El primer intento de los Comuns en el gobierno municipal para impulsar la prohibición de las compras especulativas, condición que los de Janet Sanz han puesto sobre la mesa para aprobar el presupuesto, ha encontrado una declaración de intenciones del ejecutivo clara en el contenido, pero reservada en las formas. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha dejado claro que “el diagnóstico es compartido”, pero ha avisado que deben trabajar la regulación “con rigor técnico, seguridad jurídica y con los aliados que sean necesarios”.
El ejecutivo ha votado a favor de la proposición de los Comuns, que previamente han defendido que nuevos informes expuestos en el marco del Plan Estratégico Metropolitano avalan la medida, que BComú quiere activar desde la administración local. “Está todo estudiado y analizado, el marco jurídico nos lo permite, y debemos ser valientes”, ha defendido Sanz, poniendo de ejemplo la regulación de hoteles que el ejecutivo de Ada Colau lideró en el centro de la ciudad. “Necesitamos un plan urbanístico, como se hizo con el PEUAT, que también nos decían que no se podía. Ahora es lo mismo, en seis meses se puede prohibir la compra especulativa si hay voluntad política”, ha afirmado.
Debate sobre la seguridad jurídica de la medida
Laia Bonet, que en esta ocasión no ha dejado escapar ningún indicio de crispación ni crítica a los Comuns en su intervención, ha afirmado que estudiarán el informe técnico que ha expuesto la formación de Sanz, pero ha pedido “hacerlo bien” para que los tribunales “no rechacen la medida”. De esta manera, el PSC vuelve a hablar de “seguridad jurídica” para distanciarse de los Comuns, a quienes los socialistas –y otros grupos– han acusado en más de una ocasión de no actuar con esta responsabilidad.
En esta ocasión, ha sido ERC quien ha sentenciado, a pesar de votar a favor, la propuesta de los Comuns. “El instrumento que nos proponen no tiene base legal”, ha dicho Eva Baró. La republicana ha defendido su “voto escéptico” remarcando la necesidad de frenar a los especuladores en la ciudad, pero ha pedido impulsar la regulación con una “fortaleza legal y jurídica” que el Ayuntamiento “no tiene por sí solo”.
En este sentido, ERC –y el PSC de manera menos vehemente– ha situado la pelota en el tejado del Parlamento. “Habría que modificar, entre otras, la ley de urbanismo de Cataluña”, ha apuntado Baró basándose en las conclusiones del mismo informe al que hacía referencia Sanz. La presidenta de BComú le ha respondido que el grupo parlamentario de los Comuns “ya ha registrado una iniciativa legislativa en el Parlamento”. Mientras ERC ha acusado a BComú de “querer empezar la casa por el tejado”, Sanz ha defendido que, si no se hubieran hecho bien las cosas, “ni habría 30% ni PEUAT” ahora mismo en la ciudad.
Junts critica los efectos del 30%
La prohibición de las compras especulativas no ha obtenido el aval, como era de esperar, de Junts, PP y Vox, con una política de vivienda contraria a la de los Comuns. El concejal de Junts Damià Calvet ha citado la ley de regulación de los alquileres, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en Madrid, como una de las responsables de los problemas “devastadores” que han aparecido en el mercado residencial en los últimos años. “No se detuvieron a mirar las causas de la limitación de precios, como yo es la falta de oferta que han provocado, ustedes mismos, con el 30%”, ha manifestado. Junts y PSC negociaron una modificación de la medida, pero rompieron la negociación antes del verano pasado.
El PP y Vox también han criticado la ley, en este caso, sumándose al debate sobre la falta de seguridad jurídica. Los populares han sacado a la luz algunos reveses judiciales que ha habido contra la obra de Colau y han asegurado que las políticas de vivienda de los Comuns, también la prohibición de compras especulativas, consiguen que Barcelona “sea una ciudad cara, cerrada e inaccesible”.
