de ejecución”, les argumenta la carta.
El ejecutivo ha apuntado públicamente que una reforma integral como la que urge en el Besòs necesita mínimo cuatro mandatos para ejecutarse por completo; el piso de Juan, según el último diagnóstico municipal, no entra en este mandato. La opción alternativa, por tanto, es la autogestión. “Esta opción es la más rápida y los plazos de ejecución dependen de la capacidad de la comunidad de encontrar un técnico y una empresa para poder hacerlo efectivo”, dice la carta. Amaya recuerda que no quiere una indemnización, simplemente que le arreglen su casa. Y explica que ha adelgazado 20 kilos desde el desalojo y que tanto él como su esposa han sido diagnosticados con diferentes episodios de ansiedad. Ortega también es claro: “No hay dinero. Aquí vive mucha gente vulnerable y otros que son pensionistas, que apenas tienen 800 euros mensuales. La cuota de la comunidad es de 12 euros y hay gente que no la paga. ¿Cómo quieres que un banco nos dé un préstamo en estas condiciones?”.
La mitad de las comunidades han desistido
Los vecinos de Catània, donde viven Juan y Rafael, aún no han iniciado los trámites para conseguir las ayudas, conscientes de que deben adelantar un dinero que no tienen. De la veintena de fincas que sí lo han intentado, por ahora hay nueve que ya han desistido. En la calle de Tassàlia, una comunidad que también presenta medidas cautelares ve “muy complejo” esta opción. “Nos piden que las obras estén terminadas en junio de 2026 [porque si no se pierde la financiación europea] y es muy difícil encontrar una constructora que acepte estas fechas. También es difícil encontrar un arquitecto que te redacte el proyecto sin cobrarte por adelantado, y después tienes que poner de acuerdo a toda la comunidad. Al final no pedimos presupuesto porque no llegábamos a tiempo”, resume Maria Gutiérrez, presidenta de Tessàlia, 2. Esta vecina ve el modelo de autogestión como “maquillaje político” para hacer ver que “nos subvencionan las obras”, pero que “el gobierno ya sabía que sería casi imposible”.
Más optimistas son en la calle de Croya, 4, que sí han iniciado los trámites. El presidente de la escalera, Carlos Cieza, ha logrado sacar adelante el proyecto de obra, pero reconoce que “no ha salido gratis”. Los vecinos han pagado unos 5.000 euros solo en esta primera fase –redacción del proyecto– y ha encontrado las dificultades burocráticas en la segunda, de ejecución de las obras. En su caso, la constructora hizo una “mala planificación de los costos” y en un intento de encontrar una nueva se toparon con las “dificultades del calendario”. “Es ridículo, porque los Fondos Next Generation solo representan el 10 o el 20% de la ayuda, el resto lo pone la administración. ¿Por qué tienes que parar la ayuda porque no llegas a tiempo a cobrar una parte tan pequeña de la subvención?”, se pregunta Cieza. El vecino aún negocia con el Institut Municipal d’Urbanisme una solución, como partir las obras en dos para poder ejecutar a tiempo la parte financiada por los Next Generation, que solo subvencionan problemas de sostenibilidad concentrados en la fachada. La ayuda europea no subvenciona las obras en la estructura del edificio.
A pesar de tener los trámites más avanzados, tal como ocurre en otras comunidades, en la calle de Croya también se encuentran con un mismo problema, económico, “un pez que se muerde la cola”, explica Cieza. “El banco, para conseguir el aval, nos pide que el Ayuntamiento nos subvencione el 80% del proyecto, pero para poder recibir la subvención tenemos que poder justificar que las obras terminarán en junio de 2026”, resume el vecino. Una fecha, recuerda él también, que las constructoras no ven viable. En su caso, cree que los problemas de la autogestión se amplifican porque el IMU “no ha explicado claramente el procedimiento”, pero matiza que vería bien el modelo “si tuviéramos más margen” para ejecutarlo. El vecino admite, eso sí, que su comunidad no es como otras. “Dentro de una comunidad puede haber morosos. Nosotros tenemos ahorrados 25.000 euros entre todos los vecinos por si tenemos que hacer frente a esto. El banco no te dará el dinero si no hay garantías. Sabiendo esto, ¿cómo pretendes que otros bloques más vulnerables adelanten dinero?”, sentencia.
