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El colapso de los pisos de emergencia social: 749 vecinos en lista de espera

La lista de espera para acceder a los pisos de emergencia social de Barcelona está totalmente colapsada. La situación lleva años en pie, pero lejos de reducirse, en 2025 las cifras han aumentado claramente y este pasado julio 749 vecinos esperaban una vivienda de emergencia social en la ciudad. Se trata de ciudadanos o familias -en situación de vulnerabilidad o ante la posibilidad de perder de manera inminente el lugar donde viven- a los cuales ya se les ha aprobado el expediente y están a la espera de que se les adjudique un piso. Si se cuantifican los expedientes que se están tramitando y los nuevos que entraron en julio, a la cantidad anterior hay que sumar 789 más. En el momento de publicar esta información, el Ayuntamiento no había atendido los requisitos informativos de este medio.

Los datos de la Mesa de Emergencias Sociales de Barcelona, con 749 personas con el expediente aprobado pendiente de que se les adjudique un piso / Consorci de l’Habitatge

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona, un ente público creado al amparo de la Carta Municipal del cual forman parte la Generalitat y el Ayuntamiento, es quien se encarga de gestionar los pisos de emergencia a través de la Mesa de Emergencias Sociales de Barcelona. Con los socialistas gobernando a ambos lados de la plaça de Sant Jaume, la lista de espera no se ha reducido. Cuando Jaume Collboni fue nombrado alcalde, en junio de 2023, esperaban una vivienda de emergencia 718 personas o unidades familiares. Ahora son 749. El balance tampoco es muy positivo para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Tomó posesión del cargo en agosto de 2024 y en doce meses la entrega de los pisos de emergencia social en la capital de Catalunya ha crecido notablemente, pasando de 673 casos en septiembre del año pasado a los 749 de julio de este año. Desde que Collboni está al frente del Ayuntamiento, la cifra más baja de ciudadanos pendientes de recibir una vivienda de emergencia social fue en octubre pasado, 667. En el momento de publicar esta información, el Ayuntamiento no había respondido a los requisitos informativos de este medio.

Fachada del edificio de 68 viviendas, 32 de ellas destinadas al Ayuntam
Viviendas sociales de la calle de Cal Cisó, en el distrito de Sants-Montjuïc / Benito Cabeza

La cifra más alta de la última década

Desde el otoño pasado, estas cantidades han ido en aumento. En noviembre de 2024 esperaban una vivienda de emergencia 680 vecinos; en diciembre, 682; en enero de 2025, 689; en febrero, 702; en marzo, 710; en abril, 727, en mayo, 743, y en junio, 747. La cifra de 749 de julio es la más alta desde octubre de 2015, según los datos que se pueden consultar en la página web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, cuando solo eran 15 los ciudadanos con el expediente aprobado pendientes de que se les adjudicara un piso de emergencia.

En diciembre de 2016, la lista de espera se incrementó hasta los 57 casos. En diciembre de 2017 eran 232. Un año después, en diciembre de 2018, la cifra casi se duplicó, llegando a los 442. A finales de 2019, la lista se incrementó hasta las 598 personas. En diciembre de 2020, en plena pandemia, se redujo a los 567 casos. En diciembre de 2021, el incremento se disparó hasta los 668 expedientes valorados favorablemente para adjudicarles un piso. En diciembre, la cifra no cambió mucho y eran 671 los ciudadanos en lista de espera. Y a finales de 2023, esperaban una vivienda de emergencia social 701 vecinos. Entre 2015 y 2023, la alcaldesa de Barcelona fue Ada Colau (Barcelona en Comú) y los presidentes de la Generalitat hasta llegar a Illa han sido Artur Mas (CiU), Carles Puigdemont (Junts pel Sí), Quim Torra (Junts per Catalunya) y Pere Aragonès (ERC).

La nueva promoción de vivienda pública que el Ayuntamiento ha impulsado en el Besòs / Ayuntamiento de Barcelona
Una promoción de vivienda pública que el Ayuntamiento ha impulsado en el Besòs / Ayuntamiento de Barcelona

ERC pide potenciar la Bolsa de Vivienda y el alquiler social público

Fuentes de ERC en el Ayuntamiento subrayan que los 789 expedientes que había en julio son la cifra más alta registrada desde 2015. «En 2019 estábamos alrededor de los 500, y desde entonces la cifra no ha parado de crecer. Esto demuestra que ni el gobierno anterior ni el actual han sabido dar respuesta», dicen en referencia a los gobiernos locales. Los republicanos opinan que hay que potenciar la Bolsa de Vivienda, «ofreciendo garantías a los propietarios que quieren poner su piso en alquiler social. Cada vez se lo ponen más difícil, con trámites burocráticos engorrosos y con un Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona que cuenta con un personal excepcional, pero absolutamente sobresaturado». Recientemente, el TOT ha informado del caso de una propietaria que ha querido recuperar el piso que había alquilado a través de la Bolsa de Vivienda y ha acabado en los tribunales porque los inquilinos se han atrincherado en la casa y el Ayuntamiento es incapaz de resolver la situación.

En opinión del grupo que en el Ayuntamiento encabeza Elisenda Alamany, el gobierno municipal apuesta por ceder más terrenos a los privados para construir vivienda social, pero la verdadera solución demanda apostar firmemente por el alquiler social público. «Es la única vía que puede dar respuesta a los casos de la Mesa de Emergencia. Aún hoy el Ayuntamiento envía familias enteras a pensiones, rompiendo su red de apoyo e impidiéndoles acceder al hogar que necesitan para salir de la vulnerabilidad. Esta debería ser la prioridad, pero no lo ha sido ni lo es ahora. Es necesario un cambio de rumbo».

«Es la punta del iceberg» del problema de la vivienda

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), su presidente, Miquel Borràs, sostiene que esto solo «es la punta del iceberg» del problema de la vivienda. «Si asociamos estos datos al número de desahucios ejecutados, a la cantidad de dinero que gasta el Ayuntamiento en pensiones para recolocar ciudadanos y al aumento de personas sin techo en nuestra ciudad, veremos que las administraciones (no solo el Ayuntamiento) han subestimado este problema durante años. Forma parte de un problema más grande que sigue creciendo: la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada a los recursos económicos reales de la población». Según la FAVB, este problema tiene múltiples consecuencias para toda la ciudadanía. «Son jóvenes que no podrán formarse, adultos que no podrán mantener un trabajo y tendrán que buscarse la vida como puedan o personas mayores que empeorarán su salud física y mental. En conjunto, degrada las condiciones de convivencia en todos los barrios».

«Una crisis de especulación consentida»

Este pasado junio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la cual Colau fue portavoz antes de entrar en política, levantó la voz por la situación de “colapso” de la Mesa de Emergencia Social. En ese momento, la lista de espera era de 743 ciudadanos, tomando como referencia las cifras del mes de mayo. «Este dato brutal evidencia la cruda realidad de una ciudad que sigue sin garantizar un derecho básico: el derecho a un techo», dijo la PAH. Y aseguraba que era «la consecuencia directa de unas decisiones políticas que están favoreciendo el negocio de unos pocos a costa de los derechos de la mayoría». La PAH culpaba de la cronificación de la Mesa de Emergencia al Ayuntamiento porque «no aplica con la contundencia necesaria» la ley 24/2015, aprobada por el Parlament de Catalunya, «de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética». Según la entidad, la ley permite movilizar viviendas vacías de grandes tenedores y ampliar de manera inmediata el parque de alquiler social. «La raíz del problema: no es una crisis de vivienda, es una crisis de especulación consentida«, afirmaba la PAH.

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