La lucha del Bloc Sant Agustí se ha erigido en la nueva bandera de la lucha vecinal en la capital de Barcelona. El aplazamiento de la ejecución del desalojo del vecino del bloque ha llegado después de que el Gobierno haya tomado partido por los vecinos y haya mostrado su oposición al desalojo de los vecinos de la calle. A través de una publicación en la red social X -antes conocida como Twitter- el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que desde el ejecutivo catalán se han «activado todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos» y ha asegurado que el Gobierno no permitirá «actuaciones abusivas» contra el derecho de los vecinos a vivir en su barrio en ninguna ciudad de Cataluña.
«Desde el Gobierno estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa. Hemos activado todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos», ha afirmado el presidente catalán.
Ens oposem frontalment al desnonament dels veïns del carrer Sant Agustí del barri de Gràcia. A cap ciutat de Catalunya permetrem actuacions abusives en contra del dret dels veïns i veïnes a viure al seu barri. Des del Govern estem actuant contra iniciatives il·legals de la…
— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) March 25, 2026
El ejecutivo catalán abrirá un expediente a la propiedad al detectar posible incumplimiento de la normativa
En una entrevista realizada en RAC1 y recogida por la ACN la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado que el pasado martes se realizó una inspección en el Bloc Sant Agustí y se detectó que «puede haber incumplimiento de la normativa». Ante esto, la consejera destaca que se iniciarán los expedientes de las 23 viviendas del bloque y podría detectarse una falta grave que, según el régimen sancionador, podría acabar desembocando en una multa de 90.000 euros como importe mínimo por cada una de las viviendas. Durante la inspección el Gobierno pudo detectar que el precio de la suma de las habitaciones supera el tope de alquiler de la vivienda, un hecho que incumple la ley aprobada por el Parlamento a finales de 2025.
La consejera ha destacado que el Gobierno «puede hacer lo que puede hacer» ante una comitiva judicial pero apela a un entendimiento entre la propiedad y los vecinos, ya que «pensamos que este tipo de prácticas no solo incumplen la ley sino que no son bienvenidas en Cataluña. El síndico de Barcelona quiere mediar en esta situación y sería bueno que hubiera margen de negociación con la empresa propietaria».
