La Generalitat ha anunciado que rehabilitará el histórico edificio de Torre Muñoz, en el número 105 del paseo de Gracia de Barcelona para instalar allí una gran Oficina de Atención Ciudadana (OAC) y trasladar allí la sede de cinco organismos públicos. Según ha informado el Departamento de Economía y Finanzas, se necesitará una inversión de 26,7 millones de euros para acondicionar el edificio, pero calcula que la operación generará un ahorro bruto de 75 millones de euros en los próximos 20 años por la concentración de sedes.
Es una operación similar a la compra de un edificio del 22@ por parte del Ayuntamiento de Barcelona para trasladar allí servicios municipales. La decisión revierte la política de anteriores gobiernos, que habían apostado por alejar del centro de la ciudad los edificios administrativos de la Generalitat. En 2020 se inició el traslado de 2.400 funcionarios de varios departamentos al llamado distrito administrativo de la Zona Franca. En 2023 se aprobó la compra de la mayoría de oficinas de la torre que se construye junto al recinto Gran Via de la Fira de Barcelona.
Las cinco entidades que se trasladarán a la Torre Muñoz y dejarán de pagar alquiler son el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), la Oficina Antifraude de Catalunya (OAFC), la Comisión Jurídica Asesora (CJA), la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y el Centro de Estudios de Opinión (CEO). En la planta baja se ubicará la Oficina de Atención Ciudadana, que será la más grande de Cataluña con 800 metros cuadrados, 25 informadores y cinco agentes digitales que podrán gestionar 100.000 trámites anuales.
Operación a largo plazo
La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, el director general del Patrimonio de la Generalitat de Catalunya, Jonatan Ferreras, el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital del departamento de la Presidencia, Albert Tort, y los máximos representantes de las cinco entidades se reunieron el viernes para firmar los convenios para el traslado de las sedes. El Gobierno calcula que las obras de rehabilitación terminarán en 2030 y ese mismo año se podrá realizar el traslado. En total trabajarán unas 300 personas.
La Torre Muñoz es propiedad de la Generalitat desde 1981. En 2015, el Gobierno de Artur Mas autorizó la venta del edificio y de la sede de Trabajo por 63 millones a la firma israelí Nadlan BCN. Era una operación pensada para sanear las cuentas de la Generalitat, muy afectadas por la crisis, a través de la venta de patrimonio. Pero la empresa solo pagó una parte y la Generalitat canceló la venta pocos meses después. En 2021 el Tribunal Supremo le dio la razón y se anuló la venta. Ahora es necesario rehabilitar el edificio para que se le pueda dar un nuevo uso.
